Hoy ha nacido en España el primer gobierno republicano de la monarquía “reinstaurada” en Juan Carlos de Borbón, hace 45 años.
El gobierno bicolor PSOE-Podemos es apoyado, total o parcialmente también por Esquerra Republicana, PNV y Bildu, todos ellos republicanos. Además, se da la paradoja que, cuando la derecha quiso tener la exclusiva de la defensa del rey Felipe en el debate de investidura, fueron dos partidos republicamos (Podemos y PNV) los que defendieron al Rey, por cuanto hizo posible la coalición y los apoyos que recibió Pedro Sánchez.
La monarquía “reinstaurada” por el general Francisco Franco tuvo un primer gobierno con mayoría de falangistas, republicanos en buena parte, pero monárquicos por necesidad (unos por seguir el mandato del testamento de Franco de apoyo al Rey y otros por pragmatismo).
Se dijo del reinado de Juan Carlos que fue una república coronada: mientras sea útil, la monarquía no hay que tocarla. Lo mismo ocurre ahora con Felipe VI: está reinando con republicanos, y de entre los republicanos los hay “de ley” (su republicanismo está en su ADN político). Prometer “acatar la Constitución y lealtad al Rey” de los ministros de Podemos ha sido el vídeo del día.
Muchos se preguntan: ¿Se habrá dejado el rey Felipe VI meter un gol por la escuadra?, o ¿será un gobierno que a la larga aceptará la monarquía por realismo político? Los hechos lo dirán.
De momento, el gobierno de Pedro Sánchez no tiene enemigos institucionales y sociales: es aceptado por la Monarquía, por sindicatos y empresarios, y por el establishment de la banca y las finanzas. Sus enemigos están sobre todo en Vox que ha organizado manifestaciones callejeras contra el gobierno. PP y Ciudadanos, se han mantenido al margen de los griteríos callejeros. Ciertamente que la mayoría es mínima y habrá que contentar a muchos. Quien no está satisfecha con el Gobierno es la Iglesia católica, por su programa disolutivo sobre la familia, a favor de la eutanasia y con restricciones a la libertad de enseñanza.
Decir, como dijo el domingo Pedro Sánchez que “habrá varias voces y una misma palabra”, es una retórica que queda bien para la galería mediática, pero habrá que ver el paso del tiempo, sobre todo con la inestabilidad política y sentimental de Cataluña.
De momento, para contentar a Esquerra Republicana, Pedro Sánchez, haciendo gala de su capacidad para rectificar sus discursos, ha colocado a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, como Fiscal General del Estado. En esto, el presidente hace realidad aquella frase –que después rectificó y ahora rectifica lo rectificado– que la fiscalía depende del gobierno. Dolores Salgado ha sido una ministra polémica, primero por sus relaciones con el comisario Villarejo, hoy en la cárcel, y con el exmagistrado Baltasar Garzón, destituido por prevaricación.
Tanto las asociaciones de jueces y fiscales profesionales como los partidos de la oposición han reaccionado vivamente que una persona tan significada políticamente –acaba de ser ministra de Justicia y elegida en los primeros lugares en las listas del PSOE en noviembre—ocupe la Fiscalía General del Estado, por cuanto supone politizar el órgano de la Fiscalía General para ponerla al servicio del Gobierno más que del Estado. Porque una cosa es la proximidad o cierta afinidad con el Gobierno y otra es el “descaro” e poner a una ministra del partido a la fiscalía general.
Ahora sí que está claro que la fiscalía no recurrirá decisiones de permisos generosos para los presos independentistas, pues la fiscalía es una institución que funciona de manera jerárquica. Así lo quieren los independentistas: la justicia al servicio del gobierno. Con esto queda reducida a mínimos la credibilidad y autonomía de la fiscalía y hace peligrar la separación de poderes del Estado.
Para los independentistas, la separación de poderes no existe, pues en su proyecto de constitución republicana los jueces son nombrados por el presidente de la Generalitat.
