La Federación Internacional de Atletismo anunció recientemente la implementación de una nueva normativa que obligará a las atletas a realizarse una prueba genética para competir en categorías femeninas.
¿En qué consiste esta nueva prueba genética obligatoria?
La prueba aprobada consiste en un análisis genético a partir de muestras de saliva o sangre, cuyo objetivo principal es detectar la presencia del gen SRY, vinculado al cromosoma Y, que determina el sexo biológico masculino.
Además, se analizará la sensibilidad del organismo a hormonas como la testosterona, dado que ésta desempeña un papel decisivo en el rendimiento físico de las deportistas.
Según Sebastián Coe, presidente de la Federación Internacional de Atletismo, cada atleta deberá someterse a esta prueba solo una vez en toda su carrera deportiva. De esta manera, se busca reducir al mínimo los inconvenientes para las atletas y mantener el proceso lo más sencillo y respetuoso posible.
Razones detrás de la nueva normativa según la Federación Internacional de Atletismo
Sebastián Coe defendió esta medida argumentando que es fundamental proteger la integridad y equidad de las competiciones femeninas. Según sus palabras, la federación ha optado por esta regulación para impedir que atletas que hayan atravesado la pubertad masculina participen en pruebas femeninas en condiciones ventajosas.
La Federación Internacional de Atletismo afirmó estar preparada jurídicamente para enfrentar cualquier posible recurso legal que surja a partir de esta medida.
El organismo ya está avanzando en la contratación de proveedores de pruebas capaces de realizar análisis rápidos y no invasivos, tales como pruebas de manchas de sangre seca.
Antecedentes: polémicas y controversias anteriores
Esta no es la primera vez que se genera controversia alrededor de decisiones similares tomadas por la Federación Internacional de Atletismo.
Atletas reconocidas internacionalmente como Castor Semenya, de Sudáfrica, y Aminatou Seyni, de Níger, ya protagonizaron importantes disputas sobre regulaciones hormonales y genéticas.
En el año 2018, Castor Semenya llevó al Tribunal de Arbitraje del Deporte su caso contra la normativa que exigía reducir sus niveles hormonales para competir en pruebas femeninas.
Aunque el tribunal admitió la naturaleza discriminatoria de estas regulaciones, concluyó que eran necesarias para mantener la equidad deportiva. Del mismo modo, en 2019, Aminatou Seyni fue excluida de los Juegos Olímpicos por negarse a seguir tratamientos hormonales.
Posibles desafíos legales ante la nueva regulación
Sebastián Coe admitió la posibilidad de que surjan desafíos jurídicos frente a esta nueva prueba genética obligatoria, pero aseguró que la federación cuenta con argumentos científicos y legales sólidos para respaldar su decisión. Según Coe, la institución está preparada para defenderse en los tribunales internacionales y está segura de que la normativa resistirá cualquier escrutinio legal.
Como era de esperarse, la nueva regulación ha provocado reacciones diversas. Diversos sectores conservadores han apoyado la medida, argumentando que es necesaria para proteger la integridad del deporte femenino. En cambio, organizaciones defensoras de los derechos humanos y colectivos que representan a personas transgénero han expresado su rechazo y preocupación, denunciando la normativa como excluyente y discriminatoria.
Expertos en bioética también han manifestado reservas sobre los posibles efectos negativos de este tipo de regulaciones en el deporte, anticipando que podrían intensificarse los debates éticos y legales en el futuro inmediato.
Próximos pasos tras la aprobación de la prueba genética
Con la implementación de esta nueva medida, la Federación Internacional de Atletismo deberá enfrentar no sólo aspectos técnicos, sino también las implicaciones jurídicas, éticas y sociales derivadas de su decisión.
Es previsible que el debate continúe intensificándose, especialmente conforme atletas afectadas comiencen a manifestar públicamente su descontento o recurran a los tribunales.
La federación, sin embargo, se muestra decidida a defender su postura, afirmando que la integridad del deporte femenino es su prioridad máxima. En los próximos meses será crucial observar la evolución de esta controversia, particularmente de cara a grandes competiciones internacionales donde esta normativa comenzará a aplicarse.
