La cumbre mundial de entidades y líderes provida, organizada por la Red Política por los Valores, celebrada en el Senado el lunes 2 de diciembre, ha desencadenado una intensa y coordinada reacción mediática, que ha sido notable en su concentración, velocidad de reacción y uniformidad en el argumentario, obedeciendo a una misma consigna central. Los principales medios progresistas han presentado el evento como un ataque a los derechos de las mujeres, enfocado específicamente en la figura de la diputada ugandesa Lucy Akello.
Esta estrategia ha simplificado el mensaje del evento y obviado el contexto más amplio.
Lucy Akello ha sido retratada como el centro de la controversia debido a su vinculación con un país, Uganda, que criminaliza la homosexualidad con leyes extremadamente duras. Este foco mediático parece haberse elegido no por las posiciones de Lucy Akello respecto a la defensa de la vida, sino por su asociación con una legislación homófoba que permite atacar fácilmente al conjunto de participantes de la cumbre, que incluye a más de 90 personalidades de diversos países, tanto de Europa como de América. Así, se pierde de vista la pluralidad y el objetivo principal del encuentro: la defensa del derecho a la vida.
Sin embargo, la indignación selectiva hacia Uganda contrasta fuertemente con el silencio respecto a otros países donde las políticas hacia la homosexualidad son incluso más extremas. En total, 67 países tienen leyes que condenan la homosexualidad, y en seis de ellos, la pena es la muerte: Brunéi, Irán, Mauritania, Nigeria (en algunos estados del norte), Arabia Saudita y Yemen. Arabia Saudita, por ejemplo, mantiene relaciones económicas profundas con España; recientemente, ha pasado a ser accionista de referencia de Telefónica, una empresa estratégica. Sin embargo, no se observa una reacción como la que ha provocado la participación de Akello, a pesar de que la legislación saudí es más extrema y la implicación con España mucho más profunda y delicada.
Parece que ciertas injusticias solo generan rechazo si no van acompañadas de intereses económicos
Como señala George Orwell en Rebelión en la granja: «Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros”. Parece que ciertas injusticias solo generan rechazo si no van acompañadas de intereses económicos. La homofobia con petrodólares no mueve a controversia, pero una diputada de un país pobre de África concita todas las iras del feminismo y la progresía de este país.
En otros cinco países, también podría aplicarse la pena capital, aunque con menos certeza jurídica: Afganistán, Pakistán, Qatar, Somalia y Emiratos Árabes Unidos.
Aquí encontramos otros dos socios españoles de relumbrón y paraíso de algunos de nuestros deportistas: Qatar, sede de tantos eventos deportivos mundiales con la aquiescencia de las respectivas federaciones, la española en primer término, y Emiratos Árabes Unidos. ¿En estos casos las televisiones del régimen —La 1, La Sexta, TV3 y Cuatro— no se acuerdan de que matan homosexuales como en Uganda? ¿Cómo no se acuerda el secretario de Estado para el Deporte y, por tanto, el gobierno más progresista del orbe? Otra vez los petrodólares.
En 26 países, la condena máxima varía entre 10 años de prisión y cadena perpetua, mientras que en otros 31 se castiga con hasta 8 años de prisión. Todos estos países son miembros de Naciones Unidas y mantienen relaciones con España, algunas tan intensas como las apuntadas, y otras, como Irak, con asistencia militar española a lo largo de muchos años. Sin embargo, la progresía y los medios gubernamentales callan y asienten, y las organizaciones feministas y LGBTIQ tampoco parecen cuestionarlo. ¿Y ahora salen con la diputada Akello?
Lo dicho: cinismo y doble moral.
