Estados Unidos está sumido en un debate jurídico sobre la legalidad o no de la píldora abortiva del día después. La batalla cultural también se juega en las cortes. La razón es que un juez federal de Texas emitió el pasado viernes, 7 de abril, una suspensión que acabaría con la prescripción y distribución en siete días a nivel nacional de mifespristona, uno de los dos medicamentos utilizados para abortar médicamente y que ha sido distribuida por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) en el mercado de Estados Unidos durante más de dos décadas.
El juez de la corte de distrito, Matthew Kacsmaryk, designado por el expresidente Trump, ha dado al Gobierno un margen de una semana para apelar antes de que su fallo entre en vigencia, según ha informado el periódico norteamericano ‘The Hill‘.
La demanda contra la FDA, presentada por médicos y asociaciones contra el aborto, afirma que el medicamento no es seguro y alega que la FDA no lo estudió con suficiente cuidado.
Un juez de Washington contradice a su colega de Texas
Un segundo juez federal, esta vez del estado de Washington, Thomas Owen Rice, ha dicho unas pocas horas después en un nuevo fallo que la FDA debe mantener los medicamentos abortivos disponibles en al menos doce estados liberales que demandaron a la FDA para fabricar las píldoras abortivas, según ha informado la CNN.
«No es función del Tribunal revisar la evidencia científica y decidir si los beneficios de la mifepristona superan sus riesgos sin REMS y/o ETASU. Ese es precisamente el papel de la FDA» ha explicado Rice, a lo que ha añadido que «el registro demuestra hallazgos potencialmente inconsistentes de la FDA con respecto al perfil de seguridad de la mifepristona»
Los estados en los que se mantendría son: Washington, Oregon, Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Nuevo México, Rhode Island, Vermont, Hawaii, Maine, Maryland y Minnesota. Además de Washington DC y Michigan.
Joe Biden anuncia que «luchará» contra esta decisión sobre la píldora abortiva
El presidente de Estados Unidos ha asegurado este viernes que su administración «luchará» contra esta decisión sobre la píldora abortiva, según un comunicado de la Casa Blanca.
«El medicamento recetado en cuestión se usa para el aborto con medicamentos, y el aborto con medicamentos representa más de la mitad de los abortos en Estados Unidos. La demanda, y este fallo, es otro paso sin precedentes para quitarles las libertades básicas a las mujeres y poner en riesgo su salud» ha explicado el presidente.
Ha añadido que «esto no solo afecta a las mujeres en Texas; si se mantiene, evitaría que las mujeres de todos los estados accedan a los medicamentos, independientemente de si el aborto es legal en dicho estado. Es el próximo gran paso hacia la prohibición nacional del aborto que los funcionarios electos republicanos han prometido hacer ley en Estados Unidos».
Por esta razón, ha relatado que «lucharán» contra esta decisión sobre la píldora abortiva, pero que «la única forma de detener a quienes están comprometidos con quitarles los derechos y libertades a las mujeres en todos los estados es elegir un Congreso que apruebe una ley que restablezca Roe versus Wade«.
La vicepresidenta del país, Kamala Harris, ha denunciado en otro comunicado que «esta decisión amenaza los derechos de los estadounidenses en todo el país, que pueden buscar en sus botiquines y encontrar medicamentos recetados por un médico porque la FDA inició un proceso para determinar la eficacia y seguridad de esos medicamentos».
«Ante los ataques al derecho de la mujer a acceder a un aborto, nuestra administración continuará luchando para proteger la libertad reproductiva y la capacidad de todos los estadounidenses para tomar decisiones sobre atención médica sin interferencias políticas» ha finalizado.
Por su parte, la representante de la Cámara en el Congreso de los Estados Unidos, Alexandria Ocasio-Cortez, ha instado en una entrevista en la CNN al presidente a «ignorar» la decisión del juez de Texas.
El director de la empresa que se lucra con esta píldora ha descrito esto como «un día oscuro para la salud pública, especialmente para los derechos reproductivos y la confianza en la ciencia y la experiencia médica para guiar las decisiones sobre qué medicamentos son seguros y efectivos y deben estar disponibles para los pacientes».
