La arbitrariedad antidemocrática del gobierno de Sánchez no conoce límites y de una vez por todas requiere de una respuesta democrática masiva y una denuncia en la Unión Europea que todavía no ha tenido lugar. Y sobre todo hay que preguntarse sobre la eficacia y alcance de las instituciones políticas -los partidos de oposición off course– , de la sociedad civil y las propias instituciones eclesiales. La arbitrariedad la comete un gobierno débil porque nuestra democracia, sociedad civil y eclesial lo es todavía más. Es el mejor camino para el desastre.
El último acto que desborda el vaso de la comprensión es la aprobación por parte del Senado de la modificación del Código Penal, dirigida a “blindar” los entornos de las clínicas abortistas, con la amenaza de penas de prisión para quien lo incumpla. La ley en si misma es una arbitrariedad absoluta porque, con la excusa de no intimidar a las mujer que acuden a abortar, lo que hace es limitar gravemente los derechos de expresión y manifestación.
La Ley se aprobó en el Senado por 164 votos a favor y 105 en contra, de un total de 265 senadores.
Claro que tampoco es una sorpresa porque, cuando los confinamientos, procedieron de una manera que el Tribunal Constitucional ya calificó de anticonstitucional. ¿Y qué, si no pasa nada después? La ley y las garantías se vuelven papel mojado cuando el ejecutivo simplemente prescinde de ellas y una mayoría del Congreso lo acepta. La oposición es ineficaz para velar por el respeto democrático y a la UE solo le molesta lo que hace Polonia y Hungría.
¡Ah PNV, quién te ha visto y quién te ve!. Ahora, por un plato de lentejas de alguna transferencia, tienes el mismo comportamiento con los derechos de los demás que Bildu. ¿Dónde queda tu Jaungoikoa eta lege zaharra “Dios y ley vieja”? Tu enmienda ha permitido además que las nuevas víctimas sean perseguidas de oficio, sin necesidad de denuncia.
Con la excusa de que las personas que, en los entornos de las clínicas reparten folletos o rezan, pueden intimidad a la mujeres, los quieren castigar con la cárcel. Pero lo grave del asunto es que el tipo de delito, mal definido en la enmienda del Código Penal que procura la nueva ley, ya es contemplado en otros artículos y, por tanto, si el delito se producía ya podía perseguirse.
Entonces ¿Cuál es la finalidad de la nueva norma?
La primera es darle una forma jurídica tan indeterminada que, de entrada, permita perseguir el aleteo de una mosca si está cerca de una clínica abortista. La segunda es que, en base a esta arbitrariedad jurídica, se pueda ordenar a la policía que intervenga, mejor dicho, ha de intervenir de oficio. Basta que digan ¡Eh, que hay cuatro personas en la acera de enfrente! No importa lo que hagan para que la policía acuda y pueda identificarlos y si les place llevarlos a comisaría. Después, aunque la cosa quede en nada, no importa. De lo que se trata es de intimidar, de dar miedo, de poder llevar alguien a comisaría i retenerla durante una horas.
La cuestión ahora es qué hacer en los distintos frentes, el político e institucional, el jurídico y de defensa de los derechos fundamentales de las personas, el de la opinión, la movilización y la Unión Europea.
Esta ley que va mucho más allá del aborto, porque forma parte de la lucha por el estado de derecho, debería concitar un gran bloque social y político, con los únicos objetivos de defender a los ciudadanos, paralizar la aplicación de la ley previa a su derogación, dotar de conciencia democrática a la sociedad y denunciar el gobierno ante la UE, sin partidismos políticos, sin la pretensión de protagonismos.
O tumbamos entre todos esta ley y defendemos los derechos a manifestarse y expresarse, o este gobierno Sánchez liquidará por la vía práctica nuestra democracia, para constituir un “estado policial rosa, con ropaje liberal”
La arbitrariedad la comete un gobierno débil porque nuestra democracia, sociedad civil y eclesial lo es todavía más. Es el mejor camino para el desastre Share on X
