Una vez más, el Partido Socialista a la hora de gobernar se ha olvidado de la familia. No es ninguna novedad, pero a base de reiterar esta actitud, que discrimina y daña a la institución necesaria de nuestra sociedad, ocurre que el problema se multiplica y agrava. El nuevo Gobierno tiene un ministerio para la transición ecológica y la España vaciada, también aborda el tema de las migraciones desde el ámbito ministerial, y dedica otro a las pensiones, pero cuando se repasan las medidas de Gobierno, no se encuentra nada en beneficio de la familia y de la natalidad. ¿O es que la ecología, el poblamiento y las pensiones, no tienen su última razón en ella, además de muchas otras cosas, que van de la educación a la productividad?
El presidente ha escogido a un técnico acreditado como Como José Luis Escrivá, ahora ya expresidente de Airef, para dirigir el nuevo Ministerio dedicado a la Seguridad Social. Seguramente lo ha elegido porque dentro del rigor es la persona que muestra una solución más optimista para la crisis estructural del sistema público de pensiones. Porque considera que el déficit puede resolverse trasvasando al presupuesto ordinario del Estado el coste de las pensiones no contributivas, y porque considera que la inmigración acabará de hacer el resto. Ante esto se nos ocurre constatar que dicho trasvase lo único que señala es el mantenimiento y aumento del déficit con el paso del tiempo, solo que contabilizado en otra parte, o bien que, seguramente esa es la idea no expresada, la cobertura de todo este agujero se realizará mediante nuevos impuestos. Sobre la inmigración, lo mínimo que hay que decir es que es una salida en falso, porque los salarios de los recién llegados corresponden mayoritariamente a personas de un bajo nivel de cualificación profesional, o en todo caso de baja productividad, y su valor medio resulta inferior al de la pensión media. Asimismo, no puede olvidarse que España continúa siendo un país con una elevada tasa de paro, que afecta sobre todo a las personas con menor formación profesional. Es sobre ellas que la inmigración compite y presiona a la baja los salarios. Todas estas cuestiones requieren para su difícil solución ciertas claves: las políticas para mejorar la productividad y las condiciones en que realizan su actividad las familias. Ninguna de ellas tiene un papel destacado en el programa de Gobierno, y sobre todo la segunda está escandalosamente ausente.
Solo con productividad y familias que puedan tener hijos se asegurarán unas buenas pensiones y el futuro del país. Pero, para ello, es necesaria una profunda revisión de las políticas públicas, que este Gobierno no está decidido a emprender. La cuña fiscal explica bien cuál es el problema expresado en cifras.
Habitualmente se dice, porque es cierto, que España sufre una menor presión fiscal que la media europea. Pero esta afirmación sólo entraña una parte de la verdad: la del cómputo global de los ingresos proporcionados por la fiscalidad, y ahí juegan factores tales como la evasión fiscal legal, el fraude, la baja recaudación en el ámbito de las grandes empresas. Pero la gente que paga impuestos, el “pueblo de IRPF”, paga en unos términos que nada tienen que envidiar a los países europeos.
El mejor instrumento para medir esta realidad es la llamada “cuña fiscal”, que recoge la suma de lo que se paga en el impuesto sobre la renta por el trabajo y las cotizaciones de la empresa y el trabajador a la Seguridad Social. Esto nos da una medida muy interesante, la del coste laboral real, que es una, y la del salario real de consumo, que es la que interesa al trabajador, y que es muy distinta. Los salarios españoles soportan una “cuña fiscal” media del 39,4%. Esto significa que las personas solo ingresan realmente el 60 por ciento de la retribución contabilizada por la empresa. La cifra revela que la “cuña fiscal” que soporta un trabajar medio sin cargas familiares es más de tres puntos superior a la media de la OCDE, que se sitúa en el 36,1%. Pero si medimos dicha cuña cuando existen cargas familiares (por ejemplo, dos hijos), la brecha es aún mayor y alcanza los 7,3 puntos (33,9% en España frente a una media del 26,6% en la OCDE) y esto define la situación de discriminación si la familia se encuentra en España. En los países de Europa y del resto de la OCDE de media la familia se beneficia de casi 10 puntos menos en los pagos, mientras que en España la diferencia es de solo 5,5 puntos, un poco más que la mitad. Ese 2 a1, ese 100% de diferencia marca la diferencia entre España con otros países, y radica en la falta de compensaciones económicas y exacciones que ayuden a esta institución necesaria y socialmente valiosa. Pero, además, las familias con hijos sufren otra discriminación que se añade a esta. Será su descendencia la que contribuirá a que sea posible el pago de las futuras pensiones. Para lograrlo, los padres y las madres sacrifican su renta actual para mantener, cuidar y educar a sus hijos. Naturalmente esto afecta a su capacidad de ahorro, que es menor a igualdad de ingresos que el de aquellas personas que no tienen hijos, y que pueden optar en mucha mayor medida a ahorrar para su futuro y mejorar así la pensión que percibirán, que cada vez resulta más incierta y previsiblemente menguante. La injusticia en esto es radical, porque los beneficiados son quienes no aportan nada para cubrir el futuro, mientras que quienes se ven perjudicados son los que hacen realmente la aportación, que permite que exista el sistema público de pensiones de reparto.
Por lo visto, la idea de progreso (convertida en palabra fetiche que lo explica todo) que tiene Sánchez excluye todo apoyo a la familia, hasta el extremo de que la concepción de los días de cuidado del hijo por parte del hombre no está concebida en el beneficio del niño, sino para mostrar que hombres y mujeres son iguales. Es una perversión del fin del permiso de maternidad y paternidad por razones ideológicas del feminismo de género. Seguramente, en esta visión sectaria de la sociedad, encontraríamos el por qué la familia es el gran olvidado del programa social, económico y fiscal, del Gobierno progresista de Pedro y Pablo.
