La pendiente resbaladiza de la eutanasia es real

Reproducimos el interesante artículo de John Keown profesor en el Kennedy Institute of Ethics en la Universidad de Georgetown publicado en ABC Religion & Ethics:

La ley del estado de Victoria, en Australia, que permite el suicidio asistido por un médico (PAS) y la eutanasia voluntaria (VE) entró en vigor en junio del año pasado. Es posible que otros estados, en particular Australia Occidental, pronto sigan el ejemplo.

Todos los australianos, ya sean legisladores o votantes, harían bien en reflexionar sobre la advertencia del ex Primer Ministro Paul Keating, cuando se estaba debatiendo el proyecto de ley en 2017, de que la eutanasia voluntaria señala una línea roja que Australia no debería cruzar. Advirtió que, una vez que se permita la terminación de la vida, aumentará la presión para una mayor liberalización sobre la base de que la ley discrimina a quienes se les niega el suicidio asistido y la eutanasia voluntaria. «La experiencia de otras jurisdicciones», añadió, «sugiere que las presiones para una mayor liberalización son irresistibles».

Su artículo provocó una respuesta crítica de los «verificadores de hechos» de ABC/RMIT, quienes concluyeron que en la mayoría de lugares en los que la ley se había relajado «poco ha cambiado en cuanto a las prácticas permitidas o a quién puede acceder a la muerte asistida».

Se equivocaron. Mi libro Eutanasia, Ética y Política Pública, proporciona una amplia evidencia del extranjero que confirma las preocupaciones de la pendiente resbaladiza.

El argumento de la pendiente resbaladiza sostiene que el suicidio asistido y la eutanasia voluntaria no deben ser legalizados porque ni las recetas de drogas mortales, ni las inyecciones letales, pueden ser controladas eficazmente por la ley. Esto es por dos razones distintas: prácticas y lógicas.

En la práctica, no es factible elaborar criterios jurídicos (como «sufrimiento insoportable» o «enfermedad terminal») con suficiente precisión, ni tampoco, aunque lo fuera, vigilarlos. Lógicamente, los argumentos morales para las prescripciones letales para los «enfermos terminales» son también argumentos para las inyecciones letales a pacientes que son enfermos crónicos.

Además, el argumento moral a favor de las inyecciones letales para pacientes competentes es también un argumento a favor de las inyecciones letales para pacientes incompetentes como los niños: la falta de autonomía del paciente no anula el deber de beneficencia del médico. Si algunos pacientes competentes estarían «mejor muertos» por su sufrimiento, también lo estarían algunos pacientes incompetentes. Hay, entonces, un vínculo lógico entre la eutanasia voluntaria y la no voluntaria.

La perturbadora experiencia en el extranjero ilustra la fuerza tanto del argumento práctico como del lógico. Las leyes permisivas no han logrado asegurar un control eficaz, ya sea en los Países Bajos o Bélgica (y ahora en el Canadá), donde están permitidos la eutanasia voluntaria y el suicidio asistido, o en los estados de los Estados Unidos, como Oregón, que sólo permiten el suicidio asistido. Cinco puntos mostrarán que la conclusión de los «verificadores de hechos» de que «poco ha cambiado» está muy lejos de la realidad.

Primero, eutanasia voluntaria y suicidio asistido se legalizaron en los Países Bajos en 1984 (no en 2002 como afirman los «verificadores de hechos») a través de un fallo de la Corte Suprema de los Países Bajos. En 1996, ilustrando la pendiente lógica, los tribunales holandeses declararon legal el infanticidio (los «fact checkers» consideran con razón que se trata de una liberalización de la ley, aunque afirman erróneamente que el infanticidio «sigue siendo ilegal»).

En segundo lugar, los «verificadores de hechos» interpretan que la «mayor liberalización» significa que un gobierno ha tomado medidas para ampliar el acceso a actividades legalmente protegidas. Pero esto ignora la realidad de que la interpretación de la ley puede volverse más permisiva, ya sea por los tribunales, los comités de revisión o los médicos, incluso en ausencia de una enmienda a la norma. Y esto es lo que ha sucedido en los Países Bajos y en Bélgica.

El profesor Theo Boer, por ejemplo, antiguo miembro de un comité de revisión de la eutanasia holandesa, ha cambiado de opinión sobre la ley. Señala el dramático aumento en el número de personas y la significativa ampliación de los grupos, que se extiende a los pacientes con enfermedades mentales, trastornos de la vejez y demencia. La oferta ha estimulado la demanda, la eutanasia se ha normalizado y ha habido un cambio de paradigma. Algunas pendientes, advierte ahora, son realmente resbaladizas.

Se puede añadir que, desde 1984, las encuestas oficiales holandesas han mostrado que miles de pacientes han sido asesinados sin una petición explícita, y miles de casos no han sido reportados por los médicos a los comités de revisión requeridos para comprobar cada caso. ¿Por qué deberíamos esperar que el «comité de revisión» del estado de Victoria sea más efectivo para asegurar que se cumplan los criterios legales y que todos los casos sean reportados?

Tercero, observan que Bélgica flexibilizó su ley para permitir a los niños acceder a la eutanasia y declaran que esta fue la única liberalización acaecida. No es así. Aunque la legislación belga se limitó deliberadamente a la eutanasia voluntaria, la comisión de revisión ha decidido aprobar los casos de suicidio asistido. Y, como sucedió con los comités holandeses, la comisión ha permitido una interpretación cada vez más elástica de los criterios.

Cuarto, escriben que el gobierno canadiense, habiendo legalizado el eutanasia voluntaria y el suicidio asistido, solicitó estudios en relación al acceso de menores maduros, enfermos mentales y por voluntades anticipadas, pero que estos son sólo «potenciales cambios legislativos». Cierto, pero ¿por qué encargar tales estudios a menos que se esté considerando la posibilidad de ampliar la ley? Y eso cuando los criterios existentes ya están siendo impugnados en los tribunales por ser demasiado restrictivos.

En quinto lugar, dan importancia al hecho de que las leyes del estilo de Oregón en los Estados Unidos no se han extendido a los enfermos crónicos ni a la eutanasia voluntaria. Sin embargo, no consideran si esto puede ser simplemente conveniencia política hasta que una masa crítica de estados haya legalizado el suicidio asistido.

Tiene sentido táctico para cualquiera que desee hacer un cambio radical en la ley, y cuyos oponentes plantearán acusaciones de pendiente resbaladiza, poner el pie en la puerta a través de propuestas relativamente conservadoras antes de abrir más la puerta. El ex gobernador del estado de Washington, Booth Gardner, dijo que apoyaba una ley al estilo de Oregón en su estado como primer paso que debilitaría la resistencia de la nación y produciría un cambio cultural que resultaría en leyes más laxas.

El profesor Yale Kamisar escribió en su clásico ensayo contra la legalización hace 60 años que los argumentos contra una mayor liberalización son más débiles que los argumentos contra la legalización, lo que es en sí mismo un argumento contra la legalización.

Las preocupaciones de Keating están, entonces, ampliamente apoyadas por la experiencia en el extranjero. Lamentablemente, los «verificadores de hechos» no son los únicos que malinterpretan esa experiencia, como debería ser evidente para cualquiera que lea los informes de la mayoría de los comités parlamentarios de Victoria o Australia Occidental. Francamente, cualquier legislador que piense que puede evitar caer en la pendiente resbaladizo ha aprendido poco de lo sucedido en otros lugares.