Del 29 de noviembre al 1 de diciembre se celebrará en Sevilla el 41º Congreso Federal del PSOE, un evento que formalizará el nuevo partido moldeado por Pedro Sánchez, muy alejado del socialismo democrático de Felipe González. Este congreso, adelantado un año respecto a la fecha habitual, se celebrará bajo el lema «España adelanta por la izquierda».
El evento será una pieza clave en el aumento de la polarización política, centrándose principalmente en el descrédito sistemático de cualquier adversario político, negando fácticamente la posibilidad de una alternativa al gobierno actual. La democracia, según esta nueva visión, empieza y termina con el nuevo PSOE y sus pequeños, pero decisivos, aliados.
Así, se establece un pacto permanente entre el post-socialismo democrático y la extrema izquierda, junto a lo que fue el independentismo catalán y los partidos vascos de Bildu y el PNV. A este panorama se suma una guerra cultural que busca, mediante el enfrentamiento con la Iglesia y la promoción de los llamados «nuevos derechos», convertir el aborto y el matrimonio homosexual en derechos constitucionales. Este último esfuerzo representa algo profundamente significativo: la ruptura doctrinal con la Constitución de 1978, la más estable y fructífera de nuestra historia, cuyo valor radica en su carácter consensuado.
Ahora, Sánchez busca establecer una Constitución de ruptura, donde el acuerdo entre la mayoría ya no importa, reemplazado por la imposición de una mayoría restringida y circunstancial.
Este hecho, sumado a la voluntad explícita de mantenerse indefinidamente en el poder, forzando alianzas a toda costa, nos enfrenta a un nuevo y peligroso estadio de la democracia española. No es algo realmente novedoso, sino un triste «volvemos a las andadas«.
En este contexto, la Iglesia se convierte, y se convertirá aún más, en el chivo expiatorio, como ya ocurre con el tema de la pederastia, donde se la culpa de manera desproporcionada pese a que su incidencia en este tipo de violencia es mínima. Además, se le dicta cómo y cuánto debe compensar a las víctimas.
No hay engaño posible: ya en 2017, Sánchez apuntaba hacia la «denuncia» y «derogación» de los Acuerdos Iglesia-Estado, alegando que los pactos eran herederos del Concordato de 1953 entre el régimen franquista y la Santa Sede. En 2023, la rebaja de beneficios fiscales significó un recorte de unos 16 millones de euros al año. También polemizó sobre las inmatriculaciones, presentando a la Iglesia como una entidad oportunista; redujo el estatus académico de la asignatura de religión e impulsó la ley que suprime la financiación pública de la educación diferenciada.
Por si fuera poco, legisló sobre la eutanasia y la asistencia al suicidio, profundizando hasta extremos radicales la ley del aborto. La ideología de género se ha convertido en doctrina de Estado, adoctrinando a los niños sobre ésta y sobre la teoría queer, que enmarca la transexualidad, en la escuela pública. Ha despojado a los padres de muchos de sus derechos, incluidos los constitucionales, y ha impulsado una ley de educación sectaria, mientras que su ministra fue recompensada con la embajada en la Santa Sede. Claro está, si te piden el sayo, dales también la capa.
Ahora, además de la constitucionalización del aborto y el matrimonio homosexual, quiere liquidar los acuerdos con la Santa Sede en lo referente a la educación, bajo el pretexto de asegurar la laicidad. Esto, pese a que dichos acuerdos establecen que los “centros docentes públicos enseñen de forma respetuosa con los valores de la ética cristiana”. Es el sueño de una noche de verano hecho realidad para este gobierno.
Pero lo peor de todo es que la base de la institución eclesial parece vivir mayoritariamente en un mundo que ignora toda esta situación y, por tanto, es incapaz de pastorear correctamente a sus fieles, que a su vez practican el escapismo político.
Recordemos aquello de que los pueblos tienen los gobernantes que se merecen y, también, el clásico: «Los hombres malvados no necesitan nada más para lograr sus fines, que los hombres buenos miren y no hagan nada«.
Polemizó sobre las inmatriculaciones, presentando a la Iglesia como una entidad oportunista; redujo el estatus académico de la asignatura de religión e impulsó la ley que suprime la financiación pública de la educación diferenciada Share on X
