Veía hace unos días un envío por WhatsApp que decía:
Seremos un gran país el día que la gente entienda que para ganar dinero hay que trabajar.
Verdaderamente me dejó perplejo y a la vez muy contento, pues existe aún mucha gente que conserva el sentido común y ven la realidad política y social en que está sumida nuestra nación.
Es insólito y a la vez indignante como nuestros representantes políticos, en vez de estar unidos y trabajar juntos por los ciudadanos, con el fin de que todos podamos llevar a nuestras casas el pan diario, actúen de forma ilógica e irracional, para condecorarse ellos mismos y sus partidos con medidas absurdas y electoralistas con el único objetivo de perpetuarse en sus poltronas y que no les falte sus buenas pagas y dietas, el máximo tiempo.
Llevamos unos años que los que nos lideran, poseen poca formación y hacen uso de infinidad de asesores, 1.212 en los tres primeros meses del año, con un gasto en nóminas de 17 millones y medio de euros, para colmo de estos asesores 532 son solo para la presidencia del gobierno, con el agravante que de esa cantidad,177 tienen una titulación de graduado escolar.
¿Cuándo vamos a tener políticos bien formados para que puedan dirigirnos con coherencia y justicia? ¿Por qué tanto gasto innecesario para dejar al pueblo en la máxima pobreza?
La pandemia del coronavirus, según el informe elaborado por Cáritas y la fundación Foessa, ha hecho que en la sociedad española once millones de personas estén en situación de exclusión social y, seis ya en situación de pobreza dura, dos millones y medio más con respecto al año 2018.
La política al servicio del ciudadano carece de veracidad.
Debemos hallar de nuevo la honestidad como reto de gozo, así encontraremos la libertad para difundirla a los demás. Exijamos que no nos den limosnas, ni migajas, que nos faciliten trabajo y dignidad para desarrollarlo. Hagamos uso de las subvenciones para los que ciertamente lo precisen, es terriblemente destructivo para un país mantener miles de personas subvencionadas y no crear riqueza para aportar bienestar a nuestra nación.
Hay que reducir gasto público, la deuda pública de España continúa creciendo, llegando a la cifra nunca vista de 1,43 billones de euros en junio. La seguridad social está en quiebra cien mil millones de euros y las autonomías siguen aumentando su deuda. Tenemos tres millones empleados públicos, 43% paro juvenil, quinientas mil personas en ERTE, con escasísimas posibilidades de volver al trabajo, subvenciones por doquier a sindicatos, entidades, asociaciones etc. sin control y no olvidemos el excesivo gasto de los sueldos de nuestros políticos, mencionado anteriormente.
¿Dejamos ahorcados con nuestras deudas a nuestros hijos y nietos? ¿Y mientras ahítos de impuestos para el resto de sus vidas?
Quejarnos incesantemente de la inseguridad y los problemas no es motivo para quedarnos despreocupados, porque los inconvenientes siempre existirán. Hay que reaccionar ante tanto atropello, despilfarro y corrupción. Seamos humildes y justos, administrando bien nuestro dinero, que es de todos los españoles, de nuestros impuestos y, velemos juntos por la prosperidad de todos y no la de unos pocos.
El resentimiento y la represaliahan de eliminarsetotalmenteen esta sociedad agitada y manipulada. Descubramosde nuevola honestidad como reto de complacencia,con el fin de alcanzar la libertad ydifundirla a los demás. Impulsemos e irradiemos constantemente lo bueno y justo en nuestro entorno.
Debemos hallar de nuevo la honestidad como reto de gozo, así encontraremos la libertad para difundirla a los demá Share on X
1 Comentario. Dejar nuevo
El problema del endeudamiento público extremo es ciertamente grave. Ahora bien, cuando se habla de reducir el gasto público ocurre siempre lo mismo: se ahorra en sanidad, servicios sociales, medio ambiente, cultura, pensiones, educación… Es decir, en lo más urgente e imprescindible para el ciudadano. Igual sucede con las reducciones de impuestos, que casi siempre benefician a quienes más tienen. En verdad, los impuestos verdaderamente agobiantes e injustos son los gravámenes al consumo de bienes de primera necesidad, como por ejemplo alimentos básicos, higiene, transporte público, electricidad o material escolar, pues cuanto menor es el poder adquisitivo del ciudadano, tanto mayor es la proporción de sus ingresos que debe gastar en estos productos. Importantísimo es, como bien se señala en el artículo, evitar gastos inútiles, derroches sin sentido, favoritismos que no son otra cosa que corrupción legalizada. Por otra parte, no sólo el estado es responsable de la carencia de empleo y de la situación actual. Muchísimos inversores piensan sólo en rentabilidad alta y rápida. Para reducir costes salariales o impuestos, no tienen ningún escrúpulo en destruir empleo o hundir los salarios trasladando la producción a países del tercer mundo, donde las condiciones laborales son indignas, substituyendo sin clemencia a personas por máquinas o propiciando la inmigración de mano de obra barata. Las víctimas de esta situación acaban malviviendo de subvenciones y subsidios por medio de los cuales los demagogos los extorsionan y les compran el voto. Por si esto no bastara, se incita a quien puede (o a quien cree poder) y a veces hasta casi se obliga al ciudadano contra su propia voluntad (¡intente Ud. vivir sin teléfono móvil!) a gastar el dinero productos superfluos. Sólo podemos romper este círculo vicioso cambiando nosotros mismos, modificando nuestras prioridades (lo que conlleva sacrificios) y resistiendo y oponiéndonos, cada uno como mejor pueda, a este estado de cosas.