Las huelgas del transporte público, tanto a la salida como a la vuelta de los periodos vacacionales, y en algún puente, se repiten todos los años. Ciertamente la huelga es un derecho fundamental de los trabajadores en defensa de sus intereses frente a la empresa. Eso nadie lo discute.
La Constitución (artículo 28, 2) reconoce este derecho fundamental, pero también afirma que “la ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad”.
En el caso de los transportes públicos, en periodo punto de salida y retorno de vacaciones, es un servicio principal para los pasajeros que compraron el billete, tienen trasbordos u hoteles pagados. La huelga representa un grave perjuicio para ellos, económico y molesto. No así tanto para la compañía (aérea, férrea o de autobuses) que explota las rutas. Hay una colisión de derechos, los derechos del pasajero y los del trabajador.
Concretamente, el aeropuerto de Barcelona ya estuvo sumido en el caos total el año pasado. Este año, gracias a unos servicios mínimos del 90 por 100, se evitó aquel caos. Los trenes –cuando no son pitos son flautas– a menudo tienen problemas. Este verano por la huelga de la CGT que pide aumento de plantilla. El colmo. Las mejoras tecnológicas tienden hacia una mayor automatización de los trenes, o sea hacia reducciones de plantillas.
Las huelgas se hacen coincidir siempre en las salidas y regresos de los tres periodos vacaciones: verano (finales de julio, finales de agosto), Navidades y Fin de Año, Semana Santa y algún puente largo como el de la Constitución. ¿Van realmente estas huelgas contra las empresas o contra los usuarios? Desde luego, quienes las sufren más son los usuarios, que muchas veces, casi siempre, soportan además quebrantos económicos y pérdida de tiempos de espera.
Por otro lado, España es la segunda potencia turística mundial, después de Francia, y por delante de los Estados Unidos e Italia. Este tipo de huelgas (dejo a un lado Ryanair, donde hay un conflicto laboral por numerosos despidos) crean sin duda una mala imagen al turismo español. Crean la imagen de un país que funciona mal, con impuntualidad en los transportes, con inseguridad en las calles (caso de Barcelona) y con excesivas huelgas que dificultan los desplazamientos. El turismo es una gran riqueza nacional, y estas huelgas perjudican a los trabajadores del turismo español.
¿Vamos a poner soluciones? Hay varias soluciones. En primer lugar, se debería celebrar una reunión cumbre entre sindicatos y Gobierno para pactar un acuerdo sobre las huelgas en el transporte que derivara en una ley de modificación del Estatuto de los Trabajadores o en una ley especial.
En segundo lugar, la aplicación de los servicios mínimos debería ser generosa, tendiendo hacia el 90 por 100, solo en los casos en que hemos señalado antes: fechas punta en periodos vacacionales.
En tercer lugar, mantener un diálogo permanente con las empresas del sector –casi todas con una gran influencia del sector público o de la Administración -con el fin de evitar lo más posibles huelgas en los periodos mencionados.
Hay, como se ve, una dejadez política, pues ni las autoridades gubernativas ni las sindicales quieren poner el cascabel al gato, y así se va deteriorando el sector turístico. Sabemos que la fuerza de los sindicatos –sobre todo para hacerse notar- está en las fechas de salida y regreso de vacaciones, pero no se debería llegar a estos extremos, porque en los conflictos la huelga se programa cuando se ha roto una negociación.
¿Hay voluntad política? Con gobiernos divididos o con gobiernos en funciones durante meses o con mayorías muy precarias, esto no se va a resolver, porque los sindicatos no van a autorregularse.
