Vivimos en tiempos en los que no existe una clara la libertad de enseñanza y el derecho a decidir sobre la educación de nuestros hijos.
Los recientes sucesos en Francia, donde los tribunales han juzgado a los padres de una niña de 15 años por no escolarizarla en la educación obligatoria, nos muestran el preocupante camino que toma el Estado cuando se arroga derechos que pertenecen a las familias.
¿Qué hace el Estado?
Los padres han argumentado, con toda razón y convicción, que la educación pública no se alinea con los valores que desean transmitir a sus hijos.
No quieren baños mixtos, no desean una educación sexual impuesta desde edades tempranas y quieren ser ellos los principales responsables de la educación de sus hijos.
Y ¿qué hace el Estado?
Penalizarlos, multarlos, y tratar de hacerlos entrar en un molde que no encaja con su creencia fundamental: los primeros educadores de nuestros hijos debemos ser nosotros, los padres.
El drama de una educación impuesta
El gobierno francés, con su Ministerio de Educación a la cabeza, se ha negado sistemáticamente a permitir que esta familia eduque en casa a su hija, forzándola a volver a un sistema educativo que los padres rechazan.
Según France Live, la encargada de la educación en la región de Bretaña declaró que la niña tiene «un nivel por debajo de lo normal». La intención, por supuesto, es desacreditar la capacidad de los padres para educar a sus propios hijos.
Esta situación nos lleva a reflexionar sobre el papel del Estado en la educación y hasta qué punto se está excediendo en sus competencias.
No es solo una cuestión de Francia, es un desafío global.
Los gobiernos cada vez se adjudican más derechos sobre nuestros hijos, relegando a los padres a meros espectadores. El derecho de los padres a decidir la educación de sus hijos no puede ser limitado sin caer en una profunda injusticia.
La patria potestad implica responsabilidad, pero también libertad.
Es responsabilidad nuestra asegurarnos de que nuestros hijos reciban una educación que sea acorde con nuestros valores y creencias, y es una libertad que debemos defender frente a un Estado que a menudo cree que sabe mejor que nosotros lo que nuestros hijos necesitan.
El caso de esta familia francesa no es una excepción. Aunque la educación en el hogar (IEF) sigue siendo minoritaria en Francia, representando solo al 0,4% de los menores, su existencia es una afirmación de la diversidad educativa.
Controlar la educación de nuestros hijos
Cada familia es diferente y tiene la libertad de elegir lo que considera mejor para sus hijos. Imponer una educación uniforme a todos los niños es negar la diversidad y la pluralidad que debería enriquecer cualquier sociedad moderna. El hecho de que las familias necesiten «solicitar permiso» para educar en casa ya es una limitación de la libertad, y muestra cómo el Estado está tratando de monopolizar la formación de los ciudadanos desde la infancia.
La madre de la niña lo ha dicho claramente: no quieren baños mixtos ni clases de educación sexual para su hija.
Esto no es una afirmación retrógrada ni una declaración de ignorancia, es simplemente el derecho de una familia a proteger a sus hijos
En lugar de entender esta postura, el Estado ha optado por penalizar y ridiculizar a los padres, imponiéndoles una multa de 150 euros cada uno y 127 euros por costas procesales.
La libertad de enseñanza y la patria potestad son derechos fundamentales que deben ser defendidos con firmeza y valentía frente a cualquier intento de control estatal. Porque al final del día, somos los padres quienes debemos ser, por derecho y por amor, los primeros educadores de nuestros hijos.
