En un giro significativo hacia una educación más justa y equitativa, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha introducido cambios sustanciales en las leyes de privilegios LGTBI y Trans de la región, promoviendo así una mayor imparcialidad y profesionalismo en el ámbito educativo.
Con el registro de dos proposiciones de ley por el Partido Popular en la Asamblea de Madrid, se busca modificar las normativas establecidas durante el mandato de Cristina Cifuentes. Durante aquella época se obligó a colegios católicos a impartir ideología de género en sus aulas, aunque hubo ejemplos honrosos de resistencia como la del Colegio Juan Pablo II de Alcorcón cuya titularidad es de la Fundación Educatio Servanda y que sufrió la instigación y la persecución de las Administraciones públicas, organizaciones LGTBI y algunos medios de comunicación y al que la Justicia le acabó dando la razón.
Las actuales propuestas incluyen derogar el artículo 31 de la LEY 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual. El cambio clave es la eliminación del requisito de que las asociaciones y organizaciones LGTBI impartan charlas educativas en los colegios, privilegiando ahora la intervención de especialistas y profesionales en la materia.
Este enfoque se alinea con la visión de una educación que valora la diversidad y la inclusión, sin favorecer a ningún colectivo en particular. La nueva ley busca garantizar que todos los estudiantes reciban una educación que promueva valores de convivencia, respeto e igualdad, sin sesgos ideológicos ni discriminaciones.
No más contenidos LGTBI obligatorios
La derogación del mencionado artículo también implica que ya no será obligatorio incluir contenidos específicos de temática LGTBI en los currículos escolares, ni establecer un fondo bibliográfico LGTBI en colegios e institutos.
Esta medida busca equilibrar la representación de diferentes perspectivas y modelos familiares, asegurando una educación integral y respetuosa para todos los estudiantes, pero al menos no se arrincona la familia como institución compuesta por un hombre y una mujer.
El equipo de Gobierno enfatiza que estas reformas devuelven el protagonismo a los docentes y especialistas en educación, permitiéndoles ejercer su libertad educativa conforme al artículo 27 de la Constitución. Además, se argumenta que estas modificaciones corrigen aspectos que habrían infringido derechos fundamentales como la libertad de expresión, de prensa y educativa.
En resumen, la nueva legislación propuesta por Ayuso representa un paso adelante hacia una educación más menos discriminatoria en Madrid bajo la supuesta intención de reducir la discriminación al colectivo LGTBI, pero que, por contra, le otorgaba beneficios y privilegios.
Se busca establecer un entorno educativo donde se promueva la igualdad de oportunidades, sin privilegiar a ningún grupo sobre otro como era el caso en las leyes de privilegios LGTBI. Estos cambios reflejan un compromiso con una sociedad más respetuosa con la libertad constitucional de los padres a elegir la educación que consideren para sus hijos.
