Pacto Verde (Green Deal) de la Unión Europea

La UE ha sido la primera potencia que se ha marcado el objetivo de alcanzar un balance de cero emisiones en el año 2050 (revolución verde) y como tal se avanza al resto de la comunidad internacional al fijar las primeras medidas concretas para alcanzar ese objetivo. El plan, bautizado Fit for 55 (en forma para el 55) es muy ambicioso, pero no será fácil de arrancarlo.

Cuando comenzaba su singladura a principios del año pasado -justo antes de que estallara con fuerza la pandemia del coronavirus- la actual Comisión Europea (2019-2024) hizo públicas sus prioridades. La primera consistía precisamente en el Pacto Verde Europeo, un ambicioso plan de protección del clima. La nueva Comisión nacía, por tanto, bajo el color verde de la sostenibilidad. Según la presidenta de la Comisión, la alemana Úrsula von der Leyen, se trataba de «dejar a la próxima generación un planeta saludable, así como buenos empleos y un crecimiento que no dañe la naturaleza».

Era una propuesta radicalmente innovadora, consistente en un pacto ecológico para conseguir un tipo de crecimiento diferente, una respuesta no solo al reto climático sino también a los retos sociales. El objetivo era realizar con éxito una transición económica, ecológica y social. Para ello, se necesitaba movilizar y contar con una amplia participación y apoyo de la sociedad civil, a través de un pacto por el clima.

A mediados de julio de este año, la Comisión ha hecho pública su propuesta de Pacto Verde. Ha lanzado un programa con trece iniciativas legislativas que pretenden situar Europa en el liderazgo mundial de la lucha contra el cambio climático. Consiste en una batería de medidas que han de transformar el modelo de vida de los europeos en muchos aspectos de su vida cotidiana. Los trece proyectos legislativos marcan la ruta para alcanzar el objetivo de reducir las emisiones de CO₂ un 55% en 2030 con relación a 1990, como paso intermedio hacia la neutralidad climática, con cero emisiones netas, fijada para el 2050. En 2030, el 40% de la energía que se consuma en la UE deberá ser de origen renovable (el doble que ahora). El objetivo 2050 supone el final de los combustibles fósiles, que son los que han alimentado la economía industrial tradicional.

La iniciativa supone el final de los coches con combustión, variaciones de la fiscalidad energética, aumento de las energías renovables en un 40% del total de las energías, grabar el carburante utilizado en transporte por carretera y calefacciones de los edificios, y establecer un impuesto a los productos importantes de países que no apliquen normas estrictas contra el cambio climático.

Según la presidenta de la Comisión, «el plan combina la reducción de emisiones de carbono con medidas para preservar la naturaleza y situar el empleo y la equidad social en el centro de esta transformación». Una afirmación que será puesta a prueba primero en las negociaciones con los estados y el Parlamento Europeo y después, una vez aprobado, con los sectores afectados por su aplicación.

Sobre los coches en particular, los topes contaminantes que causan irán reduciéndose progresivamente, para conseguir en 2030 una reducción del 55% de las emisiones y cinco años más tarde una reducción del 100%. Es decir, a partir de 2035 todos los vehículos nuevos a la venta serán libres de emisiones. Esto significará el final de los coches con motor de combustión, así como el final de los híbridos. En cambio, no afectará a las motocicletas. Es una prohibición que afecta a los vehículos nuevos, dado que los antiguos se podrán seguir utilizando, aunque la previsión es que vayan abandonando a medida que aumente el uso de los eléctricos.

Por otra parte, hay una propuesta que levanta muchos temores por la previsible resistencia social que encontrará entre los ciudadanos con menor poder adquisitivo, es la que afecta al transporte por carretera y la calefacción de los edificios. Consiste en una penalización del combustible contaminante, que se iniciará en el 2026. Para compensar este incremento de costes, se pondrá en marcha un Fondo Social del Clima, con un importe de 72.200 millones de euros durante un período de siete años.

El nuevo impuesto afectará principalmente a cinco sectores

Además, también se plantea un impuesto a los productos que lleguen a la UE de países terceros que no apliquen medidas contra el cambio climático, que se aplicaría también a partir de 2026. Es el mecanismo de ajuste de carbono en frontera, destinado a evitar que las empresas europeas compitan en inferioridad de condiciones. Las europeas están obligadas a cumplir unas reglas medioambientales y, por tanto, grabará productos que lleguen de países donde la industria no esté sometida a estas condiciones. El nuevo impuesto afectará principalmente a cinco sectores: Acero, aluminio, cemento, fertilizantes y electricidad. Es una medida que la UE debe demostrar que es compatible con las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), y que puede provocar reacciones de los países más afectados, como China, Rusia, Turquía y el Reino Unido.

