Bajo el pretexto de frenar los bulos y proteger la democracia, el presidente del Gobierno ha propuesto una serie de reformas que parecen más orientadas a silenciar a la prensa crítica que a fortalecer los valores democráticos.
Restricción a la libertad de prensa
Entre las medidas anunciadas, Sánchez pretende reformar tres leyes clave: la Ley Orgánica de protección civil del derecho al honor, la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, la Ley Orgánica reguladora del derecho de rectificación, y la Ley de Publicidad Institucional.
Estos cambios, según sus propias palabras, buscan combatir lo que denomina «máquina del fango» y «pseudomedios ultraderechistas». Sin embargo, esta narrativa parece un intento claro de desacreditar y limitar la voz de los medios críticos, independientemente de su espectro ideológico.
La intención de evitar el paso de estas reformas por el Consejo de Ministros, utilizando la fórmula de la proposición de ley para impedir alegaciones, añade un nivel alarmante de opacidad y falta de debate democrático. Esta estrategia recuerda más a tácticas autoritarias que a un verdadero compromiso con la regeneración democrática.
Contexto de corrupción y desvío de atención
No podemos ignorar el contexto en el que se presentan estas reformas. Sánchez introduce su plan en un contexto de escándalo por delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios por parte de su esposa, Begoña Gómez.
Además, su hermano, David Azagra, también está siendo investigado por delitos de malversación, tráfico de influencias, prevaricación y fraude. Estos casos, que salpican directamente al entorno familiar del presidente, sugieren que el plan de acción democrática es una cortina de humo diseñada para desviar la atención de los escándalos de corrupción que afectan al PSOE y a su familia.
Implicaciones para la transparencia y la democracia
El plan de Sánchez incluye la creación de un registro de medios condenados en sentencia firme por la elaboración de sus informaciones, una medida que podría tener un efecto paralizante sobre la libertad de expresión.
La amenaza de ser incluido en tal registro podría disuadir a los medios de investigar y reportar sobre casos de corrupción y otros abusos de poder, esencialmente protegiendo a los políticos de la crítica y la rendición de cuentas.
Además, Pedro Sánchez propone actualizar la ley de publicidad institucional para conocer las fuentes de financiación de los medios, los nombres de sus accionistas y sus cifras de audiencia.
Por si fuera poco se limitarán las subvenciones a medios con pocos lectores. Estas medidas, junto con el refuerzo de los derechos al honor y a la rectificación, se debatirán con diversas formaciones políticas.
También, la promesa de Sánchez de aumentar la transparencia en su Gobierno y mejorar la medición de audiencias y publicidad institucional parece más una maniobra de relaciones públicas que un compromiso genuino con la apertura gubernamental. La historia reciente de su administración, marcada por la falta de transparencia y los escándalos de corrupción, socava la credibilidad de estas promesas.
Críticas de la oposición y la sociedad civil
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado estas propuestas como «el mayor ataque a la libertad de información de la democracia», acusando a Sánchez de utilizar la legislación para castigar a los medios que informan sobre la corrupción que le afecta personalmente.
Esta crítica no es aislada; numerosos periodistas y defensores de la libertad de prensa han expresado su preocupación por el camino que estas reformas podrían abrir hacia un control gubernamental de los medios de comunicación.
Es crucial que tanto los legisladores como la sociedad civil se mantengan vigilantes y se opongan a cualquier intento de restringir la libertad de expresión bajo el pretexto de combatir la desinformación.
