Los problemas que plantea la propuesta del nuevo gobierno central de reformar el Código Penal de forma que sea considerado agresión sexual siempre que la mujer no diga expresamente que «sí» son múltiples y, sobre todo, las causas de fondo del asunto no se afrontan.
De entrada, estamos ante un claro ejemplo de legislación precipitada, ya que la comisión de 28 expertos encargada de revisar la regulación de los delitos sexuales aún no ha emitido ningún informe.
Además, plantea serias dudas por la falta de garantías procesales y ataca la presunción de inocencia, dado que el acusado deberá probar su inocencia en lugar de ser la acusación quien pruebe el delito. El objetivo, según declaraciones de la vicepresidenta del gobierno Carmen Calvo, es que la existencia de estos delitos no dependa de la interpretación de los jueces. Afirmación populista e inquietante, que pone en crisis todo lo que es el proceso judicial en el ámbito penal.
Una cosa es que las relaciones tengan que ser consentidas, y que se penalicen los abusos o agresiones sin consentimiento, y el otro que se exija al acusado que acredite el «sí» expreso del consentimiento.
El problema de esta medida y de otras por el estilo es que se actúa sobre las consecuencias y no sobre las causas:
- El modelo de ocio nocturno con consumo de alcohol y drogas a edades cada vez más jóvenes.
- La educación que se hace a adolescentes y jóvenes de la sexualidad como algo meramente para ser disfrutado según lo que se desea en cada momento, y el desprecio a todo lo que tenga que ver con los valores de la contención o de la abstinencia sexual como mínimo hasta la mayoría de edad.
- La progresiva adopción por las mujeres del modelo masculino de sexualidad, en que se contempla el placer sexual como objetivo, y no la sexualidad como lenguaje de expresión de un amor verdadero.