El pasado 1 de octubre, en plena refriega de acuerdos y decisiones del Consejo de Ministros socialista para acelerar la exhumación de Franco, tras haber intentado los contactos formal e informalmente a través de los máximos responsables de Patrimonio Nacional, un grupo de altos funcionarios de ese organismo del Estado acudieron a visitar la basílica del Valle de los Caídos. Era lunes, que es el día en el que el mausoleo está cerrado al público.
El prior Cantera de la orden benedictina que cuida del templo no fue avisado de esa visita institucional. Al día siguiente, 2 de octubre, remitió una carta al presidente de Patrimonio. Comenzó por transmitirle su “honda preocupación y consternación por unos hechos sin precedentes en los 60 años que lleva la Comunidad Benedictina en el Valle”. Y calificó los hechos “de una extraordinaria gravedad y merecedores de reproche jurídico”. Cantera sostenía que la basílica pontificia “está protegida por el Derecho Fundamental a la libertad religiosa y de culto, consagrada su inviolabilidad frente a injerencias y entradas no consentidas de poderes públicos” y remachó que en la misma “está reservado el Santísimo Sacramento”.
El padre Cantera aprovechó para cuestionar directamente la presencia de la subsecretaria por revelar “falta de imparcialidad, objetividad o, lisa y llanamente, que ya sabe cómo va a terminar su instrucción” del expediente del caso. En su conclusión, el responsable eclesiástico del templo arguyó que ese acceso sin avisar al interior de ese lugar sagrado “no es ni lícito ni legítimo”. Y por ello requirió “formalmente” al presidente del organismo que le hiciera entrega “de las llaves de la basílica y de las demás del conjunto monumental que pudieran estar en su poder”.
La respuesta: una normativa franquista que rige el Valle de los Caídos
El presidente de Patrimonio contestó al día siguiente. Primero argumentó, con la ley reguladora del organismo de 1982 y varias disposiciones adicionales, que su visita se ajustaba a sus competencias. Además, utilizó el artículo 8 del reglamento franquista (1959) de la fundación que regula el Valle, donde se señala que le corresponde la responsabilidad de la administración e inspección de los bienes de todos los edificios de Cuelgamuros. Y que el artículo 6 le encomienda “los servicios, trabajos y obras de conservación y reparación” a instancias del abad “o motu proprio sin requerir autorización previa”.
El presidente finalizó comunicando al prior que en virtud de esas funciones “no puede accederse a su solicitud de entrega de las llaves” para ello utilizó una singular contradicción: la regulación establecida por el gobierno del dictador que desea exhumar.
2 Comentarios. Dejar nuevo
El odio aturde el razonamiento. «Odio todo lo que haya dispuesto Franco, pero no os entrego las llaves porque Franco así lo dispuso».
Actitud igual a la que asumen los que atacan a los católicos. «Sois idiotas por seguir las enseñanzas de la Iglesia». Pero si los católicos contraatacan, aquéllos dicen: «Calmaos, que la Iglesia enseña que hay que poner la otra mejilla».
¡Caramba! Si es idiotez obedecer esas enseñanzas, ¡cómo pueden pedir que se obedezcan!