Lo que estamos presenciando hoy con la resignificación del Valle de los Caídos no es solo un ajuste simbólico o una medida política más: es un ataque directo a la memoria colectiva, a la libertad religiosa y, sobre todo, a la reconciliación de todos los españoles.
La resignificación del Valle de los Caídos, orquestada por el gobierno socialista, no tiene otro fin que la eliminación de un símbolo de unidad, un lugar de fe, y su reemplazo por un espacio despojado de su significado original, vaciado de su alma cristiana y de su profunda carga histórica. En lugar de buscar una verdadera reconciliación, se está convirtiendo este lugar sagrado en un campo de reeducación ideológica, un espacio donde solo se permite un relato único, mentiroso y excluyente.
La verdadera persecución
La cruz monumental de 150 metros, visible desde kilómetros, ha sido un símbolo de reconciliación para todos los españoles, tanto para los caídos del bando republicano como para los del bando nacional. Este símbolo fue creado con la intención de ser un recordatorio de la necesidad de unidad, no un centro ideológico donde la única visión histórica aceptable es la impuesta por el poder.
La verdadera persecución que está ocurriendo no es solo la de reescribir la historia, sino la de despojar al Valle de su esencia religiosa.
Desde su fundación, el Valle ha sido un lugar sagrado, no solo por la importancia histórica de los restos que alberga, sino también por la función espiritual que ha cumplido, encomendando a los monjes benedictinos la oración constante por los caídos, sin distinción de bando.
Los monjes rezan todos los días, por cada uno de los 33.000 combatientes que descansan allí, por los muertos de ambos bandos, abrazados por los brazos extendidos de la cruz.
Este gobierno socialista no solo está despojando al Valle de su relevancia histórica y espiritual, está expulsando a los monjes benedictinos que han mantenido viva esa tradición.
La secularización de la basílica y la expulsión de la comunidad religiosa son la culminación de un proyecto que persigue borrar la huella de la fe cristiana de la historia de España.
La intervención en el Valle es una ofensa a la libertad religiosa, una persecución con pretexto de corrección política. Y esto no es algo aislado: es parte de una estrategia más amplia para despojar a la Iglesia de su influencia y su presencia en la vida pública.
Cristianofobia
La verdadera cristianofobia que está llevando a cabo este gobierno se ve reflejada en su ataque constante a la Iglesia y a la libertad religiosa en todas sus facetas.
La Ley de Regulación de la Eutanasia, que impone una visión del derecho a la vida contraria a los principios cristianos, y la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que elimina la libertad de los padres sobre la educación moral y sexual de sus hijos, son solo ejemplos de un sistema legal que excluye las creencias religiosas de la vida pública.
Asimismo, leyes como la Ley de Memoria Democrática y la Ley Trans y de Derechos LGTBI buscan imponer una única visión ideológica, eliminando cualquier referencia a la historia cristiana o la visión de la familia.
La Reforma de la Ley del Aborto y la Ley Orgánica para penalizar a quien defienda la vida en las puertas de los centros de abortos son también ejemplos de cómo el gobierno busca anular la objeción de conciencia y reducir a la Iglesia al silencio en cuestiones fundamentales de la ética y la moral.
La Ley de Educación (LOMLOE o «Ley Celaá») busca eliminar cualquier posibilidad de que los niños reciban una educación basada en principios cristianos. La Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación y la Ley de Protección y Derechos de los Animales parecen avanzar en causas legítimas, pero ocultan detrás de ellas un proceso sistemático de laicización que margina los valores cristianos.
Las reformas legales, las acciones contra la Iglesia y las políticas que buscan redefinir la historia y el legado cultural de España, son los pilares de una agenda que atenta contra la libertad, los derechos humanos y la verdadera reconciliación.
Está en juego la libertad de los ciudadanos
La Iglesia Católica, Esposa de Cristo y Madre nuestra tiene como misión anunciar la verdad revelada y no someterla a los intereses de los gobiernos o a los caprichos de la política.
No debe ni puede plantearse un debate para un posible acuerdo de resignificación con el gobierno socialista y sus tintes totalitarios.
Negociar con aquellos que pretenden cambiar la esencia misma del Valle de los Caídos y su profundo mensaje misericordia y reconciliación es traicionar la misión divina de la Iglesia, que siempre ha defendido la verdad, la libertad religiosa y la unidad de los pueblos bajo la gracia de Dios.
El cierre del Valle de los Caídos o la expulsión de los benedictinos no es solo una cuestión de ideología política, es un asalto al patrimonio cultural y religioso de España.
Lo que está en juego no es solo un monumento, es la libertad de los ciudadanos para recordar su historia tal como es.
El Valle de los Caídos con la cruz más alta del mundo debe seguir siendo un símbolo de unidad, y no ser destruida por la intolerancia de un gobierno Cristofóbico.
Lo que está en juego no es solo un monumento, es la libertad de los ciudadanos para recordar su historia tal como es Compartir en X
