El pasado 25 de enero informábamos sobre la desigualdad social en España, según un estudio de Oxfam Intermón que advertía de que “nuestro país sigue siendo el cuarto más desigual de la UE” y de que la brecha entre los más pobres y los más ricos se sigue ensanchando.
En ese mismo estudio, ‘Desigualdad 1 – Igualdad de oportunidades 0’, esta ONG advierte de que la protección social en España está cayendo en el olvido y de que tres de los indicadores de esa protección social, la exclusión social, la familia y la infancia, y la vivienda, apenas cuentan con ayudas.
De hecho, España “dedica a la protección social de la infancia” casi la mitad de lo que invierte la media de los países de la UE y a exclusión social una tercera parte; mientras aparece a la cola de los países europeos en cuanto a redistribución de la renta nacional.
5º peor puesto en transferencias sociales
El estudio recuerda que las políticas públicas en protección social son las más efectivas para reducir la desigualdad. Al respecto, en 2016 y con datos de Eurostat, “las transferencias sociales fueron responsables de un 32% de la reducción de la desigualdad de ingresos en España”, según el Índice de Gini.
“Sin embargo, el Estado español es el quinto de la UE en menor aprovechamiento de las transferencias públicas para redistribuir la renta nacional”, destaca el informe.
Con menor porcentaje que España solo aparecen Letonia, Bulgaria, Lituania y Estonia, como se puede observar en el siguiente gráfico, reproducido a partir del estudio y que muestra en porcentaje la “reducción del GINI por transferencias públicas en 2016”.
Así, ese 32% se queda corto en comparación con el 40,3% que reducen la media de países de la Unión Europea, es decir “8 puntos porcentuales menos que la UE y muy por detrás de países como Suecia (52,2%), Finlandia (47,5%) o Alemania (46,8%), que reducen su desigualdad a la mitad”, como se ve en el gráfico.
“Dentro de todas las transferencias públicas, las pensiones de jubilación ocupan un lugar predominante por su cobertura, por la cantidad de recursos destinados y por su incuestionable impacto. No en vano y según multitud de análisis, han sido las personas pensionistas las más protegidas durante la crisis y las que se han hecho cargo de necesidades de hijos e hijas, nietos y nietas”, añade el estudio.
“Por lo tanto, es necesario analizar la capacidad redistributiva tanto de las pensiones como del resto de transferencias para entender más las debilidades del sistema de protección social a la hora de redistribuir ingresos y propiciar la movilidad ascendente de las personas que viven en pobreza”, concluye en este apartado.
La infancia y la familia, sin apenas protección social
En este contexto, el estudio analiza las funciones de las distintas transferencias de protección social que el sistema español destina para paliar la desigualdad social en España.
Eurostat permite clasificar y comparar la protección social en los países de la UE en función de las inversiones que los estados hacen para atender cuestiones como: “enfermedad, discapacidad, pensiones, desempleo, exclusión social, familia e infancia, supervivientes (viudedad y orfandad) y ayudas para la vivienda”.
En ese sentido, el informe considera que al comparar la inversión española con la media europea y con la de un grupo seleccionado de países de referencia, “se constata que en nuestro país son insuficientes los gastos en funciones que potencialmente tendrían un gran impacto positivo en la reducción de la pobreza y, por tanto, en la redistribución de ingresos”.
“así, mientras que en España el 28,3% de los niños y niñas vive por debajo del umbral de la pobreza; nuestro Estado dedica a protección social de la infancia un punto menos de PIB que la media UE-28, la mitad que el Reino Unido y casi una tercera parte de lo que dedica Dinamarca a este ámbito, como muestra este segundo gráfico.
En concreto, a familia e infancia el Estado español dedica un 1,3% del PIB, mientras que la media de la UE lo hace casi el doble (2,4%); Alemania el 3,2%; Francia el 2,4%; y Dinamarca el 3,5%, como se ve en el gráfico.
Esto conlleva que “crecer en la pobreza limite las opciones de estos niños y niñas, reduciendo la movilidad social e incrementando la transferencia intergeneracional de la pobreza”, advierte el estudio.
Al mismo tiempo, “teniendo en cuenta que la cantidad de hogares que no tienen ningún tipo de ingresos asciende a 617.000, resulta llamativo que la inversión española en transferencias contra la exclusión social sea de un 0,2% del PIB”. La media europea es del triple (0,6%); la de Alemania, el doble (0,4%); Francia invierte el 1% del PIB; y Dinamarca el 1,5%, como se ve en el gráfico.
En cuanto al porcentaje que se invierte en vivienda, España invierte un exiguo 0,1%, mientras el resto lo hace en estos porcentajes: la media de la UE (0,5%), igual que Alemania; Francia el 0,8% y Dinamarca el 0,7%.
“El resultado de estas debilidades de nuestro sistema de protección social es que acaba siendo una inversión tremendamente regresiva: más fondos acaban en manos de la población más enriquecida, y menos en las de las personas que tienen más necesidad de protección”, sentencia el estudio.
Ineficiencia para reducir la pobreza
Por todo ello, la limitada capacidad redistributiva del Estado español y la escasa protección social que se concede a las familias y la infancia “se materializa en una limitada capacidad de sacar a las personas de la pobreza”, denuncia el informe.
Al respecto, un tercer gráfico nos muestra cómo, “excluyendo las pensiones del análisis, mientras que la media europea de reducción de la tasa de pobreza relativa gracias a la protección social es del 33,2%, en España esta reducción fue sólo de un 24,41% en 2016, según datos de Eurostat”.
“No rescatamos a tantas personas como nos permite hacerlo nuestra situación económica”, denuncia el estudio, que añade que resulta paradójico que siendo España “la quinta economía más grande de la UE”, aparezca en el gráfico en el puesto 8 por la cola, o sea como un país “ineficiente en la reducción de la pobreza”.
En relación a los países del entorno, solo Italia (21,37%) y Portugal (24%) muestran peores porcentajes. En cambio, Alemania (34,78%), Francia (42,37%), Holanda (42,53%), Reino Unido (43,42%), y Austria (46,39%) mejoran ostensiblemente la capacidad de España para reducir la pobreza gracias a las transferencias públicas.
“Finlandia (57,04%), Dinamarca (52,21%) o Irlanda (52,16%), más que duplican nuestra capacidad y reducen la pobreza en más de 1 de cada 2 personas. El Estado español no la reduce ni a una de cada 4”, concluye el estudio.
