El estado de California ha acordado retirar todos los cargos contra los activistas provida David Daleiden y Sandra Merritt, quienes en 2015 realizaron una serie de videos encubiertos revelando prácticas controvertidas de Planned Parenthood.
Este acuerdo pone fin a un proceso legal de casi una década, el cual fue iniciado en 2016 por la entonces fiscal general Kamala Harris.
El caso y su contexto
David Daleiden, quien supervisa el Centro para el Progreso Médico (CMP), y Sandra Merritt, periodista de investigación del grupo provida, participaron en una serie de grabaciones clandestinas en convenciones y ferias comerciales organizadas por la Federación Nacional del Aborto (NAF) en 2014 y 2015.
Para su trabajo encubierto, ambos utilizaron identificaciones y nombres falsos, registrando conversaciones secretamente con funcionarios de Planned Parenthood.
El propósito de las grabaciones era exponer presuntas irregularidades relacionadas con la venta de tejidos fetales provenientes de abortos.
Estas revelaciones tuvieron importantes repercusiones, incluyendo un acuerdo de 7.8 millones de dólares en el que dos empresas admitieron haber vendido ilegalmente fetos abortados en el sur de California, la restitución de ganancias por la venta de órganos fetales en Arizona y la descalificación de Planned Parenthood de recibir fondos estatales y federales en Texas.
El acuerdo legal
El 27 de enero de 2025, el CMP anunció que Daleiden y Merritt habían llegado a un acuerdo con la Fiscalía General de California. Como parte de este acuerdo, los activistas realizaron una nueva declaración de «no disputa» sobre un cargo de grabación de video, sin que ello representara una admisión de irregularidades.
Este acuerdo negociado no impone ningún tipo de castigo a los acusados. No se incluyen penas de prisión, multas ni libertad condicional.
Según lo informado por el CMP, la declaración de «no impugnación» se convertirá en un delito menor en un plazo de 6 a 12 meses y posteriormente será eliminada del historial de los acusados.
Además, uno de los términos del acuerdo prohíbe a Daleiden y Merritt mencionar o tener contacto con las personas involucradas en las conversaciones grabadas. A pesar de esta restricción, Daleiden calificó el resultado como «una gran victoria», destacando que el fin del caso le permitirá enfocarse en su labor investigativa dentro del CMP para exponer injusticias relacionadas con la financiación de experimentos en bebés abortados.
Reacciones al acuerdo
El equipo legal de Daleiden y Merritt ha criticado duramente la manera en que las autoridades de California manejaron el caso.
El exfiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Steve Cooley, quien dirigió la defensa de Daleiden, expresó su indignación, afirmando que, en sus cinco décadas como abogado, nunca había presenciado «un ejercicio tan descarado de investigación selectiva y persecución vengativa».
Asimismo, aseguró que los fiscales generales que promovieron el caso durante casi 10 años deberían «sentirse avergonzados» por haber utilizado su cargo como arma política.
Por su parte, Liberty Counsel, la organización legal que representó a Sandra Merritt durante más de una década, destacó que la activista enfrentaba 16 delitos graves y una posible sentencia de más de 10 años de prisión. Sin embargo, con el acuerdo alcanzado, todos los cargos fueron eliminados sin que se impusieran multas u otras sanciones. Mat Staver, fundador y presidente de Liberty Counsel, calificó el resultado como un «logro extraordinario» para Merritt y consideró que el Estado de California quedó prácticamente «con las manos vacías».
El retiro de los cargos representa un cierre para un largo proceso judicial que ha sido ampliamente considerado como un intento de persecución política contra periodistas provida. Con este desenlace, Daleiden y Merritt pueden continuar su labor investigativa sin la carga de un proceso penal en su contra.