España reducirá las prestaciones al desempleo

En un contexto del incremento del desempleo, el gobierno tiene previsto recortar las prestaciones al empleo en unos 18.900 millones de euros.  El Ejecutivo prevé que el gasto en estas prestaciones se reduzca drásticamente en 2021, pasando de casi 41.000 millones de euros en 2020 a 22.000 millones en 2021.  El Gobierno no ha contabilizado en el Plan Presupuestario la prórroga del ‘escudo social’ extraordinario que puso en marcha como consecuencia de la pandemia del coronavirus.

El documento no contempla la prórroga de los ERTE (expedientes de regulación temporal de empleo), ni el cese de actividad de los autónomos. Ambas medidas se negociarán con los agentes sociales en el diálogo social en el mes de enero. El Ministerio de Trabajo asegura que se podrá hacer una ampliación presupuestaria si es necesario para financiar la prórroga de los ERTE si es necesario. Eso sí, en el Plan Presupuestario remitido a Bruselas no se han dispuesto fondos adicionales más allá de los necesarios para cubrir el gasto del mes de enero, lo que convierte en papel mojado las cifras de déficit y deuda presentadas.

El problema de esta optimista reducción de la necesidad de reducir el gasto en desempleo choca con los continuas previsiones sobre un considerable incremento del paro. Entre 200.000 y 300.000 trabajadores como mínimo se quedarán en paro entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre de este año al decaer el compromiso de empleo de seis meses al que estaban obligadas las empresas que se acogieron a los primeros expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por la pandemia, según cálculos del presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España, Fernando Santiago. «Prevemos que haya una gran cantidad de despidos en los próximos meses porque está empezando a decaer ese compromiso, abriéndose la veda del despido», afirma Santiago, que indica además que un porcentaje elevado de los trabajadores que se irán al paro hasta fin de año se debe al vencimiento de dicha limitación jurídica y otro porcentaje obedece a que la última prórroga de los ERTE no mantuvo las exenciones para todas las empresas que ya se encontraban en un procedimiento de fuerza mayor, sino sólo a las de determinados sectores.

A estos 200.000 o 300.000 trabajadores que pasarán a engrosar las listas del desempleo hasta final de año podrían sumarse otros 150.000 empleados a cargo de trabajadores por cuenta propia, ya que, según Santiago, «por cada dos autónomos que caen, se destruye un puesto de trabajo» y la previsión es que desaparezcan hasta 300.000 negocios.

Pero todo esto, precisa el presidente del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos, solo sería el primer tramo de despidos que están por venir, pues, según ha explicado, habrá un segundo tramo de despidos hacia febrero-marzo tras producirse la apertura judicial de los concursos de acreedores y un tercer tramo cuando las empresas que se acogieron a créditos ICO tengan que devolver el principal.

El Gobierno estima que en todo el año 2020 se gastará 17.840 millones de euros en financiar las prestaciones de los ERTE y otros 6.349 millones en las exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social para estos trabajadores. En total, más de 24.000 millones de euros. Sin embargo, para 2021, estas dos partidas caen drásticamente. En concreto, la partida para financiar los ERTE se reduce hasta 718 millones de euros, un 96% menos. Si se tiene en cuenta que el gasto en ERTE en septiembre fue de 867 millones, esto significa que el presupuesto reservado para los ERTE solo permitirá financiar un mes de prestación.

Esta cuantía podría ser suficiente para financiar un año completo de ERTE si la reincorporación de trabajadores fuese mayoritaria, pero la realidad es que en las últimas semanas se ha frenado bruscamente y todo apunta a que queda una bolsa de cerca de 700.000 trabajadores que difícilmente podrán volver a su empleo. De los 729.000 trabajadores que seguían en ERTE a 30 de septiembre, un 63% está en sectores muy relacionados con el turismo (hostelería, transporte, ocio y comercio). Sus probabilidades de salir del ERTE antes de que se descubra la vacuna contra el virus son remotas. Salvo que salgan porque se agote la ayuda extraordinaria. También se reduce bruscamente el presupuesto destinado a financiar exoneraciones en las cotizaciones sociales de trabajadores en ERTE, que pasan de 6.350 millones en 2020 a 435 millones en 2021, un recorte del 93%. Un recorte que va en línea con el de las prestaciones extraordinarias de ERTE.