Los obispos católicos de Inglaterra, Gales y Escocia han redoblado sus esfuerzos para luchar contra los intentos de instaurar la eutanasia legal asistido en el Reino Unido.
Los obispos de Escocia se unieron a la Iglesia anglosajona de Escocia y a los líderes musulmanes para firmar una declaración en el Parlamento escocés en Edimburgo, oponiéndose enfáticamente al proyecto de ley de Liam McArthur para permitir que los pacientes con enfermedades terminales exijan que los médicos y enfermeras los ayuden a suicidarse.
El mismo día, los obispos de Inglaterra y Gales publicaron una presentación redactada enérgicamente al comité sobre suicidio asistido en Westminster, advirtiendo a los parlamentarios que un cambio en la ley pondría en grave peligro la vida de las personas vulnerables.
La declaración escocesa se produjo cuando se está preparando el proyecto de ley de muerte asistida para adultos con enfermedades terminales para su presentación en el Parlamento escocés a finales de este año.
Los tres grupos religiosos “se mantienen firmes en su oposición al suicidio asistido y la eutanasia” y pidieron a los parlamentarios que “consideren cuidadosamente las implicaciones de este proyecto de ley, expresen sus preocupaciones y voten en contra”.
Dijeron que el proyecto de ley «haría legal, en ciertas circunstancias, ayudar a las personas a suicidarse».
“Nuestras tradiciones religiosas están unidas por el principio de que la muerte asistida en sí misma inevitablemente socava la dignidad de la persona humana, y permitirla significaría que nuestra sociedad en su conjunto pierde su humanidad común”, dice el comunicado.
“Nos afligimos con los que se afligen y nos identificamos con los que sufren”, continuó. “Reconocemos la motivación sincera de quienes buscan el cambio, pero no creemos que este sea el enfoque correcto para aliviar el sufrimiento. Existe un peligro muy real de que, una vez legalizadas, estas prácticas puedan presionar a las personas vulnerables para que opten por el suicidio asistido”, la llamada pendiente resbaladiza.
La declaración agregó: “Las formas en que se aplican leyes similares en otros países y el efecto que su introducción tendría en algunos de los más vulnerables de nuestra sociedad, incluidos los discapacitados y los ancianos, sería extremadamente perjudicial. Estamos llamados a cuidar a los que sufren, no a acabar con sus vidas”.
Fue firmado por el obispo John Keenan de Paisley, vicepresidente de la Conferencia Episcopal, firmó la declaración con el Reverendo Iain Greenshields, Moderador de la Iglesia de Escocia y el Imam Shaykh Hamza Khandwalla, Imam de la Mezquita Central de Dundee en nombre de la Asociación Escocesa de Mezquitas.
La eutanasia y el suicidio asistido son ilegales en todo el Reino Unido y ayudar en un suicidio se castiga con hasta 14 años de prisión, según la Ley de Suicidio de 1961.
Sin embargo, los activistas de la eutanasia han sido implacables en la lucha por un cambio en la ley.
En Londres, en su presentación al comité selecto, el obispo auxiliar John Sherrington de Westminster, el obispo principal en temas de vida de la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales, fue directo en su condena del suicidio asistido.
Él dijo: “El suicidio asistido es intrínsecamente malo y la evidencia de otras jurisdicciones muestra que no puede haber una ley de suicidio asistido segura o limitada.
“La Iglesia Católica enseña que la vida es un don que debe ser apreciado y cuidado en todas las etapas hasta la muerte natural y que es moralmente incorrecto poner fin intencionalmente a la vida de otra persona, incluso a petición suya”, dijo.
“Los argumentos a favor de la legalización del suicidio asistido se basan en ideas defectuosas de autonomía, compasión y ‘dignidad al morir’”, dijo.
“Las apelaciones de suicidio asistido a menudo se basan en una visión falsa de la ‘compasión’ que no aborda la realidad del sufrimiento que es parte del ser humano”, dijo. «Aquellos que abogan por el suicidio asistido basado en la llamada ‘dignidad al morir’ finalmente juzgan el valor de la vida humana de acuerdo con sus capacidades en lugar de su valor inherente».
El obispo Sherrington agregó: “Legalizar el asesinato intencional de pacientes socavaría gravemente la vocación de los profesionales de la salud de cuidar la vida hasta su final natural. La confianza entre el médico y el paciente se vería socavada por la dificultad de predecir con precisión el resultado de una enfermedad terminal», concluye.
