La ley española de la eutanasia como injusticia: Demos una respuesta el 22 de enero

Las razones, presuntamente progresistas, que aducen los partidos del gobierno y el “bloque de estado” sobre la eutanasia son en realidad argumentos propios del individualismo radical, que poco tienen que ver con una pretendida lógica de “lo común” o socialdemócrata.

Básicamente las razones que se aducen son tres: evitar el sufrimiento, la autonomía personal y la calidad de vida.

Sobre el sufrimiento hay que decir con rotundidad que éste depende de las condiciones concreta de vida de cada persona y de la forma subjetiva como las vive. Pensar que se lucha contra el sufrimiento a base de elegir la muerte como única salida, es un pensamiento propio de una concepción reaccionaria, que se niega a contemplar las condiciones sociales que lo provocan, sea la enfermedad, sea la soledad, sea la desesperación. La respuesta a todo esto pasa por la mejora de estas condiciones, empezando por un sistema nacional de cuidados paliativos al alcance de todos, y una mejor y mayor consideración política de todas las causas que generan sufrimientos extremos, y que no se terminan, obviamente, con la enfermedad, sino que esta es un componente importante pero no único de las mismos. Si la solución es matar, lo único que hace el gobierno es consolidar las injusticias que hacen sufrir, y las desiguales condiciones de acceso a las atenciones paliativos; quien paga, accede a ellos.

La autonomía de la voluntad no significa el derecho hacer lo que uno quiera, sino que comporta necesariamente una relación con la responsabilidad y sus deberes. De ahí que, en ningún caso, dicha autonomía, que es un principio básico de Derecho Civil, pueda tener efectos en el ámbito del derecho público.  Esto, los defensores de la cosa pública, del estatismo y del “Común”, lo ignoran clamorosamente, por propia ignorancia o porque les conviene. En el primer caso el no saber invalida una ley, en el segundo inducen a engaño a sus seguidores. No se puede defender una visión de la importancia de los bienes públicos y comunes, y situar como principio fundamental la autonomía de la voluntad, como hace la ley, a menos que sea un acérrimo y un neoliberal. Es algo parecido a lo que sucede con el derecho de la propiedad, que ni es absoluto, ni se impone a los derechos colectivos, y debe responder a una función social; tiene una responsabilidad social. Es distintivo de esta forma de razonar que nos presenten solo ejemplos extremos de gente que ha decidido morir, casos excepcionales, y no nos muestren lo que más abunda: las personas que una vez ayudadas lo que piden es vivir, las personas que una vez sacadas del hondo pozo del choque postraumático que les ha condenado a la inmovilidad encuentra un nuevo sentido a la vida. La eutanasia se carga el esfuerzo de tanta gente, de tantas asociaciones entregadas a estas tareas de recuperación, y señala que existen vidas que no merecen vivirse, y esto nos conduce al tercer argumento.

Este tercer argumento parte del principio de la calidad de vida. Cuando ésta se deteriora mucho, uno debe tener el derecho a terminar con ella. Y aquí hay que afirmar con rotundidad que las condiciones de vida responden a una condición de clase social, de grupo, si se quiere en otros términos, y que  la enfermedad, en la soledad, la desesperación y la depresión son muy distintas para el 10% de la población con mayores ingresos, de los que se sitúan en los últimos deciles de renta, el 40, el 30, y ya no digamos el 10% de menores ingresos de la población. Son ellos “carne de eutanasia”, porque el “gobierno progresista” los abandona ante el sufrimiento y les dice que el único camino para salir es la muerte. Quien puede pagarse tiempo de vida en buena condiciones lo hace, eso es una evidencia. Por eso, la ley aumenta la desigualdad en un extremo trágico: el de como vivir el fin de la vida.

Y es que por ley natural el ser humano, como todo animal, quiere vivir, pero en el caso humano en ocasiones requiere disponer de una razón para ello. El humanismo de una sociedad, de un gobierno, radica en su capacidad de aportar dichas razones.

No son estos únicamente los únicos motivos para oponerse a la ley y a su aplicación, pero hemos considerado necesario reseñarlas, porque quizás son de los más olvidados.

Para dar respuesta a esta ley injusta, para  poner fin a la dispersión que nos debilita ante estas y otras leyes y actuaciones del poder político vamos a reunirnos en una primera asamblea de asociaciones para trata de la vida y también de la dignidad, de cómo ha de ser vivida, el próximo 22 de enero a las 17,30 de la tarde. Si tu asociación está interesada en estas cuestiones y quiere participar puedes inscribirte aquí y si quieres mas información puede pedirla aquí: secretaria@e-cristians.net

Levantémonos con la fuerza de la  búsqueda de la verdad, el bien y la justicia, y demostremos que aprobar una ley injusta, como hay otras, no significa el fin de nada, sino el inicio de la respuesta para cambiarlas.