A pesar de los pesares, la justicia española obtiene un buen registro en el marco europeo, dado que es uno de los países con menos vulneraciones de los derechos en sus intervenciones. Asumida esta excelente noticia, es necesario subrayar dos problemas crónicos y graves: el enorme retraso en los procesos lo que tiene, entre otras muchas consecuencias, un fuerte impacto económico; y una organización y unos medios que están muy lejos de los que necesita el abordaje de la justicia en una sociedad tan compleja como la actual.
El reciente escándalo vivido por el Tribunal Supremo hace poco con el caso del impuesto hipotecario, tiene mucho más a ver con esta cuestión que con las presiones de los bancos.
En cualquier caso, el hecho es que la justicia española se encuentra en el ojo del huracán de otro grave problema: el de la politización partidista. Es decir, que los jueces sean promovidos, caso del Consejo General del Poder Judicial, no tanto por sus cualidades en tal que jueces, sino por su servicio a los partidos, sobre todo PSOE, PP y Podemos. En el caso de este último partido su actitud es todavía más escandalosa, en la medida que Podemos se nos presentó como el regenerador de la vida política española, que demolería los vicios del sistema, cuando en la práctica no ha hecho otra cosa que dedicarse a acrecentarlos impúdicamente. Presumir de lo que se carece es una doble falta.
Una vez más, los partidos políticos, con la excepción de Ciudadanos, convertirán la alta instancia de los jueces en una versión subsidiaria de la correlación de fuerzas políticas. Las personas que se elijan serán excelentes, pero sobre ellas pesará el prejuicio del partidismo político. Es necesario plantearse si realmente se necesita un CGPJ o sus funciones pueden ser asumidas por una reglamentación más precisa, y una instancia meramente técnica para dirimir los casos en los que sea necesario un examen más atento.
La última cuestión, a todas luces impresentable, es la de las puertas giratorias entre jueces y política: no es aceptable que un juez o fiscal pase un día a ocupar un cargo político en un gobierno, y cuando cesa vuelva a la profesión como si nada hubiera pasado. La independencia judicial exige más respeto. Quien abandone la judicatura para servir como político no debe poder volver a la carrera judicial. Sus incompatibilidades han de ser semejantes a las que rigen en las fuerzas armadas, porque su injerencia sobre la sociedad incluso es mayor.
