El próximo 16 de octubre, el Parlamento británico se enfrenta a una de las decisiones más controvertidas y preocupantes: el suicidio asistido para pacientes terminales. Este es el tercer intento de legalizar esta práctica en el Reino Unido, tras los fracasos de 2015 y 2021. Sin embargo, el clima ha cambiado drásticamente, lo que podría dar paso a un avance histórico en el triste reconocimiento de los supuestos derechos de los enfermos terminales.
Un cambio en la narrativa política
La propuesta legislativa, impulsada por la diputada laborista Kim Leadbeater, otorga a los enfermos terminales adultos de Gales e Inglaterra el derecho a solicitar asistencia médica para morir, siempre que sean capaces de tomar decisiones informadas. Actualmente, el suicidio asistido está tipificado como un delito en el Código Penal, con penas de hasta 14 años de prisión. Este nuevo proyecto de ley busca dar un giro radical a esta situación, reconociendo que el sufrimiento extremo no debería ser un destino ineludible.
A diferencia de intentos anteriores, esta vez el proyecto cuenta con el respaldo del primer ministro Keir Starmer, quien ha declarado que permitirá a los diputados votar de acuerdo con su conciencia. Esta apertura sin precedentes es un indicativo del cambio de postura que ha tenido el gobierno hacia este tema. La declaración de Starmer sobre su compromiso con lo que llaman «derecho a morir dignamente», especialmente en el contexto del testimonio de Esther Rantzen, una destacada defensora de esta causa que padece cáncer en estado terminal, ha afectado a la sociedad británica.
La presión social y el respaldo popular
El apoyo social para la legalización del suicidio asistido ha crecido significativamente. Un reciente sondeo de Savanta revela que el 48% de los británicos apoya la ley, mientras que solo un 21% se opone. Este cambio en la percepción pública es alarmante y está contribuyendo a un ambiente más receptivo en el Parlamento. Sarah Wootton, de Dignity in Dying, ha declarado que «la atmósfera ha cambiado, alineándose finalmente con la opinión pública». Este respaldo podría ser el impulso necesario para que el Parlamento finalmente actúe en favor de los supuestos derechos de los pacientes terminales.
¿De qué manera la influencia de la opinión pública en temas como el suicidio asistido refleja una falta de principios éticos sólidos en la formulación de leyes, en lugar de un compromiso genuino con la justicia moral?
Las organizaciones de inspiración cristiana han lanzado críticas contundentes contra la propuesta, advirtiendo que representa un peligro y un enfoque ideológico sobre la vida y la muerte. Gordon Macdonald, director de Care Not Killing, ha argumentado que, en lugar de centrarse en la legalización del suicidio asistido, el gobierno debería mejorar el acceso a los cuidados paliativos, dado que un cuarto de la población británica no puede acceder a estos servicios esenciales. Esta oposición muestra que, aunque el clima está cambiando, todavía hay una resistencia significativa que debe ser enfrentada.
El debate en Westminster del 16 de octubre será un momento decisivo que podría marcar un antes y un después en la legislación sobre el suicidio asistido en el Reino Unido. La propuesta de Leadbeater no es solo una cuestión legal, sino un dilema ético y moral cargado de ideología que escurre el bulto ante la realidad: la necesidad de cuidamos paliativos que acompañen y dignifique a la persona en su sufrimiento.
Reconocer el supuesto derecho a morir «dignamente» será una trampa para los pacientes que sufren en silencio. Para ellos, la posibilidad de elegir el momento y la forma de su muerte no garantiza el reconocimiento y el valor de su persona.
La lucha por los cuidados paliativos
La discusión sobre el suicidio asistido en el Reino Unido ha llegado a un punto crítico. Con un cambio en la narrativa política y un respaldo creciente por parte de la población, el 16 de octubre podría ser una fecha histórica en la perversa lucha por el engañoso derecho a una muerte digna.
La sociedad británica se encuentra en una encrucijada, y las decisiones que se tomen en los próximos meses definirán el futuro de muchos en situaciones de sufrimiento extremo. La legalización del suicidio asistido no solo es un asunto de políticas públicas, sino un reflejo de los valores que como sociedad decidamos abrazar. El sufrimiento humano no puede ser ignorado, pero la muerte asistida nunca será la solución. Es hora de proteger y reconocer el valor de la persona y que el Reino Unido tome una decisión valiente en este asunto.
