En la reciente reunión del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, con la Comisión Mixta Congreso -Senado para presentar el informe anual de sus actividades correspondientes al 2021, Gabilondo ha tratado el tema de los abusos a menores, pero ha introducido una variante muy significativa en el guion oficial.
Hasta ahora, como es bien sabido, el Gobierno y su mayoría de apoyo del Congreso han pretendido que la cuestión de la pederastia no se abordase en toda su dimensión, y a la vez, de acuerdo con las tesis de El País, se focalizase solamente en la Iglesia Católica, a pesar de que los datos señalan el carácter marginal de este tipo de delito, que tiene su origen en aquel entorno, con cifras que oscilan entre el 0,4 y el 0,2%. Es evidente que dejar fuera más del 99% de los casos, es una arbitrariedad descomunal, pero es la que practica el gobierno Sánchez y los partidos que le apoyan en el Congreso en el caso de la pederastia.
De ahí surgió la iniciativa de encargar al Defensor del Pueblo, una comisión para que indagara sobre los casos de los católicos, y solo de ellos, para así establecer con sus resultados políticas públicas. Ya nos contarán qué clase de política se puede definir cuando solo se quiere estudiar una de las pezuñas del elefante y se ignora deliberadamente al resto del animal. Es una manifestación más del sectarismo contra los católicos que impera en la mayoría gubernamental.
Hay que reseñar que la principal respuesta a todas estas arbitrariedades ha venido de la mano de e-Cristians que, con sus informes y sus actuaciones ha roto ese extraño silencio que envolvía una situación tan arbitraria. Una acción que ha culminado con la presentación de un recurso de inconstitucionalidad por discriminación ante el Tribunal Constitucional y en relación con aquel acuerdo del Congreso de los Diputados.
Decíamos que Gabilondo ha imprimido un cambio en línea a lo que planteó e- Cristians en sus dos escritos a él dirigidos, en el sentido de ampliar su indagación incorporando como mínimo todos los casos que tienen como víctimas personas que se encuentran en ámbitos que son responsabilidad directa del Estado.
Ahora, en su intervención ante la comisión mixta, el Defensor del Pueblo ha señalado que ha abierto una actuación de oficio en la que solicita a todas las comunidades autónomas información sobre los posibles casos de abuso detectados sobre las menores sujetas a tutela por parte de las administraciones. Literalmente afirmó que existen indicios de que se trata de un asunto de envergadura que sucede en muchas comunidades autónomas, y subrayó que le están llegando informes magníficos sobre esta materia. Recalcó que había actuado de oficio sobre los casos de la Comunidad de Madrid y que no lo había hecho en el caso de Valencia porque ya estaba judicializado y, por tanto, queda fuera de sus capacidades.
Que emprenda una indagación sistemática de las personas tuteladas en relación a los posibles abusos de menores es un paso en el buen sentido, pero abiertamente insuficiente, porque las responsabilidades de las instancias del Estado en este caso son mucho más amplias y comprenden aspectos tan masivos como son el escolar en los centros públicos, el deportivo en aquello que atañe a federaciones y a centros oficiales, para citar unas referencias concretas. El Defensor del Pueblo no tiene ninguna razón para actuar sobre el ámbito de la tutela de menores por parte de las Administraciones Públicas y no hacerlo en el resto de instituciones, que acogen en un número mucho más grande a menores y sobre las que también se reiteran las informaciones sobre casos de abusos en los medios de comunicación ( sin contabilidad por parte de El país, faltaría más).
No es un dato menor que anunciase que, de momento, a pesar de las facilidades para presentar su caso a través de teléfono o correo electrónico postal, o la propia web del Defensor del Pueblo, tan solo hayan recogido 201 casos de potenciales abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia, de los que solo ha acreditado en entrevistas 67. Por ahora son resultados muy magros y, de hecho, paradojas de la vida, son muy, pero que muy, inferiores, a los que parece que ha registrado la comisión que encargó la Conferencia Episcopal Española al despacho de abogados Cremades&Calvo Sotelo.
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