Ha sido noticia este verano que el consulado español en Kiev dejó de tramitar visados a los bebés allí nacidos a través de vientres de alquiler, por lo que desde entonces más de una treintena de parejas españolas no pueden regresar a sus casas con esos bebés.
A ello se suma la noticia de que la clínica Biotexcom de Kiev ha sido clausurada y su dueño detenido por existir indicios de tráfico de menores, clínica destino principal de españoles que buscaban un vientre de alquiler; El precio por embarazo oscilaba entre 30.000 y 49.900 euros y se abonaba a través de paraísos fiscales.
Nuevamente se olvida parte de nuestra sociedad que un hijo es siempre un don, no un derecho de los padres y que en nuestro ordenamiento jurídico la práctica de la maternidad subrogada está totalmente prohibida.
Es fácil tocar la fibra sensible de la sociedad reconduciendo nuestra atención al problema de esos padres que no pueden regresar a sus hogares desde Ucrania con sus bebés, en un intento más de normalizar las conductas de aquellos que eluden la ley española viajando a otros países a conseguir el hijo, a cambio del pago de un precio; Las agencias que se dedican a tramitar esta práctica, y que cobran por sus servicios, se encargan de legitimar su actividad a través de estrategias de marketing.
Se evita sistemáticamente toda valoración moral al respecto, para eludir que, en estas prácticas, el niño pasa a ser un objeto, algo que tiene un precio y que se adquiere sin más a través de una compra, lo que supone claramente cosificar al hijo.
Es imposible justificar de manera alguna el hecho de que los hijos sean tratados como objetos, como meras mercancías, con el fin de cubrir los deseos de los adultos.
¿Nos escandaliza la cruda realidad de que a través de la maternidad subrogada o vientres de alquiler se compra un ser humano? ¿No será que nos estamos acomodando a la visión del todo vale con tal de conseguir nuestros deseos?
