La ocupación de la política de otros territorios que no le pertenecen, provoca una distorsión en la vida pública que puede acabar con la convivencia pacífica de una comunidad. En esta semana hemos visto dos ejemplos muy diferentes pero muy clarificadores de este problema.
La política es el arte del gobierno de lo que compartimos, la gestión de lo público buscando el bien común. La primera experiencia de bien común la tenemos en la familia, donde los intereses privados de sus miembros se desarrollan a la vez que se supeditan al bien compartido. Pero quizá la primera experiencia pública donde se pone en juego el bien común es en la vecindad.
Por ejemplo, en una comunidad de vecinos. Cada uno es responsable de su vivienda, pero es necesario articular la gestión de las partes comunes: el portal, la escalera, el ascensor… Todos tienen que colaborar en el mantenimiento de las partes comunes, repartiendo equitativamente los gastos (aunque unos las usen más que otros) y poniéndose de acuerdo en las decisiones. Los vecinos deberán respetar las decisiones comunes, y la comunidad deberá respetar la independencia de cada uno de los vecinos.
¿Qué ocurriría si unos pocos vecinos se adueñaran de las decisiones de la comunidad? ¿O si la comunidad se entrometiera en la vida privada de los vecinos?
Serían comportamientos inaceptables que no se pueden consentir.
La política debe restringirse al gobierno de lo común, respetando los límites que la separan de los saberes profesionales, la conciencia personal y la vida privada de cada ciudadano. Saliendo de ese ámbito, la política se degrada y se convierte en imposición y tiranía.
Hace pocos días se celebró la gala de los Premios Goya, que valoran los méritos de las producciones cinematográficas españolas. Un año más, la política ocupó el territorio del arte y la industria del cine, creando la sensación de sufrir la imposición de un pensamiento único, donde no cabe el debate ni el diálogo, solo la distinción maniquea entre «lo bueno» (lo impuesto por la organización) y «lo malo» (lo de los otros). Una constatación de cómo la ocupación política de lo profesional puede bloquear los ambientes de diálogo tan necesarios para la convivencia en una sociedad plural.
Otro caso muy diferente, pero con comportamientos paralelos, ha sido la actuación del Tribunal Constitucional sobre la Ley del Aborto del 2010. Ya el retraso de casi doce años en la resolución de la demanda define la extorsión de la contaminación política de lo que debería ser un análisis jurídico de una cuestión de derechos fundamentales llevado a cabo por profesionales de la judicatura. No ha sido así. Los intereses de los principales partidos han pesado más que los argumentos jurídicos. Así, entre los magistrados se incluyen personas que han ostentado responsabilidades políticas o han participado en el proceso legislativo de la ley denunciada, y no se han excluido de la discusión. Parece ser que la jurisprudencia de sentencias anteriores ha sido ignorada y sus argumentos olvidados.
En ambos ejemplos, la política partidista ha invadido el ámbito de la profesionalidad, en un caso de los cineastas, en el otro el de los magistrados, y no queda ahí la cosa, la mancha se extiende cada vez más a todos los ambientes profesionales.
No solo son comportamientos inaceptables, sino que conducen a una parálisis social.
La sociedad necesita profesionales que respondan a los problemas sociales con una conciencia recta e independiente y un conocimiento profundo de su profesión. Convertirse en esclavos de una directriz política les humilla y les convierte en responsables del deterioro de nuestra sociedad.
