La Alianza en Defensa de la Libertad (ADF) presentó una demanda federal contra la administración Biden con el fin de proteger los derechos de conciencia de los médicos y mantener la autonomía de las leyes estatales pro-vida.
La acción legal surge en respuesta a la interpretación de la Ley de Tratamiento Médico de Emergencia y Trabajo de Parto (EMTALA) que obligaría a los médicos a realizar abortos en situaciones calificadas como «emergencias».
La demanda, presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos representa a la Asociación Médica Católica (CMA), una red nacional que incluye a aproximadamente 2.500 médicos y proveedores de atención sanitaria católicos.
Este grupo sostiene que el mandato de la administración Biden viola sus derechos de conciencia y excede los límites de la autoridad ejecutiva.
Contexto de la demanda
Tras la histórica decisión de la Corte Suprema en el caso Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, que anuló el precedente de Roe v. Wade y devolvió la autoridad sobre las leyes de aborto a los estados, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) emitió un memorando afirmando que EMTALA otorga al gobierno federal la capacidad de anular leyes estatales pro-vida.
Sin embargo, la ADF argumenta que la ley EMTALA no menciona el aborto y que el mandato es una extralimitación del poder ejecutivo.
Según explicó el asesor jurídico principal de la ADF, «los médicos de urgencias están capacitados para tratar condiciones que ponen en peligro la vida, como embarazos ectópicos, sin necesidad de realizar abortos electivos».
Y agregó que «el aborto electivo no es un procedimiento que salva vidas; de hecho, pone fin a la vida de un feto, y EMTALA no otorga al gobierno la autoridad para obligar a los médicos a realizar procedimientos tan peligrosos».
Un precedente legal
La ADF destaca que el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos ya ha emitido protecciones legales para médicos en Texas, un estado donde el aborto está prohibido después de que se detecta el latido del corazón del feto, alrededor de las seis semanas de gestación.
En este caso, la Corte Suprema se negó a revisar la decisión, dejando intactas las protecciones para los médicos.
La demanda presentada por la ADF busca obtener protecciones similares para los médicos y proveedores de atención médica católicos.
«Los médicos—especialmente aquellos en salas de emergencia—tienen la tarea de preservar la vida», afirmó el asesor de ADF. »
Los burócratas federales no tienen derecho a obligar a los médicos o a los hospitales a terminar con vidas no nacidas, especialmente cuando la ley que citan no les otorga tal autoridad».
Debate sobre el alcance de EMTALA
Los abogados de la ADF argumentan que EMTALA está diseñado para garantizar atención médica de emergencia a mujeres embarazadas y sus hijos no nacidos, no para imponer la realización de abortos electivos.
La Asociación Médica Católica sostiene que el mandato de la administración Biden obliga a los médicos católicos a actuar en contra de sus convicciones religiosas y éticas.
Además, el caso subraya una creciente tensión entre los derechos de los estados y el poder del gobierno federal en la regulación del aborto, particularmente después de la decisión de Dobbs, que transformó el panorama legal en torno al tema.
La demanda de la Asociación Médica Católica contra el Departamento de Salud y Servicios Humanos pone de relieve un conflicto fundamental entre los derechos de conciencia, las leyes estatales pro-vida y el alcance del poder federal.
Mientras la batalla legal avanza, se espera que los tribunales determinen si EMTALA puede ser interpretada como una herramienta para imponer el acceso al aborto o si, su propósito se limita a garantizar la atención médica de emergencia sin comprometer las creencias éticas de los médicos.
