La Unión Europea renuncia a la introducción de la tasa Google, el famoso impuesto digital para las grandes tecnológicas. Los opositores a la medida fueron Irlanda, Suecia, Finlandia y Dinamarca, que prefieren una solución global en el ámbito de la OCDE y, además, se muestran en contra de trasladar la carga impositiva al consumo en vez de mantenerla sobre la producción. Esto impide lograr la unanimidad necesaria para aprobar el impuesto.
Los cinco países grandes (Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y España) se pusieron de acuerdo de inmediato para impulsarla. Sin embargo, el Gobierno de Angela Merkel titubeó. Para devolverlo al debate, Francia propuso primero que fuera temporal hasta alcanzar un acuerdo en el marco de la OCDE; posteriormente aceptó dar dos años de margen para alcanzar un pacto global, y finalmente, acató que se dejaran fuera las actividades de intermediación y datos. Sin embargo, Irlanda, Suecia, Dinamarca y Finlandia siguieron enrocados en su rechazo a la tasa.
Esos países insisten en su rechazo a la medida, a pesar de que en diciembre los Veintiocho habían acordado reducir su alcance para gravar solo la facturación por servicios de publicidad de las grandes empresas digitales.
«¿Qué le pasaría al crecimiento global si empezamos a aplicar los impuestos sobre el consumo en lugar de donde se crea el valor añadido? ¿Qué les pasaría a las inversiones en las empresas si empezamos a aplicar impuestos sobre la facturación?», alertó la ministra sueca de Finanzas, Magdalena Andersson, durante el debate.
La llamada tasa GAFA (por las siglas de Google, Apple, Facebook y Amazon) era una de las propuestas estrella no solo de la Comisión Europea, sino también de países como Francia y España. El impuesto estaba ideado para tapar los agujeros que hallan los negocios digitales para reducir su factura fiscal. Según datos del Ejecutivo comunitario, las empresas tradicionales abonan una tasa impositiva media del 23,2%, casi el triple (9,5%) de las tecnológicas. Por ello, Bruselas propuso gravar con un tipo del 3% el volumen de negocio de las plataformas de publicidad online, intermediarias o de venta de datos que facturen más de 750 millones de euros a nivel mundial y 50 millones en Europa.
La ministra española de Economía, Nadia Calviño, también habló de «una oportunidad perdida» y afirmó que «merecía la pena» aprobar el impuesto incluso en su versión reducida, puesto que tener un enfoque común habría dado más peso a la UE en la negociación en la OCDE. Calviño señaló que España no renuncia a tener este impuesto a nivel nacional en el futuro.
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