La democracia, que necesita de un estado de derecho, es en España reciente, muy reciente. Cuenta con menos de medio siglo de experiencia, prácticamente sin precedentes sólidos, debido al período de Franco, la Guerra Civil, la II República y la Dictadura de Primo de Rivera. Antes de esto, el estado de derecho no existía con la rotundidad con que hoy lo observamos.
Esto hace que podamos apoyarnos poco en la tradición para asegurarla y aún menos en la existencia de una conciencia cívica generalizada, partidaria y entendida mayoritariamente en la comprensión del bien común y respetuosa con los derechos de los demás. Más bien, la experiencia va en sentido opuesto, hasta el extremo de que nuestros liberales históricos eran especialistas en insurrecciones, alzamientos y golpes de estado, o al menos eso dice la historia.
Por tanto, que exista una deriva totalitaria no es nada extraño, y más bien es una posibilidad real, lograda no a través de un golpe de estado innecesario, sino de su transformación desde el poder.
Esto es lo que lleva a cabo Sánchez, quien no tiene ninguna intención de abandonarlo bajo ningún supuesto. Para ello, ya ha culminado la condición necesaria: declarar inválida para siempre a la oposición y a la alternativa para convertirse en gobierno, por dos razones concomitantes. En primer lugar, porque critica sus medidas, y en segundo, porque persigue sustituirlo, algo que considera incompatible con su visión de la democracia.
La deriva totalitaria del gobierno de Sánchez
La condición necesaria de un estado totalitario es que el propio estado esté al servicio de los intereses del partido que gobierna. A esta condición se le añaden una serie de características adicionales que definen el grado de transformación totalitaria:
- El poder político está monopolizado por un único partido o líder.
- El aparato del estado no solo está al servicio de los intereses del partido gobernante, sino que busca ejercer un control absoluto sobre todos los aspectos de la vida pública y privada. Esto incluye la economía, la educación, los medios de comunicación, las creencias ideológicas y, en última instancia, la conciencia individual.
- Se promueve una ideología oficial que debe ser aceptada por todos los ciudadanos. Esta ideología justifica las acciones del régimen y legitima su poder.
- No hay separación entre el partido y el estado. El partido controla todos los órganos del poder, y el líder del partido se presenta como una figura incuestionable.
- Represión y control. Se utilizan la violencia, el espionaje, la censura y la propaganda para suprimir la disidencia y garantizar la conformidad.
- Participación forzada o incentivada. Los ciudadanos son obligados o incentivados a participar en actividades promovidas por el estado.
- Control de la vida privada. Los regímenes totalitarios intentan influir y regular aspectos de la vida privada, como las relaciones familiares, las creencias religiosas y las opiniones personales.
Si bien la subordinación del estado a los intereses del partido gobernante es un componente importante, el totalitarismo implica una ambición más amplia: dominar las creencias, opiniones y sentimientos de la gente. El estado totalitario aspira a una transformación total de la sociedad y del individuo, subordinando todos los aspectos de la vida a su ideología.
Un ejemplo de esto en la actualidad sería la imposición de la perspectiva y el feminismo de género, las identidades LGBTIQ, y la primacía y superioridad del estado sobre la sociedad civil, incluida la familia. En lugar de ser expresión e instrumento al servicio de esta, el estado se erige como rector de la sociedad.
Ahora repase la realidad española en relación con cada uno de los perfiles definidos y considere si no presenta rasgos, consumados unos, incipientes otros, de totalitarismo.
Características del camino hacia el totalitarismo
No, España no es un estado totalitario. Todavía. Solo está en el camino de construirlo. Presenta características específicas, como las siguientes:
- Un hiperliderazgo dentro de un partido débil. Sánchez lidera un PSOE en el que la disidencia interna es prácticamente inexistente.
- Ocupación de instancias clave del estado. Estas, como el Tribunal Constitucional o la Fiscalía General del Estado, deberían ser independientes para garantizar la efectividad del estado de derecho. Sin embargo, están sometidas a un descrédito que provoca una crisis institucional. El resultado es una creciente indefensión de los ciudadanos.
- Debilidad de los poderes moderadores. A diferencia de otros países como Italia o Portugal, que también provienen de experiencias dictatoriales, en España el jefe del estado no actúa como un poder moderador.
- Control de los medios de comunicación. La transformación de TVE en un instrumento del gobierno, junto con el control de los medios privados a través de subvenciones y publicidad, otorgan al ejecutivo un dominio casi absoluto sobre la narrativa pública. El reciente control sobre Telefónica refuerza esta posición, especialmente en el ámbito de las redes sociales.
- Tramitación espuria de leyes en el Congreso. El control de la presidencia y la mesa del Congreso permite manipular los procedimientos parlamentarios, viciando el sistema y pervirtiendo su finalidad: controlar al gobierno, aprobar presupuestos y debatir leyes para obtener el máximo apoyo posible.
- Subyugación de instancias estatales neutrales. Organismos como el CIS o la Agencia EFE, que deberían actuar con imparcialidad, están alineados con los intereses del partido gobernante.
La nueva Ley Orgánica: un paso más
Un paso más hacia el totalitarismo es la nueva Ley Orgánica presentada como una proposición de ley del PSOE, lo que evita su revisión por instancias como el Consejo de Estado. Esta ley incluye medidas preocupantes, entre ellas:
- Limitar la acusación popular. Esto elimina el derecho del ciudadano a intervenir directamente en la justicia contra el poder, como se vio en el caso Urdangarin.
- Restringir denuncias basadas en información periodística. Prohíbe iniciar procesos penales con “simples recortes de prensa”, ignorando que muchos de estos son fruto de investigaciones detalladas.
- Apartar jueces con inclinaciones políticas. Aunque aparentemente busca neutralidad, recorta derechos fundamentales de los jueces.
- Suprimir el delito de ofensas contra sentimientos religiosos. Se aprobó sin diálogo con las confesiones religiosas, vulnerando el artículo 16.3 de la Constitución.
- Aplicación retroactiva. Busca liquidar procesos abiertos contra familiares del presidente Sánchez, consolidando un nepotismo característico de los sistemas totalitarios.
Este conjunto de medidas y prácticas consolida un camino hacia un estado totalitario, aunque revestido de formas liberales y procedimientos bananeros.
