El divorcio es una máquina de engendrar pobreza y, además, la feminiza. En EE.UU. los hogares tienen ingresos familiares muy por debajo de los que logran familias biparentales. Es lógico que así sea, y no hay razón para pensar que en Europa suceda de otra manera. Distintos estudios, ya desde los años ochenta, analizan la disminución del ingreso familiar producto del divorcio en un rango que se sitúa entre un 28 a un 42%. Según sea el umbral de partida de la renta del hogar, la caída de uno de los dos nuevos hogares resultantes, y en algunos casos, los dos, en condiciones de pobreza resulta ineludible.
El estudio «Monoparentalidad y exclusión social. Estrategias de supervivencia y bienestar desde una perspectiva de género», realizado por un equipo de investigación de la Universidad de Barcelona y dirigido por la doctora en Sociología Elisabet Almeda Samaranch, revela, entre 2008 y 2010, un destacado aumento de estos grupos monoparentales pobres. El porcentaje de las familias monoparentales encabezadas por hombres, que alcanza el 19,1%, sigue siendo una parte pequeña. Pero no se trata solo de la falta de ingresos que sufren las mujeres divorciadas, sino de sus dificultades para estabilizar su situación laboral y de la vivienda.
Si en una familia con dos hijos trabajan los dos progenitores con unos ingresos de 1.200 euros cada uno de ellos, los ingresos familiares serán de 2.400 euros. Los gastos medios mínimos de una familia en España son: 600 euros de vivienda, 200 euros de gastos de suministros y transporte y 400 euros de gastos de alimentación, antes del reciente y gran impacto inflacionario. Con los 2.400 euros podrán hacer frente a los 1.200 euros de gastos mínimos esenciales. Pero si se separan, la duplicación o casi de gastos de vivienda y unas menores economías de escala en los otros gastos, puede conllevar una situación de insuficiencia económica.
El divorcio abre la pendiente hacia una situación de pobreza relativa, porque reduce los ingresos y aumenta los gastos al pasar de un hogar a dos. Esto son evidencias, pero a pesar de ellas, en nuestra cultura el divorcio se sigue percibiendo como un acto eminentemente positivo.
El último estudio publicado sobre el coste público total del divorcio data del 2011, y sirve para poner cifras a la factura que paga toda la sociedad. El resultado, si bien se refiere a un país tan grande como Estados Unidos, es de una magnitud extraordinaria: 112 billones de dólares al año. El que sean billones americanos no menoscaba la dimensión espectacular de la cifra (el billón americano equivale a mil millones, lo que en español, francés e Italiano se llama millardo, y no se corresponde con el billón europeo, un uno seguido de 12 ceros).
Aquel coste es el agregado de los gastos fiscales dirigidos a prevenir la pobreza, programas de educación, costes judiciales, así como los menores ingresos fiscales causados por las personas, que, como consecuencia del divorcio, pierden una parte de su renta, algunos hasta quedar reducidos a la condición de pobres. La mayor parte corresponde al nivel federal, 112 billones de dólares; 70,1 billones se generan en el nivel estatal, y 8,5 billones, en el local. Esta dimensión del problema explica el crecimiento de algunos programas públicos dirigidos a educar para una mayor estabilidad matrimonial, como los casos de Texas, que ha invertido 15 millones de dólares en un programa de dos años, y el de Oklahoma.
En el año 2009, el Institut of Marriage and Family Canada hizo pública una investigación, Opciones Privadas, Costes Públicos: Cuánto nos cuestan a todos las Familias Rotas, en el que se detallaba el impacto económico del fracaso matrimonial en la sociedad canadiense. El resultado en términos de gasto del gobierno para el año fiscal 2005-2006, y centrado fundamentalmente en las ayudas a familias rotas, ascendía a 7.000 millones de dólares canadienses, equivalentes a 4.729 millones de euros. Obsérvese que en este caso no se contabilizaban las reducciones de ingresos fiscales, a diferencia del estudio anteriormente citado, de Benjamin Scafadi, sobre Estados Unidos.
En la investigación canadiense se constataba una vez más algo tan conocido como el hecho de que era la mujer quien salía más perjudicada de la ruptura. No deja de ser una amarga paradoja que la generalización del divorcio, concebido como un gran instrumento liberador de la mujer, por el feminismo de segunda generación liderado por Betty Friedan, sea el principal agente generador de la pobreza femenina. Claro que la señora Friedman y sus colegas tendían a percibir los problemas y las soluciones a través de sus propias historias personales como todo el mundo y, por tanto, con ojos de mujeres blancas y burguesas de los suburbios pudientes de las ciudades americanas consumidas por el aburrimiento, y sin conciencia de la exigencia, en ocasiones explotación, del trabajo, especialmente femenino.
«Cuando las familias fracasan, como con tanta frecuencia ocurre hoy en día, nos queda al resto de nosotros, a través de las agencias e instituciones del gobierno, el pagar estos fracasos», apunta el informe.
