Impuesto hipotecario o como un país se daña a sí mismo

Si se hubiera confirmado que el impuesto de Actos Jurídicos Documentados le correspondía pagarlos a los bancos, con un efecto retroactivo de cuatro años y ciñéndonos a los hechos estrictos, el escenario final hubiera sido este: 1.- Los bancos habrían registrado en la bolsa una seria pérdida de capital, que ya se había iniciado, precisamente cuando se ha hecho público que los cuatro grandes españoles, Santander, CaixaBank, BBVA, y Sabadell están situados en la banda media baja de los grandes bancos europeos en cuanto a la disponibilidad de capital de calidad, y el Banco de España les ha pedido que lo aumenten en previsión de un futuro más adverso. 2.- El impacto sobre la confianza en el sistema económico español habría sufrido un duro revés, porque si un reglamento con años a sus espaldas puede interpretarse en sentido opuesto al que tenía y con retroactividad, todas las actividades reguladas -ya pasó con las energías renovables y aún colea- se verán como proyectos de riesgo. 3.- La petición de los clientes para recuperar lo pagado por el impuesto hipotecario se habría dirigido a las Comunidades Autónomas que son las que tienen transferido el impuesto, y que lo han cobrado. Ello hubiera significado una crisis financiera de las autonomías, que según la ministra de Hacienda hubiera necesitado una ayuda de 5000 millones a fin de evitarla. Estas administraciones, para recuperar el dinero -de caso contrario el impuesto lo estaríamos pagando los contribuyentes- deberían haber reclamado a los bancos, a su vez estos habrían pleiteado contra el gobierno del Estado, porque en realidad se limitaban a aplicar un reglamento (lo que ahora ha cambiado Sánchez) que establecía aquella forma de liquidar el impuesto. De hecho, bufetes de abogados ya trabajaban en esta eventualidad con una solida base: todos los precedentes de casos de reclamaciones económicas por cumplir reglamentaciones estatales, que posteriormente la justicia invalidó. Junto con el embrollo de reclamaciones cruzadas, al final:

1. La retroactividad la pagarían los contribuyentes.

2. Los costes futuros los repercutirán los bancos sobre los hipotecados por alguna de las múltiples vías, porque es un coste adicional que por mucho que diga el gobierno Sánchez no podrá evitar que se aplique.

Esto será lo que finalmente acaecerá con la nueva regulación que ha puesto en marcha el gobierno: pagarán los mismos que antes, pero de otra manera. Esto no es una crítica, porque el presidente del gobierno no tenía otro camino después de la desastrosa actuación del Tribunal Superior de Justicia, mostrando que ni su presidente, ni el conjunto, con las excepciones que se quiera, no están a la altura de sus responsabilidades.

La imagen de la justicia española ha quedado muy dañada y llueve sobre mojado. No solo eso, también la de España como receptora de inversiones, porque lo sucedido, más el espectáculo montado por Podemos, UGT y CC. OO., siembra dudas sobre un aspecto sagrado de la economía: la seguridad jurídica.

Y un dato en el trasfondo, la idea de que los bancos son los “malos” en la percepción ciudadana. De este estereotipo solo se salva con razón CaixaBank por la dimensión tan extraordinaria que posee su obra social, a través de la Fundación La Caixa, pero la imagen del conjunto es aquella. Algo deberían hacer, además de discursos, para cambiarla. ¿Quizás menos costes de imagen publicitaria y más dinero para obras sociales?