La ideología política LGBTI+. La amenaza que no cesa

6 julio, 2023

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Paso a paso, sin cesar en la presión, la ideología política de las identidades sexuales LGBTI y este indeterminado signo más que se le añade, prosigue su asfixia de los derechos y libertades, en nombre de su victimismo, que en el caso de Occidente, y no digamos ya de España, es el victimismo del poder.

Como la memoria es frágil, vale la pena recordar algunos de los hitos de este recorrido, que ha pasado de la adecuación al exceso, y del reconocimiento a la amenaza.

Primero se trató de una reivindicación más que justa. Nadie, debido a sus preferencias sexuales, que se realizaban en el ámbito de lo privado, podía ser discriminado en algunos de sus derechos como ciudadanos, y menos todavía reprimido, como todavía sucede en buena parte del mundo, en especial en África.

Posteriormente, se reivindicaron las uniones civiles para aquellas personas que transformaban su relación sexual en un vínculo afectivo, de manera que existiera un marco jurídico que facilitara las consecuencias prácticas del mismo; el tratamiento de la herencia, de la propiedad en común, etc. Esto se planteó como un gran avance y el punto final.

No fue así. Sin solución de continuidad se reivindicó el matrimonio homosexual y la adopción de menores por parte de este, que se extendió a los vientres de alquiler. Este paso significó despojar de todo sentido al matrimonio, incluso conceptualmente, el padre y la madre se convirtieron en progenitores, y el marido y la mujer en cónyuges. Y así se fueron imponiendo en la escena público-política y mediática.

Lo que fue la supresión de la discriminación se convirtió en acumulación de privilegios.

Y así surgió la inversión de la carga de la prueba si el denunciante pertenece a uno de aquellos grupos. El denunciado debe mostrar su inocencia y este presupuesto se ha convertido en una fuente de amenazas y presión. Toda crítica, discrepancia, es calificada de homofobia o LGBTI fobia, para hacerlo más global. Existe una propensión a considerarlo delito de odio.

Sus organizaciones están sobrerrepresentadas en instancias internacionales, estatales y regionales, disponen de ministerios, departamentos específicos, dedicados a su atención. Existe el “derecho” a que los medios de comunicación den solo una imagen positiva de estos grupos políticos, deben aparecer siempre en toda película o serie de televisión, de manera que ahora su presencia es habitual y muy superior a la propia realidad social.

Su bandera se ha hecho equivalente a la bandera del país y ondea a su lado

En el caso de España tienen facilidades para su nacionalización en el caso de matrimonio, y gozan de prioridad como refugiados políticos, sobre los demás refugiados, si proceden de países en los que no tienen reconocimiento. Su bandera se ha hecho equivalente a la bandera del país y ondea a su lado. Es, junto con la de la NATO, una de las dos banderas de Occidente en Europa; no en toda, pero sí en buena parte de ella.

Lo que puede ser un rechazo instintivo de determinadas personas a la manifestación más o menos exuberante de su orientación personal, que constituye un derecho siempre y cuando no viole ninguna ley, es visto como una “discriminación” sistémica, que exige más y más medidas de ingeniería social, represión y actuación sobre los niños en las escuelas, convertidas en centros de adoctrinamiento sexual decantado hacia la homosexualidad y el transexualismo, contrariando el derecho de los padres a la educación moral y religiosa de sus hijos.

Y este hecho añadido a todos los demás deja sin efecto el sonsonete constante de que “el ejercicio de su libertad no perjudica a la de los demás”.

Claro que lo hace, como mostramos en esta breve recapitulación. No solo la limita, sino que nos amenaza más y más, porque su objetivo, de ahí su naturaleza estrictamente política, es transformar las leyes, instituciones y cultura de la sociedad para que sus identidades constituyan la referencia obligada para la mayoría.

Es la sociedad la que se ha de adaptar a estas minorías a quien se les otorga identidad política por una extraña razón, la de la forma como se relacionan sexualmente, algo insólito en la historia humana.

Lo lógico sería lo contrario: que fueran ellas las que se adaptaran al común de la sociedad. No es solo un conflicto cultural; es ya una contienda política que persigue enmendar a toda nuestra civilización y que, en parte, solo en parte y en Europa, lo van consiguiendo.

Su emblema, el matrimonio homosexual, que consideran un derecho irrevocable y que llaman con todo descaro “igualitario”, señalando que la unión entre un hombre y una mujer no lo es, solo está aceptado en 30 de los 193 estados de la ONU, es decir solo por el 15,5%, y de los cuales 17 pertenecen a Europa y 8 a Hispanoamérica

Si los privilegios específicos definían en el Antiguo Régimen a la aristocracia, nos encontramos ante la aristocracia del siglo XXI.

Y ahora se produce un paso más, que como en otras cuestiones, se lleva a cabo en los recovecos del funcionariado de la ONU, dirigido al control y censura de las confesiones religiosas y en especial de las cristianas, de la libertad religiosa en definitiva.

Durante la 53 Sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebrada en Ginebra, Víctor Madrigal-Borloz, experto Independiente de Orientación Sexual e Identidad de Género (OSIG), que ya en julio de 2019, en un informe oficial de la ONU, hizo un llamamiento a los gobiernos a luchar contra las religiones que no abrazan los derechos LGTBQI, ha presentado un Informe que, con el pretexto de defender los derechos de las personas “LGBTQI”, limita el derecho fundamental a la Libertad Religiosa.

El informe plantea que los gobiernos impidan a los líderes religiosos llamar “pecado” a determinados actos o prácticas sexuales, sea obligatoria en los centros escolares la enseñanza de la doctrina LGBTI, con independencia del ideario del centro, y los maestros y profesores han de estar alineados con ella. Se propone a los estados que intervengan sobre aquellos aspectos de la doctrina cristiana que descalifica a aquellas prácticas sexuales.

El informe persigue establecer una serie de recomendaciones para que las apruebe la Comisión y se formulen a los estados miembros.

En definitiva, se trata nada más y nada menos de liquidar la libertad religiosa, situando como referencia lo que la ideología política LGBTI considera como canónico. En realidad, no tiene nada de extraño. Toda concepción totalitaria acaba por intentar supeditar la fe religiosa a sus criterios. Por otros motivos, lo hicieron los regímenes comunistas, y lo practica hoy con esmero el régimen de la China.