«Las rupturas familiares son mucho más que un asunto privado, puesto que son una parte vital de la sociedad», subraya el documento que evidencia «la gran pérdida de autoestima y la sensación de desamparo por depender de la ayuda social» de las personas que se encontraban en esta situación. El Instituto añadía que las rupturas familiares llevan a lo que se ha descrito como las tres Des: «disolución, disfunción y falta de «dad» (papá)».
El organismo explica que cuando se liberalizó la ley del divorcio en Canadá se asumió, en general, que lo que era bueno para los padres sería bueno para los hijos, aunque admite que se ha observado que en numerosos casos no es así: «El punto a debatir no es si la falta de los progenitores casados importa de cara a los hijos, sino más bien qué se puede hacer cuando esto ocurre». También manifiesta su preocupación porque la proporción de familias con los dos progenitores casados está disminuyendo de modo inequívoco, con el consiguiente impacto negativo para la actividad económica, ya que los adultos casados tienden a generar más ingresos por impuestos que los que surgen de matrimonios rotos.
Cambiemos de coordenadas geográficas para acudir a otro país con tradición en los estudios sobre el efecto de los divorcios. Es el caso del Reino Unido.
Se trata de un informe del Centre for Social Justice de Londres, que situaba el coste anual de las rupturas familiares en 20.000 millones de libras, lo que equivale a unos 24.806 millones de euros. Otra fuente, la British Relationships Foundation, descrita como un think tank independiente dedicado a la promoción y mejora de las relaciones para una sociedad más fuerte, situaba el coste de las rupturas familiares en 37.030 millones de libras, unos 47.341 millones de euros al año.
De cada dos divorcios, uno registra por parte de sus miembros una substancial reducción de ingresos. Uno de los estudios más citados es el de L.J. Weitzman que concluye: «Para la mujer que se divorcia, el resultado es generalmente penuria, empobrecimiento y desilusión. Esta investigación muestra que, en promedio, la mujer divorciada y sus hijos menores que están en la casa experimentan, en el primer año después del divorcio, una disminución en su estándar de vida de un 73 por ciento. Por el contrario, sus anteriores maridos experimentan un alza del 42 por ciento en sus estándares de vida».
Todos estos estudios no poseen una metodología homogénea, pero sí tienen denominadores comunes, como el de los costes sociales que sufraga la administración pública, y que están ocasionados por las situaciones de dificultad que genera el divorcio en una parte de las familias desestructuradas.
También influye el grado de desarrollo de las prestaciones sociales. Cuanto más numerosas y de mayor cuantía sean, mayor será el coste para el erario público. Este hecho, así como el número de divorcios por 1.000 habitantes, explicarían también las diferencias entre el Reino Unido, con una tasa de divorcialidad elevada y amplias prestaciones sociales, y los otros dos países norteamericanos, con una menor tasa de divorcio uno, Canadá, y EE.UU. con un estado del bienestar de mucha menor dimensión que el británico.
En el Reino Unido la repercusión de los divorcios sobre los bolsillos de los ciudadanos era de unos 400€ por habitante y año en la estimación más baja, y de 745€, en la máxima. Para Estados Unidos, se situaba en los 274€ y, para Canadá, la menor, 135€. Tenemos así un margen de estimación que, en función de la tasa de divorcios y las prestaciones sociales, podemos considerar que en la mayoría de los países de la EU-15 se mueve entre los 150€ y los 400€ por habitante y año. El divorcio castiga el erario público. La cuestión nunca debatida es si esta ayuda es incuestionable o el matrimonio debería incorporar algún tipo de seguro que fuera el que diera derecho a la prestación.
Las administraciones públicas españolas nunca han llevado a cabo un estudio de los costes públicos, sociales y privados del divorcio, en una omisión tan evidente, que muestra a las claras la voluntad política de no presentar las graves consecuencias
Esta importancia del matrimonio, y de su inversa, el divorcio, para el desarrollo económico es tan evidente que forma parte del bagaje analítico de muchos estudios sobre el capital social y la calidad de vida. Así, Francis Fukuyama en La Gran Ruptura, un trabajo relacionado con la incidencia del capital social en las fluctuaciones de la situación económica en Estados Unidos y una serie de países europeos, utiliza la tasa de divorcialidad y los hijos nacidos fuera del matrimonio como factores que señalan la pérdida de capital social.
Más significativo resulta que el Índice de calidad de vida creado por Economist Intelligence Unit aplica como uno de los indicadores negativos la tasa de divorcio por 1.000 habitantes. Este índice se basa en una metodología que relaciona los resultados de encuestas subjetivas de satisfacción con la vida con datos objetivos de 111 países y territorios.
La Sociedad Desvinculada (32). Cultura desvinculada: una visión sesgada del divorcio
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