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Un estado que nos alarma: rendición de cuentas y libro blanco

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Este miércoles 6 de mayo volverá a debatirse en el Congreso una nueva prórroga del estado de alarma, con un resultado previsiblemente afirmativo, porque bastan más síes que noes para aprobarlo y es previsible que el PP se abstenga, pero no que vote en contra.

Con independencia del resultado, afirmamos que ha llegado el momento de empezar a emitir un juicio ponderado sobre la acción de gobierno, porque sin él no hay posibilidad de que se rectifiquen los graves errores que han convertido a España en el país con más muertos en relación a su población, a igualdad de criterios de cómputo.

Este hecho sumamente grave enmarca toda la acción de gobierno y debe ser analizado con luz y taquígrafos, de lo contrario se estaría trivializando la vida humana. No son de recibo las explicaciones, justificaciones más bien, de la elevada edad de los españoles, que nos sirvió el presidente del gobierno, como si Japón, o el mismo Portugal, o Grecia, casos claros de éxito, fueran países exultantes de juventud; o el turismo. No, se ha de entrar a fondo en lo sucedido, porque además en pleno estado de alarma subsisten graves deficiencias

¿Cómo es posible que continúe el déficit abrumador de test de contagio, y que al mismo tiempo una empresa española los esté exportando? ¿Cómo es posible que todo un cuerpo de policía, el de Cataluña, esté las tres últimas semanas sin practicar una sola prueba, y tenga a mil efectivos, incluido el máximo responsable uniformado -que no el político- aislados en sus casas por ser sospechosos de ser portadores del virus, sin poder verificarlo?

Sin duda una de las causas que explican la mayor mortalidad ha sido la tragedia de las residencias, que en último término y bajo el estado de alarma, tenían como máxima autoridad a Pablo Iglesias., y también el trato recibido por las personas mayores en los hospitales sin acceso, en demasiados casos, a la UCI, como muestran los datos. Concretar la cadena de acontecimientos y responsabilidades para que se llegara a este final es una necesidad.

¿Como es posible que se privara a los familiares más próximos al acompañamiento final a quienes morían, solos y aislados, una muerte terrible porque se añadía al sufrimiento físico, el del aislamiento radical? ¿Quiénes son los responsables de todo esto, y por qué no arbitraron medidas paliativas? ¿Por qué se podía salir a pasear al perro, pero no acudir a orar a una Iglesia, y al mismo tiempo se consideraba el aborto como una práctica de primera necesidad?

Esto nos conduce a una conclusión: El estado de alarma ha tenido un contenido desviado por la ideología del gobierno. No ha sido pensado desde la totalidad de los españoles, sino desde la visión ideológica en el sentido más peyorativo del término de la coalición de Sánchez e Iglesias.

Y esto se constata con la tramitación sigilosa de la ley de la eutanasia en el Congreso. En una pandemia que nos ha llenado de muertos quieren aprobar una ley para matar, en lugar de otras que ayuden a vivir, como la de disponer de una red de prevención y detección de infecciones epidémicas. En lugar de concentrar todos los esfuerzos en el mejor retorno a la normalidad, prever una segunda oleada, y favorecer la recuperación económica, el Congreso tramita una ley para facilitar la muerte.

El estado de alarma ha tenido un contenido desviado por la ideología del gobierno. Share on X

Y no solo eso, la ministra Celaá aprovecha el estado de alarma para lanzar una orden sobre educación que vulnera la legislación vigente.

Los mismos que piden unidad y consenso para establecer una nueva prórroga, y que querían unos nuevos pactos de la Moncloa se dedican a empujar su propio carro ideológico mediante acciones de gobierno que exacerban la división. Pero, ¿qué idea tienen de lo que es consensuar? ¿Qué soberbia les ciega el entendimiento, y sobre todo por qué, si han demostrado tan escasas capacidades?

En cualquier caso, una obligación ante los ciudadanos debe cumplirse: el fin del estado de alarma, cuando se produzca, debe llevar aparejado un debate parlamentario que examine su aplicación, llegue a conclusiones y la creación de una comisión específica para estudiar a fondo lo sucedido, que culmine con un libro blanco. Solo a partir de esta revisión a fondo podremos encarar el futuro con garantías.

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