Asociaciones cristianas se oponen a la ley de infancia «del Gobierno Gran Hermano»

La Fundación Villacisneros, la Asociación Católica de Propagandistas, la Fundación Valores y Sociedad, y la Asamblea por la Vida (constituida recientemente por 140 organizaciones) han hecho público un comunicado contra la Ley de infancia.

«Queremos dejar constancia por escrito de la gran preocupación que sentimos ante la aprobación general del nuevo proyecto de ley de protección de la infancia, que se aprobó el pasado jueves 15 de abril de 2021 con la oposición de dos partidos políticos, Vox y PNV, aunque los parlamentarios de ambas fuerzas políticas votaran “No” atendiendo a motivaciones distintas», afirman.

Las razones que han motivado su rechazo unánime del proyecto de ley se fundamentan «en la defensa de la libertad de conciencia de los españoles, en particular, la de los padres como educadores de sus hijos y la voluntad de defender la salud psíquica, moral, psicológica y social de nuestros hijos, que son el futuro de España«.

«Queremos denunciar que, aunque dicho proyecto de ley se titula -prosiguen- “Proyecto de Ley Orgánica de protección Integral de la Infancia y la adolescencia frente a la violencia”, debería, en honor a los principios que lo inspiran y concretan, llamarse “Ley de Género y Discriminación Parental”».

«Queremos expresar nuestra más honda preocupación por el escenario dramático que afecta a un número creciente de menores que residen en España y deseamos apoyar con un mayor compromiso social a las víctimas menores que se hallan en situaciones que han ido saliendo a la luz pública últimamente. Situaciones de sufrimiento injustificable que no han tenido hasta ahora una respuesta suficiente desde el punto de vista legal ni judicial. Los menores merecen un esfuerzo -si cabe, extraordinario- de los poderes públicos por llegar a ellos del modo que queden atendidos los dramas que les aflijan, como han puesto de manifiesto los casos de pederastia, abusos sexuales, pornografía infantil, auto-lesiones, suicidio inducido, violencia física o psíquica, secuestro y trata infantil», afirman.

Las asociaciones expresan su rechazo a que el proyecto de ley erija como criterio general que la educación se asiente, entre otros criterios, en “la deconstrucción de los roles y estereotipos de género” (art. 4.1.k), que la formación que hayan de recibir los profesionales que tengan un contacto habitual con las personas menores de edad verse sobre “el impacto de los roles y estereotipos de género en la violencia que sufren los niños, niñas y adolescentes” (art. 5.1.g), y, en definitiva, que el diseño de las actuaciones formativas [deberá tener en cuenta] la perspectiva de género” (art. 5.4).

Asimismo, «no queremos guardar silencio en relación con el extenso poder que el proyecto de ley da a las autoridades jurisdiccionales que, dado el contexto de inseguridad jurídica y arbitrariedad que suponen algunos artículos de este proyecto, puede abocar a la más completa indefensión de padres y menores. Nos referimos concretamente a un hecho que no se puede soslayar: el proyecto convierte la excepción (privar de la patria potestad) en un recurso frecuente ante situaciones cuyo tenor literal emplea nociones jurídicas que son cuanto menos«.

Finalmente, las asociaciones declaran «que dichos preceptos (y otros del proyecto de ley) vulneran el derecho a discrepar legítimamente y el deber de proteger a los hijos de la injerencia pública en la formación de su conciencia, sus valores y su modo de vida, y reclamamos que el legislador modifique la redacción de los artículos adaptándolos al consenso general de la sociedad civil española, sin convertir la función legislativa en altavoz de su agenda de género, cuyos postulados son básicamente ideológicos y, por consiguiente, susceptibles de revisión y crítica».