La violencia sexual, el gran fracaso de la ideología de género

Un editorial del periódico El País es un excelente compendio del tipo de diagnóstico que practica la ideología de género y el aparato  gubernamental que la utiliza, dado su carácter de ser su principal intelectual orgánico. El editorial del domingo 27 de noviembre de 2022 trata sobre la violencia sexual y muestra su gran preocupación por el hecho de que cada vez se encuentra más extendida y sea practicada por los jóvenes en mayor medida. A esta consideración cabría añadir que toda esta generación más joven ha sido educada de acuerdo con sus  criterios

El editorial utiliza los impactantes datos del Hospital Clínic de Barcelona, que es centro de referencia para las agresiones sexuales. Su información señala que entre enero y octubre del 2022 se produjeron 556 casos de agresión sexual, la mayoría sobre mujeres, con un pequeño porcentaje de agresiones entre homosexuales. Y aquí es necesaria una precisión. El 10% de los casos de esta naturaleza puede parecer pequeño en términos relativos en relación con el conjunto, pero es singularmente elevado si se considera que la población que se define como homosexual, según el barómetro de octubre del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat de Catalunya (CEO), es del 2,1%.

La relación entre ambas cifras establece que este nivel de agresión es 5 veces mayor entre los homosexuales que en el conjunto de la población. Este hecho señala una evidencia, que siempre se pasa por alto, porque no es políticamente correcto señalarla: la violencia sexual entre las personas homosexuales es singularmente más alta que la que existe entre hombres y mujeres. Esta consideración es útil en el plano general, porque subraya la importancia en este tipo de delitos de la falta de control sobre el deseo sexual en los varones homosexuales, que se expresa en una elevada promiscuidad, entre otros mecanismos.

El editorial referida añade que del 60% de las mujeres atendidas que han sido violadas con penetración, el 53% tenían menos de 25 años y en el 10% de todos los casos la violación fue grupal. Se trata, por tanto, de un deseo desordenado que eleva la práctica sexual a la categoría de violencia brutal, y que tiene una prevalencia elevada en la población más joven.

El País señala que aquellos datos son confirmados por otras fuentes, como las estadísticas del INE y el Observatorio Estatal de Violencia sobre la mujer.

Asumida por los propios defensores de las actuales políticas, enfoques e ideologías, unas conclusiones son claras y relevantes:

1. La violencia sexual crece, lo hace especialmente entre la población más joven, menor de 35 años, a pesar de que la mayoría han sido educados desde 2005 en la llamada “perspectiva de género” y sus leyes. De acuerdo con estas evidencias, la estructura agresora práctica, el patriarcado, tendría sus mejores exponentes en los más jóvenes, lo cual es objetivamente una contradicción cuando hace años que la ideología de género es, caso singular, doctrina de estado.
2. Todo ello a pesar de que es objeto de las políticas públicas prioritarias desde hace más de una década y dispone de grandes recursos.
3. En el periodo 2007-2017, solo en materia de prevención se han gastado más de 250 millones. Pero es que a partir del 2018 la cifra se dispara hasta los más de 160 millones al año. Es el periodo que corresponde a los gobiernos del Presidente Sánchez. Naturalmente, las partidas son mucho más numerosas y dispersas. Un capítulo no cuantificado es el de las subvenciones y convenios de las distintas Administraciones Públicas. España es uno de los pocos países de Europa donde la policía, los juzgados y la Fiscalía tienen ámbitos especializados en este tipo de violencia. Los 160 millones en prevención son en realidad una pequeña punta del iceberg.
4. A pesar del crecimiento de los abusos sexuales, España pertenece al grupo donde la violencia sexual contra la mujer es menor, junto con Polonia, Austria, Croacia, Eslovenia, y Malta seguidos de otros que comparten el denominador común de su sustrato católico, Portugal, Irlanda, Italia. Mientras que alcanza máximos, más del doble que España, allí donde el estereotipo asigna una mayor igualdad a la mujer y el ateísmo, agnosticismo y las personas no religiosas poseen porcentajes mayores, e históricamente comparte una raíz religiosa reformada: Reino Unido, Francia, Países Bajos, Suecia, Finlandia y Dinamarca.
5. Las encuestas regulares que a lo largo del año practica el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) con sus “Barómetros” y en el apartado “La percepción de los principales problemas de España”, se constata que este tipo de violencia solo es apuntada como uno de los tres problemas más importantes por una proporción muy pequeña, que oscila entre cifras menores a la unidad y el tres por ciento. Si solo se selecciona el primer problema, entonces la magnitud decae hasta convertirse en marginal y entre el 0,1 y el 0,3% de las respuestas lo señala. Las únicas excepciones, como flores de un día, solo aparecen cuando el gobierno desencadena una gran campaña mediática, como sucedió cuando logró algo más del 6% en 2004 a causa de los debates de la preparación de la ley integral contra la violencia de género.
6. Es de los países de Europa con menos violencia sexual, no existe una preocupación importante en la opinión pública, y solo crece un poco cuando el gobierno y los medios de comunicación lo convierten en un gran debate. La conclusión es clara: los defensores de esta teoría necesitan mantener, en la comunicación y el espacio público, una elevada tensión sobre este tipo, porque, si no, la dimensión real del problema lo hace desaparecer del estado de opinión ciudadana. Esto contribuye a explicar muchas cosas.
7. España y sus comunidades autónomas presentan un nivel de legislación, medidas y recursos dedicados a la violencia de género, que la convierte en una anomalía europea a pesar de no estar ni de lejos entre los más afectados. No hay una buena relación entre coste y gravedad del problema, que a su vez oculta otro tipo de violencias muy extendidas, como las que existen contra menores y la gente de más edad.
8. Además, España es el país penalmente más punitivo en este tipo de delito. Un homicidio intencionado se castiga con una pena de 10 a 15 años, torturas graves de 2 a 6, pero una violación a una adulta puede alcanzar entre los 11 y 15 años de pena, mayor que en los otros casos. Este tipo de penas son desproporcionadas para muchos expertos, mientras otros se refieren a ellas como “populismo punitivo”. El mainstream de la justicia penal considera que una mayor dureza no reduce los delitos, en todo caso solo sirve para convertir al delincuente ocasional en uno más experimentado. Lo importante es la restitución a la víctima y la recuperación del delincuente, y no la conversión del Código Penal en un código de venganza o del “ojo por ojo y diente por diente”.

Concluyendo: el resultado de todo ello es un fracaso espectacular, que siempre intentan ocultar, apelando a más castigos, más leyes, más dinero.

Hay que decir de una vez por todas que las políticas que se vienen desarrollado no mejoran la situación, sino que la empeoran, que la mujer es perjudicada y no beneficiada, y que los únicos beneficiarios son los partidos, los “chiringuitos” que viven de ello y los grupos de presión que han encontrado en esta ideología tan artificial una cobertura para su desnudez de proyecto político realmente regenerado de la sociedad.

O acabamos con esta política de género o ella acabará con nuestra sociedad.