Otro elemento clave será un aumento de las reducciones de las emisiones de carbono permitidas en el mercado de derechos de emisiones (ETS) existente, y que incluye las industrias de uso intensivo de energía, como refinerías y siderurgia, además de la aviación comercial.

El impuesto al queroseno en los vuelos internos de la UE y la introducción del sector marítimo en el mercado de derechos de emisiones de carbono son otras propuestas también problemáticas que completan el programa.

El programa legislativo de la Comisión ha arrancado con trabas, que empiezan por las reticencias existentes en el seno del mismo colegio de Comisarios europeos sobre las medidas a adoptar. En el Parlamento Europeo los ánimos están agitados, y naturalmente también en los sectores más afectados.

La Comisión von der Leyen ha vivido, hasta ahora, tres momentos álgidos: 1) la aprobación del Fondo de Recuperación contra la crisis del coronavirus ( Next Generation EU ), 2) el reparto de las vacunas contra el coronavirus, y 3) el paquete legislativo actual de la lucha contra el cambio climático, calificado por algunos comentaristas como «la revolución verde».

El Fondo de recuperación sólo se aprobó tras una larguísima cumbre hace un año. Las vacunas tuvieron que superar una crisis momentánea por el retraso de las entregas. Todo indica que en «la revolución verde» actual le espera un buen revolcón y la cuestión es cómo y cuando la superará. Hay que tener en cuenta, de cara a posibles protestas, que los costes de la reducción de emisiones se notan enseguida, en cambio sus beneficios se ven muy lejos.

Los posibles líderes del revolcón se ven a venir.

China es muy crítica con el mecanismo de ajuste de carbono en la frontera, y podría dar lugar a un litigio en la OMC. El enviado especial de Estados Unidos por el clima, John Kerry, ha pedido a la UE que este mecanismo sea el último recurso. La inclusión del transporte por carretera y los edificios al comercio de derechos de emisión es una idea muy controvertida, pues afecta a grupos sociales vulnerables, como las familias y las empresas muy dependientes de los combustibles fósiles.

Los famosos chalecos amarillos franceses amenazan con retomar las conocidas manifestaciones contra el encarecimiento del gasóleo. Los fabricantes de automóviles más atrasados en los procesos de electrificación son muy reacios a las propuestas de la Comisión Europea, situados como están a gran distancia, por ejemplo, del grupo Volkswagen o Volvo, que ya han anunciado planes para ser 100% eléctricos en la fecha marcada por la Comisión. La Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) se opone al programa anunciado y asegura que las medidas previstas (como el impuesto al queroseno y el final de los derechos gratuitos al comercio europeo) son contraproducentes.

Las propuestas de la Comisión constituyen un buen punto de partida para unas difíciles negociaciones entre instituciones y países que no deberían diluir la ambición. En su conjunto, se puede decir que se busca un cambio justo . Cuando se terminen de aprobar, las nuevas normas serán de obligado cumplimiento en la UE, pero sus efectos irán mucho más allá de sus fronteras.

Está por ver si el fondo social de 72.000 millones de euros servirá para compensar el posible encarecimiento de la energía y evitar serios problemas sociales.   Unos costes elevados sin medidas de compensación pueden ser una fuente importante de populismos y suponer un freno a la lucha urgente e imprescindible contra el cambio climático. La Comisión Europea se defiende alegando que en el marco presupuestario de la UE para el septenio 2021-2027, de casi dos billones de euros, prevé que hasta un 30% de la financiación de los programas se destine a la transición verde. En el caso del Fondo de Recuperación contra la Covid-19, el porcentaje es del 37%.

Las negociaciones que se avecinan para la definitiva aprobación del paquete legislativo climático prometen ser duras y las resistencias fuertes. Pero está en el interés de la UE  avanzar a buen ritmo por motivos medioambientales y también porque el liderazgo en el sector climático le puede ofrecer importantes dividendos estratégicos.

Los funcionarios más entusiastas de la Comisión Europea consideran que todo es una verdadera «revolución», que cambiará la manera de vivir de los europeos, determinará el papel de la UE en el mundo y proporcionará a la UE un propósito para toda una generación. Piensan que el paquete legislativo sobre el cambio climático es un auténtico  big bang   comparable con la propuesta de Jacques Delors de crear un mercado único europeo de los años ochenta con el horizonte puesto en 1992, o comparable con la creación del euro del año 1999.

Otros funcionarios menos entusiastas hablan, por un lado, de su cansancio por la cantidad y rápido trabajo que tienen que hacer y los pocos recursos humanos de que disponen y, por otro lado, muestran su preocupación ante las resistencias que el proyecto climático, sin duda provocará y que costarán superar.