En Alcorcón, un municipio de Madrid donde el 45% de los alumnos de infantil y primaria estudian en colegios concertados, la alcaldesa socialista Candelaria Testa parece haber iniciado una cruzada contra estos centros educativos. Los recientes obstáculos impuestos por el Ayuntamiento para las actividades de los colegios concertados reflejan una política discriminatoria que perjudica a miles de niños y sus familias.
Navidad cancelada: Ignorar a los concertados
El colegio Nuestra Señora de los Remedios es uno de los afectados. Este año no podrá celebrar su tradicional gala de Navidad porque la Concejalía de Cultura, dirigida por el Ayuntamiento, ignoró su solicitud para alquilar el Teatro Buero Vallejo. Inicialmente, la denegación se justificó por la disponibilidad del espacio, pero al intentar coordinar una nueva fecha, el colegio solo encontró silencio como respuesta.
La cancelación no solo priva a los alumnos de una celebración importante en su calendario escolar, sino que genera frustración entre los padres, quienes han recibido una carta informándoles de la situación.
Otro caso paradigmático es el del colegio Villa de Alcorcón. Para su gala de fin de curso en junio de 2025, el Ayuntamiento ha impuesto requisitos exorbitantes que duplican los costos respecto al año pasado. Este centro deberá contratar servicios adicionales a través de una empresa adjudicada por el Consistorio, incluyendo jefes de sala y walkie-talkies, elevando el precio de 1.100 a 1.900 euros más IVA. Lo irónico es que el propio contrato de la empresa permite a los organizadores utilizar sus propios recursos, algo que el Ayuntamiento ha pasado por alto deliberadamente.
La discriminación no es nueva. En mayo de este año, durante las Jornadas de Orientación sobre Formación Profesional, los centros públicos participaron sin problemas. Sin embargo, la jornada programada para concertados y privados fue cancelada apenas dos días antes, alegando «falta de alumnos asistentes». Una explicación que los organizadores consideran insostenible.
Política sectaria y exclusión
La discriminación hacia los colegios concertados no se detiene en estos ejemplos. Este año, las agendas escolares financiadas con fondos municipales, valoradas en 50.000 euros, fueron entregadas exclusivamente a los alumnos de los colegios públicos.
Además, los cursos de natación y las subvenciones para actividades extraescolares tampoco estuvieron al alcance de los concertados. Esto, en un municipio donde casi la mitad de los alumnos acuden a estos centros, es un claro gesto de exclusión.
La oposición municipal denuncia esta política como sectaria y señala que Candelaria Testa, además de alcaldesa, es también concejala de infancia. Sin embargo, las decisiones recientes pintan un panorama en el que los alumnos de los colegios concertados son sistemáticamente ignorados.
La política actual del Ayuntamiento de Alcorcón representa un ataque directo a la libertad educativa y al derecho de los padres a elegir el modelo de enseñanza para sus hijos.
Más allá de las implicaciones económicas y logísticas, estas decisiones envían un mensaje claro: los colegios concertados son ciudadanos de segunda en este municipio.
Es urgente que el Consistorio reconsidere estas posturas y adopte medidas que garanticen igualdad de oportunidades para todos los niños de Alcorcón, independientemente del tipo de centro al que asistan.
Porque la educación no debe ser un campo de batalla ideológico, sino un espacio de crecimiento y desarrollo para todos.
