El Gobierno español ha decidido actuar de manera controvertida al anunciar que elimina la exención de impuestos de obras a la Iglesia, el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO). Esta medida, que se publicó el pasado viernes 3 de noviembre, en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ha suscitado críticas en varios sectores, señalando una incoherencia en la política fiscal del país.
Lo que ha causado revuelo no es solo la eliminación de la exención de impuestos de obras a la Iglesia, sino el hecho de que el Gobierno haya categorizado a la Iglesia como una organización con ánimo de lucro. Esta decisión contrasta con la posición fiscal que mantienen otras entidades como fundaciones, sindicatos, partidos políticos y confesiones religiosas que, al igual que la Iglesia, operan sin fines de lucro.
El secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, en una reciente intervención, afirmó que la «Iglesia católica queda en la misma situación que cualquier otra institución u organización que tienen fines lucrativos». Sin embargo, surgen preguntas legítimas: ¿por qué no se aplica la misma lógica a los partidos políticos? ¿Acaso no hay un interés de proteger a ciertas organizaciones en detrimento de otras?
El privilegio de unas organizaciones frente a otras
El Gobierno, formado a partir de partidos políticos, en la actualidad PSOE y Podemos, parece estar aplicando una doble vara de medir al definir qué organizaciones son «privilegiadas» y cuáles no. Esta asimetría en la aplicación de políticas fiscales es sesgada y genera descontento en la población, especialmente en aquellos que ven a la Iglesia como una institución que, al igual que otras organizaciones sin ánimo de lucro, contribuye al bienestar social.
Finalmente, cabe recordar que esta decisión es el resultado de un acuerdo entre el Ejecutivo y la Conferencia Episcopal alcanzado en marzo. Según un comunicado conjunto, el objetivo es «equiparar el régimen fiscal de la Iglesia católica con las entidades sin ánimo de lucro». Sorprende en este caso que la CEE decidiera facilitar esta transición. Sin embargo, el debate sigue abierto: si se busca la igualdad fiscal, ¿por qué no se extiende esta medida a todas las organizaciones sin fines de lucro por igual?
Lo que ha causado revuelo no es solo la eliminación de la exención de impuestos de obras a la Iglesia, sino el hecho de que el Gobierno haya categorizado a la Iglesia como una organización con ánimo de lucro Share on X
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“El secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, en una reciente intervención, afirmó que la «Iglesia católica queda en la misma situación que cualquier otra institución u organización que tienen fines lucrativos».
La frase que se atribuye a Gascón es errónea, aunque figura así en algunos medios, como El Mundo. Donde dice “que tienen fines lucrativos” debe decir “que NO tienen fines lucrativos”, que es como consta en la mayoría de medios, entre otros La Vanguardia:
“Gascón ha apuntado que con el fin de esta exención, acordada en marzo entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal, la Iglesia católica tendrá el mismo tratamiento en este impuesto que otras instituciones sin fines lucrativos”.
lavanguardia.com/vida/20231102/9346963/hacienda-publica-manana-boe-exencion-icio-iglesia-catolica-agenciaslv20231102.html
Sea como sea, lo que está claro es que a esta gente empoderada les incita y excita cualquier fastidio con el que puedan acogotar a la Iglesia Católica. Al fin y al cabo es la única entidad que sin ambages clama al cielo contra las políticas criminales de una calaña gubernativa que a todas horas se las da de progresista, porque criminales son el aborto, la eutanasia, la hormonación y mutilación sexual de niños y adolescentes, y los campos de concentración para inmigrantes a los que, para disimular, llaman CIE, así como al aborto lo llaman IVE.
En alguna clandestinidad debe haber un Ministerio de Asuntos Anticatólicos dedicado a pergeñar estrategias para incitar al odio contra la Iglesia. La cosa esta del Informe sobre pederastia es descarada y burda, pero las inventan más sutiles, como esta de los impuestos de obras. Lo que hay detrás es que les gustaría convertir los templos católicos en hoteles de lujo, que aportan impuestos elevados. A falta de ello, se vengan cobrando impuestos a la Iglesia por obras de ampliación, mejora o mantenimiento de templos y escuelas, con la esperanza de que no puedan pagarlos y los edificios acaben embargados y en manos del gobierno, que los reciclará en centros progresistas, en los que en vez de la Vida se distribuya la muerte.