Hasta el día 8 de marzo, la impresión general, medios de comunicación incluidos (y también parte de la ciudadanía), era que el gobierno español estaba actuando bien en la lucha contra el coronavirus. La tranquilizadora imagen de un experto, el Dr. Fernando Simón, saliendo cada día a informar en términos y actitudes muy ponderadas ha conseguido reducir el problema a una imagen. Es un logro importante, pero que no resiste el paso del tiempo si la política que se ha seguido es inadecuada. Y ahora los datos españoles, y lo que están haciendo otros países, está poniendo de relieve que el gobierno ha enfocado mal la crisis del coronavirus.
Dos son las causas de esta inadecuación. Una sanitaria y la otra económica.
La sanitaria hace referencia a la política de contención. Esta ha quedado limitada a la contención pasiva confiándolo todo a la autodeclaración de los síntomas y al aislamiento domiciliario. De hecho, las medidas gubernamentales no implicaban un gran despliegue de medios, precisamente por esta estrategia wait and see.
En realidad, desde el primer momento lo que hubiera resultado eficaz es una política de contención activa en la que se dispone de más recursos materiales y humanos para limitar la existencia de casos ocultos, de muertes sin diagnosticar, y de líneas de transmisión desconocidas. Un diario bastante gubernamental como El País titulaba a toda página el 7 de marzo “La magnitud de la epidemia sigue oculta“. Era una clara declaración de la naturaleza del problema. Un proyecto de contención pasiva tiene esta grave limitación: es incapaz de detectar lo que está oculto, y es la política activa la que precisamente persigue reducir al mínimo este desconocimiento. Pero, para hacer esto, se requería dedicar partidas extraordinarias del presupuesto, poner más personal en la calle y, por ejemplo, disponer de mucha más capacidad de pruebas diagnósticas, que son evidentemente caras.
El manual de contención de un foco sea este un virus, por lo tanto de naturaleza sanitaria, o un incendio forestal, vinculado a la protección de los bosques, o una guerrilla, y esta sería una dimensión bélica; en todos los casos la metodología es la misma: detección rápida del foco, intervención inmediata y control del territorio y del espacio, todo dirigido a reducir al máximo su dispersión. Nada de esto ha hecho el gobierno español. Incluso a estas alturas confía en la meteorología para superar la crisis que nos viene encima. Esperar que el aumento de la temperatura por encima de los 25 o 26 grados y su continuando incremento elimine el problema, al menos hasta bien entrado el otoño. La razón de esta esperanza es que el coronavirus se comportará de forma similar a la del virus de la gripe, a pesar de ser de naturaleza diferente. De ahí que digan que el pico máximo se alcanzará pasado Semana Santa. En todo caso Andalucía, que llegará más pronto a temperaturas altas para la época en que estamos, será el banco de prueba de esta hipótesis, que seguramente es cierta.
Pero, incluso en este escenario, el afán del gobierno por no gastar tendrá consecuencias graves, empezando por las grandes contradicciones políticas de las medidas que no se toman. Las manifestaciones del día 8 han sido una grave imprudencia. Lo constataremos porque desde esta fecha tan cercana los casos se dispararán. Y algo parecido puede suceder con las fallas de Valencia. Es cierto, como dicen muchos expertos de la sanidad pública, que el riesgo de contagio en concentraciones en grandes espacios al aire libre es mínimo. Pero el problema no es este, el factor grave de contagio radica en que muchas de estas personas antes, durante y después del acto se concentran en lugares cerrados, sobre todo bares y restaurantes, y aquí sí que multiplican la potencial afectación.
No es un dato menor que en estos momentos el número de casos por 100.000 habitantes en Álava sea más elevado que el de la Lombardía en Italia (33,9 en este último caso, por 36,8 en Italia). También es elevada la tasa de contagio en La Rioja con 25,6. Y es baja la de Madrid con 8,6. El problema es que las cifras pueden tener ahora un gran crecimiento. Este lunes (9 de marzo) había en España algo más de 1.200 afectados, pero dentro de tres días pueden situarse en los 4.000. Y a partir de esta última fecha y en el transcurso de dos semanas más, pueden llegar a los 10.000 casos. Esto significaría aproximadamente que 1.500 personas necesitarían atención hospitalaria en condiciones de aislamiento y 500 de estas deberían estar en cuidados intensivos. El impacto de todo esto es grande y el gobierno debería explicar con datos concretos qué previsiones tiene de la propagación del caso y qué medidas adopta.
Punto y aparte merece la situación de Cataluña, donde la inoperancia del gobierno de la Generalitat y del Departamento de Sanidad, en concreto, es clamorosa. De momento se vive de la renta de que el número de casos sea comparativamente bajo. Es una circunstancia afortunada, pero es un error confiar en ello, porque para empezar Barcelona, y el conjunto del país, es un foco turístico de primer orden y por lo tanto un factor de riesgo, como lo es la estructura exportadora del país que genera necesariamente intercambios personales. La Generalitat es la gran ausente en esta emergencia, y pone de manifiesto una vez más el problema que representa en este caso para la salud de los ciudadanos tener unos políticos que viven encerrados en la burbuja de la imaginaria república y centrados en el enfrentamiento político entre ellos.
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