El Ministerio de Igualdad, liderado por Irene Montero, ha emitido una comunicación dirigida a todas las Comunidades Autónomas con el propósito de blindar la presencia de médicos pro abortistas en los hospitales públicos que no tengan inconveniente en realizar esta práctica. En caso necesario, se contempla la contratación de profesionales médicos.
De esta manera, el Ministerio busca asegurar que todas las regiones implementen de manera «urgente» las medidas relacionadas con la supervisión de los procedimientos abortistas, conforme a lo establecido en la nueva Ley de Salud Sexual y Reproductiva y la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
De acuerdo con información proporcionada por fuentes del Ministerio, el aspecto más destacado de esta ley sería la disponibilidad de abortos en el ámbito de la sanidad pública y en proximidad a los hogares de las madres. Para lograr ese objetivo de muerte, la Ley «incorpora diversas herramientas que todas las CCAA tienen la responsabilidad de implementar con el fin de garantizar los derechos de todas las mujeres».
Mediante esta comunicación a las comunidades, el Ministerio de Igualdad busca impulsar a las CCAA a tomar las medidas necesarias para «asegurar la presencia de médicos no objetores en todos los hospitales públicos, incluso considerando la contratación» de nuevos profesionales de ética laxa.
En ese sentido, la Ley propone la creación de registros de objetores en cada comunidades autónomas, con el fin de blindar el acceso de las madres al drama del aborto, «respetando siempre el derecho de los médicos a la objeción de conciencia». Sin embargo, esa lista ha sido muy criticada porque la mera existencia de la misma contraviene el derecho a la privacidad de las ideas propias de los profesionales. ¿Por qué no plantear una lista que, contrariamente a lo que indica la Ley, contenga los médicos pro abortistas que sí están dispuestos a participar de abortos?
1 Comentario. Dejar nuevo
“médicos no objetores” es una contradicción en los términos. O una cosa o la otra. Un médico no practica abortos a petición como los que autoriza y promueve esta ley infame.
Si la ministra Montero y sus secuaces quieren dotar de matarifes a los hospitales públicos, no deberían buscar entre los médicos, sino entre los asesinos a sueldo.
Las listas, por supuesto, tendrían que ser, no de médicos objetores, sino de profesionales del crimen organizado especialmente entrenados para quitarles la vida, con premeditación y alevosía, a los seres humanos más indefensos e inocentes cuyo único deseo es vivir, crecer y nacer, como hizo en su momento la ministra Montero sin que nadie se lo impidiese.