Si este miércoles 8 de agosto el Senado argentino resolverá sobre la aprobación del aborto, antes del 15 será el Constitucional de Costa Rica quien decidirá sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. En la mayor parte de América Latina, al igual que sucede en Estados Unidos, las instancias constitucionales juegan el papel de una tercera cámara legislativa, en el sentido que pueden obligar al legislativo a aprobar determinadas leyes.
Esta es la vía que el lobby del homosexualismo politico ha escogido para la penetración del matrimonio homosexual en América Latina: las minorías de las cupulas judiciales, conscientes, como sucede en Costa Rica, que la mayoría de la población es contraria a tal mutación del vínculo matrimonial, consiguen el cambio legislativo, aunque la mayoría este en contra. No deja de ser una paradoja que sean los jueces quienes acuerden vulnerar un principio elemental de la justicia: no tratar como igual lo que es diferente.
Este argumento, que se utiliza en el caso del feminismo de genero para exigir que en los cuerpos militares las pruebas físicas y la altura mínima para ser admitida sean diferentes para las mujeres, a pesar de que lógicamente la necesidad especifica del servicio puede requerir unas condiciones físicas determinadas, con independencia de si se es hombre o mujer, no se aplica en el matrimonio homosexual. En un caso se dice, una mujer es distinta a un hombre y no se le puede exigir los mismo, en el otro, se dice da igual que sea un hombre y una mujer o dos hombres, es lo mismo.
La pieza mas importante que cazó el lobby del homosexualismo politico fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que precisamente tiene su sede en Costa Rica. Este organismo insto el 9 de enero a legalizar las uniones homosexuales, sentado así un precedente legal, aunque la mayoría democrática del país lo rechace, como sucede en Costa Rica. Es un ejemplo mas como las elites de la globalización que controlan instancias supranacionales, carentes de legitimidad democrática, empujan a adoptar acuerdos en contra precisamente de la voluntad democrática y popular. La democracia solo sirve cuando les sirve.
Solo 26 países del mundo y algunos estados federales de México reconocen el matrimonio homosexual, sobre un total de 193 países miembros de Naciones Unidas, es decir menos del 15%, y prácticamente todos ellos concentrados en Europa y Norteamérica, con la excepción mexicana ya apuntada. Solo Sudáfrica constituye una excepción a la concentración occidental. Es una obviedad que este tipo de matrimonio es una excepción en el mundo, a pesar de la acción de los grupos de presión a lo largo de estos últimos 20 años.
Es una constatación más que nada tiene que ver con la Declaración y Pactos sobre Derechos Humanos, una evidencia que se desprende de su simple lectura. Como es una paradoja que al mismo tiempo que se asume como un derecho universal algo tan minoritario y ajeno a la historia del matrimonio, estos mismos países rechacen el reconocimiento al matrimonio islámico legal para mas de 1500 millones de personas.