El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha anunciado un nuevo plan para regular la financiación de los medios de comunicación digitales, calificando a algunos de ellos como «pseudomedios ultraderechistas».
Esta medida, que ha sido presentada como parte de un paquete más amplio de «regeneración democrática», abre un inquietante debate sobre los límites de la libertad de prensa y la censura.
Paquete de medidas
Sánchez adelantó que el próximo 17 de julio presentará este plan ante el Congreso de los Diputados.
Entre las propuestas más destacadas se encuentra el establecimiento de un tope a la financiación con fondos públicos de los medios de comunicación que, según el presidente, «no tienen lectores».
Esta medida se justifica, según Sánchez, en la necesidad de garantizar la independencia de los medios y evitar que estos dependan exclusivamente de recursos públicos, lo cual, a su juicio, pone en riesgo su objetividad.
Otras modificaciones
La modificación de la Ley de Publicidad Institucional es otro punto central del plan. Esta reforma busca actualizar la normativa para reflejar la realidad digital actual e incorporar supuestamente mayores niveles de transparencia en la financiación con recursos públicos de los medios digitales.
Sánchez argumenta que no es aceptable que, con recursos públicos, se financie la desinformación y los bulos, señalando específicamente a los medios que, según él, difunden propaganda ultraderechista.
Esta acusación se dirige especialmente a algunos gobiernos del Partido Popular (PP) y Vox, que, según el presidente, estarían utilizando fondos públicos para apoyar a estos medios.
Además, el plan de Sánchez incluye la reforma de las leyes orgánicas de Derecho al Honor y Derecho de Rectificación, para reforzar, según él, la protección de estos derechos en el contexto digital.
¿Estamos ante una forma de control de la información?
Tras presentar su plan en el Congreso, Sánchez tiene la intención de abrir una ronda de consultas con todos los grupos parlamentarios interesados y, a la vuelta del verano, poner en marcha las medidas legislativas necesarias.
Este plan ha suscitado críticas y acusaciones por poder velar un plan de censura. Las diferentes quejas recogen que la medida atenta contra el principio básico de igualdad de los medios y que podría ser inconstitucional.
Pues la financiación pública de ciertos medios en función de su orientación política o número de lectores representa una forma de control y censura que contraviene los principios democráticos.
Por otro lado, Sánchez ha defendido la conformidad de estas medidas con la normativa europea, mencionando la reciente directiva aprobada en abril sobre la Ley de Independencia de los Medios de Comunicación, que busca garantizar la transparencia, la pluralidad informativa y la lucha contra los bulos.
Esta directiva contó con el apoyo del Partido Popular Europeo, lo que, según Sánchez, refuerza la legitimidad de su plan.
Por tanto, la propuesta de Pedro Sánchez de establecer un tope a la financiación pública de los medios de comunicación digitales abre un debate complejo sobre la libertad de prensa, la censura y la transparencia en la financiación de los medios.
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