La inminente Ley de la eutanasia promovida por el Gobierno es una Ley injusta. No solo porque arrincona a las personas más vulnerables de la sociedad y en los momentos de la vida en los que las personas están más indefensas. Sino, también, porque coloca a los médicos en otra situación de indefensión, la laboral.
En ese sentido, se ha manifestado el Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM), que ha advertido al Gobierno que «no es oportuna» la creación de listados de médicos objetores, que, por razones de consciencia y de consecuencia profesional, no puedan aplicar la eutanasia a sus pacientes.
Recientemente ForumLibertas informaba sobre las afirmaciones que había realizado el presidente del Colegio de Médicos de Madrid, Manuel Martínez-Sellés, en este sentido: “Si la eutanasia no es un acto médico, se hace difícil de entender por qué se exige que la realicen los médicos. La otra opción sería crear una profesión que se dedique a esto, como en su día había la profesión de verdugo. Lo que pasa es que esto no se contempla en esta Ley”.
El Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM) señala que sus reservas entran en colisión con lo que prevé la actual proposición de ley, que se aprobará el miércoles en el pleno del Senado.
El registro de objetores de conciencia a la ley de eutanasia y suicidio asistido podría ir «en contra del derecho a la confidencialidad y la no discriminación». Por eso, en un comunicado, el CGCOM recordó que el artículo 16.2 de la Constitución preserva «el derecho de no tener obligación de declarar sobre ideología, religión o creencias», por lo que el actual articulado de la ley «podría contravenir» ese principio constitucional. Según explicó esta corporación médica, la objeción es «un acto personal», por lo que «no cabrían expresiones de grupo o colegiadas», tal como recoge el diario ABC.
La actual proposición de ley reconoce el derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario, pero ordena en el artículo 16.2 a las administraciones sanitarias la creación de un «registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia a realizar la ayuda para morir». Con este listado, el Gobierno pretende «facilitar la necesaria información a la administración sanitaria para que esta pueda garantizar una adecuada gestión de la prestación de ayuda para morir». Sin embargo, el CGCOM considera que «no supone un modo eficaz de conseguir las finalidades organizativas» que pretende.
Algunos partidos como el Grupo de la Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Compromís, Más Madrid, Geroa Bai) o el Grupo Parlamentario Nacionalista (Junts per Cat, Coalición Canaria) han manifestado en el Senado su oposición a este registro. Recuerdan que la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo también reconoce el derecho a la objeción de conciencia en relación con el aborto, sin contemplar la necesidad de crear un registro de objetores de conciencia.
El Partido Popular propone además una enmienda en la que se deje claro que la aceptación o rechazo a realizar la eutanasia es «una decisión individual del profesional sanitario, adoptada con el respeto a su libertad de conciencia», por lo que «será voluntaria y no condicionada, no suponiendo, en ningún caso, discriminación de carácter económico o laboral, no pudiendo ser criterio de contratación de personal o de desarrollo profesional».
Por su parte, el médico pro vida Martínez-Sellés ha considerado que “la eutanasia no es un acto médico, los médicos no somos verdugos, estamos para cuidar y paliar el sufrimiento de nuestros pacientes. Esta Ley quiebra esta relación de confianza”.
Martínez-Sellés participó en la Asamblea por la Vida la Libertad y la Dignidad, donde 140 asociaciones se han unido para actuar contra la deriva relativista y contraria a la vida humana del Gobierno de PSOE y Podemos.
