Recientemente han salido a la luz una serie de correos electrónicos que han expuesto un grave atentado ético que involucra a Planned Parenthood y la Universidad de California en San Diego (UCSD).
En estos correos se relatan datos sobre la «recolección de fetos abortados» para propósitos de investigación.
Los correos electrónicos obtenidos, los cuales fueron solicitados por el Centro para el Progreso Médico (CMP) a través de una solicitud de registros públicos, muestran la manera en que se habla de los fetos y los tejidos fetales como si se tratara de pura mercancía.
El New York Post, informa que los fetos, incluyendo aquellos de hasta 23 semanas de edad gestacional, eran tratados como simples «muestras» provenientes de abortos efectivos, en lugar de ser considerados seres humanos con potencial de vida.
Los correos electrónicos
Según un comunicado de prensa del Centro para el Progreso Médico (CMP), las conversaciones por correo electrónico comienzan con un Plan de Investigación con abundantes supresiones presentado a la Junta de Revisión Institucional (IRB) de la UCSD y aprobado en 2018.
Según el documento de (CMP) que puedes consultar aquí,
se recolectarían tejidos de fetos entre las 4 y 23 semanas de edad gestacional provenientes de mujeres que se sometían a interrupciones quirúrgicas de aborto del embarazo en Planned Parenthood de San Diego, incluyendo fetos «viables no anómalos».
Cabe destacar que la mayoría de los bebés sanos nacidos a las 23 semanas pueden sobrevivir con atención médica moderna.
Además, la presentación a la IRB indica que los datos clínicos recolectados incluirían evidencia de actividad cardíaca fetal por ultrasonido inmediatamente antes del procedimiento de dilatación y evacuación.
Se esperaba recolectar muestras fetales de hasta 2.500 pacientes.
En correos electrónicos contemporáneos al Plan de Investigación, un trabajador dedicado a esta «recolección de fetos» menciona que las muestras mayores a 12,5 semanas requerían el uso de un medicamento dilatador administrado tres horas antes del procedimiento, conocido como Cytotec o Misoprostol.
Este medicamento, comúnmente usado en abortos químicos, fuerza las contracciones para inducir el parto.
El uso de altas dosis de Misoprostol sugiere que no se trataba de procedimientos estándar de desmembramiento, sino de abortos de nacimiento parcial o partos completos de bebés prematuros vivos.
David Daleiden, fundador del CMP, señaló que Planned Parenthood utilizaba dosis altas de Misoprostol para dilatar a mujeres cuyos fetos serían recolectados, lo cual indicaba la probabilidad de abortos intactos.
Daleiden acusó a UCSD y Planned Parenthood de prácticas que podrían constituir delitos federales, incluyendo la venta de partes del cuerpo y el aborto por nacimiento parcial.
Otros correos electrónicos indicaron la logística de la «recolección de fetos». En uno de estos, un investigador de UCSD preguntó si los fetos se llevaban al laboratorio para la disección o si esta se realizaba en la clínica. Además, se mencionó la participación de terceros en la coordinación de la «recolección», lo cual ilustra la organización detallada del proceso.
El macabro proyecto
El contrato entre Planned Parenthood y UCSD, denominado «Acuerdo de Transferencia de Materiales Biológicos», estipula que Planned Parenthood retiene los derechos sobre los «materiales patentados», incluidos todos los derechos de propiedad intelectual sobre los tejidos fetales donados.
Las mujeres que decidieron acabar con su embarazo firmaban un consentimiento para donar el feto para fines de investigación, aunque las implicaciones completas del uso de estos tejidos no estaban completamente claras.
La traducción del formulario de consentimiento al español parece ser otro punto de controversia. Según el CMP, el documento en inglés menciona que la sangre, el tejido o sus derivados podrían tener un valor terapéutico o comercial significativo, lo cual estaba ausente en la versión traducida.
Esta omisión podría constituir un acto de discriminación racial, según afirman, ya que implica que a las mujeres hispanohablantes no se les informó completamente sobre el destino potencial del material fetal donado.
Los documentos también dejan claro que, a pesar de que la venta de tejido fetal es ilegal, la donación no lo es.
Sin embargo, el contrato entre UCSD y Planned Parenthood permitía a este último retener los «derechos de propiedad intelectual» relacionados con el tejido fetal.
El tema es tan escandaloso que Daleiden incluso ha alegado que las prácticas de Planned Parenthood y UCSD podían caer bajo la categoría de abortos por nacimiento parcial y venta de partes del cuerpo, lo cual estaría tipificado como delito federal. Además, acusó a estas instituciones de llevar a cabo asesinatos por encargo.