El énfasis en Uganda y Lucy Akello también desvía el debate sobre el aborto, que, al igual que la criminalización de la homosexualidad, está condicionado por narrativas parciales. Se presenta a la mujer que aborta como víctima de circunstancias irremediables, sin destacar que muchas veces es una decisión que se toma en ausencia de alternativas claras. Las ayudas económicas a madres en situación de vulnerabilidad podrían ser una herramienta efectiva para evitar muchos abortos, pero estas han sido sistemáticamente vetadas por el gobierno y las organizaciones feministas, cuya premisa parece ser priorizar el aborto sobre otras alternativas.
Por otro lado, es significativo cómo el feminismo contemporáneo, particularmente en su vertiente más radical, ha avanzado hacia una postura cada vez más excluyente. En el último mitin en Barcelona por el Día Mundial contra la Violencia hacia la Mujer, los hombres no podían acceder, ni siquiera acompañados de sus parejas, a menos que se ubicaran en áreas designadas como «mixtas».
La paradoja radica en cómo estos movimientos, que buscan desafiar al sistema patriarcal, al mismo tiempo parecen contribuir a una fragmentación social que podría tener consecuencias graves. La alienación entre hombres y mujeres, la promoción del aborto como única solución y la falta de autocrítica sobre la doble moral respecto a ciertos países socavan la coherencia y la justicia de sus argumentos.
Como advirtió Edmund Burke: «Para que el mal triunfe, solo se necesita que los buenos no hagan nada». Si no afrontamos estos desafíos con racionalidad y una visión constructiva, corremos el riesgo de debilitar la cohesión de nuestras sociedades y de entregar nuestro futuro a la hipocresía y a la fragmentación.
Ya no es suficiente con condenar a todos los hombres, niños, jóvenes y ancianos, por el hecho de ser hombres, sino que empuja a un enfrentamiento político e ideológico con ellos, y de esta manera se celebra que la generación Z sea feministas radicales inclinadas a las posiciones más a la izquierda y a años luz de los chicos jóvenes de su generación. ¿Qué sociedad puede construirse bajo estas premisas?
Pero, como si hubieran enloquecido, ya se ha producido un paso más con el movimiento 4 B, basado en cuatro noes: al matrimonio, al sexo, a tener citas con hombres y a ser madres. ¿No es evidente el desastre al que conduce todo esto?
Es toda la sociedad civil, hombres y mujeres, la que debe afrontarlo desde la cordura, la razón y la verdad; de lo contrario, acabarán con este país, con muchos países de Europa, y lo entregarán a una inmigración masiva, que precisamente procede de países donde el feminismo y la doctrina de las identidades LGBTIQ suscita como mínimo un fuerte rechazo. Fastuoso.
La homofobia con petrodólares no mueve a controversia, pero una diputada de un país pobre de África concita todas las iras del feminismo y la progresía de este país. Share on X
1 Comentario. Dejar nuevo
Un país como España en el que cada año se ejecuta legalmente a unos 100.000 seres humanos por medio del aborto no está legitimado para dar lecciones sobre respeto a los derechos humanos a la diputada de Uganda. La ley del aborto, perpetrada por esta corrompida progresía que se las da de feminista, es una ley criminal que menosprecia a los seres humanos en su etapa prenatal y fomenta el odio hacia quienes, por cualquier motivo, no son “deseados”.
La incorporación fanática del aborto voluntario al código de los derechos que promulga el feminismo es una forma de venganza contra el hombre, a quien se considera el agente activo que embaraza a la mujer, la cual, pudiendo abortar libremente, se equipara con el hombre. En la lógica feminista, abortar, lejos de ser una interrupción, equivale a la negación del embarazo. La ideología feminista ningunea al ser humano eliminado, reduciéndolo a un “nadie” conceptual para que no haya reparo alguno en aniquilarlo de forma existencial por medio de la maquinaria abortista.
El aborto no es un derecho, Es violencia extrema del poderoso y superior contra el débil e inferior. Nada más y nada menos. Un abuso de poder al que se intenta bonificar con subterfugios buenistas como la salud reproductiva, el derecho al propio cuerpo, y demás falacias que deberían avergonzar a quien tiene la desvergüenza de usarlas.