Es prioritaria y urgente una reflexión sobre la situación de la defensa de la vida en España

La primera ley del aborto en España es de 1985 y pertenecía al modelo de supuestos, y se podía abortar si se daban algunas de estas tres  circunstancia: la  violación, la malformación del feto que afectara a su viabilidad futura, y en caso de riego grave para la salud física y psíquica de la mujer embarazada. En la práctica y en el caso español se produjo un masivo fraude de ley a través del tercer supuesto, a base de que las clínicas privadas donde se practican loas abortos disponían de psicólogos dispuestos a diagnosticar riesgos graves de tipo psíquico a prácticamente toda demanda para abortar.

La administración pública y la justicia nada hizo para enmendar la plana y las clínicas abortistas se desarrollaron como una gran oportunidad de negocio. La situación llego a un extremo tal que acudían a España a abortar de otros lugares de Europa, que en teoría tenían legislaciones más permisivas, porque aquí era más fácil. Hasta que estalló el caso Morín.

e-Cristians presentó una querella contra el doctor Morín y sus clínicas. Y después de un largo y difícil proceso, que llevó a repetir el juicio en dos ocasiones por sentencia del Tribunal Supremo, dado que la primera terminó en absolución a pesar de disponer de un testigo protegido en la persona de una antigua trabajadora de las clínicas, todo terminó en condena para Morín y algunos de sus colaboradores.

Pero mucho antes de este hecho, que marcó una inflexión para bien y para mal, se había producido la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el recurso presentado en torno a aquella ley, por considerar que la Constitución española que establecía el derecho a la vida no hacía factible una ley del aborto. La resolución del tribunal rechazó este criterio y estableció la compatibilidad entre Constitución y aborto, si bien al mismo tiempo precisó dos aspectos que han sido olvidados:

El ser humano engendrado, el nasciturus, era portador de unos derechos específicos distintos a los de la madre, y que en ningún caso se podía confundir con ella. Por tanto, la ley y los supuestos debían mantener un equilibrio entre los derechos de la madre y los del nasciturus. La otra cuestión es que sus consideraciones limitaban sensiblemente el aborto por malformación y se permitía una reflexión en el sentido de que el desarrollo del Estado del bienestar debería permitir que este tipo de aborto quedara progresivamente reducido.

El caso Morín significó el fin de la impunidad de las clínicas, pero a su vez y como reacción de este importante lobby, alarmado por el precedente, consiguió de Rodríguez Zapatero una nueva ley, que establecía la libertad de abortar sin condición alguna hasta la semana 14 de gestación y la ampliación de este supuesto hasta las 22 semanas en caso de riesgo grave para la salud de la madre o del feto. Esta nueva ley ignoraba absolutamente el precedente obligado de la sentencia del Tribunal Constitucional, no confería ningún derecho al ser humano engendrado, ni pretendía limitar el aborto por una pretendida malformación. Era una evidencia de que esta ley ignoraba los criterios de constitucionalidad establecidos por el más alto tribunal y fue recurrida. Pero, si en la primera norma jurídica la administración y la Fiscalía ignoraron sistemáticamente las irregularidades, en este segundo caso fue la escandalosa omisión del propio garante de la constitucionalidad, quien retraso la resolución de este recurso, de una manera tan extrema, que ahora después de 12 años todavía no se ha resuelto. Además, la malformación del feto  se ha transformado en un criterio eugenésico. Ya no se trata de que ponga en riesgo a la madre o que sea inviable la vida de aquel; se trata de aplicar criterios de perfección racial, de manera que una persona con síndrome de Down no tiene derecho a nacer o que un simple labio leporino sirva como justificación del aborto.

Por si esto fuera poco, ahora se está debatiendo en el Congreso y por una escandalosa vía de urgencia, una nueva ley del aborto, cuya tramitación apresurada y sin consultas ni comparecencias, es una burla al sistema parlamentario y una imposición de la mayoría. Pero es que, además, la ley se ha presentado sin que esté resuelto el recurso de inconstitucionalidad de la anterior norma jurídica, con lo cual, se hace burla del resultado de esta, sea el que sea, porque se aplicará sobre una ley que ya no existe.

Dando un paso más a la arbitrariedad, se vulnera ahora la libertad de conciencia, obligando a quienes no quieren debido a ella practicar abortos a identificarse en la sanidad pública, con lo que esto comporta de temor a represalias por parte del poder partidario del aborto. Los médicos con razón temen que sus carreras profesionales se vean truncadas si su nombre aparece en estas nuevas listas negras. Aumenta la demolición de los derechos de los padres de la patria potestad al permitir el aborto de menores y, sin temor, al escándalo elimina el pequeño período de reflexión que la anterior legislación establecía, como sucede En Europa, para que la mujer tenga tiempo a pensar si debe dar o no un paso que va a cambiar radicalmente su vida. Es la absoluta y total trivialización de un hecho tan grave como el aborto.

El recordatorio de este proceso, por otra parte bien conocido, es necesario para señalar dos cosas muy importantes. La primera, que no existe ningún otro país en Europa que haya seguido una evolución tan arbitraria y abusiva de la ley con la colaboración necesaria de los poderes públicos. Y todo ello, sin que una parte de la sociedad organizada, que los defensores de la constitucionalidad y del sistema democrático, no digamos ya de la vida, de los partidos políticos, se hayan levantado seriamente y hayan hecho frente de una manera clara y rotunda a tanto desmán. Hubo la excepción de llevar el abuso a los tribunales en el caso de Morín, pero de envergadura real, poca cosa mas. La segunda cuestión hace referencia a la habilidad del movimiento defensor de la vida en España, incapaz de forjar una alternativa y de frenar esta creciente ola que ha convertido el aborto en un hecho trivial y en un derecho que paga el Estado.

Es un buen signo que este mes de junio y por vez primera en muchos años, la manifestación por la vida haya reunión a decenas de miles de personas.

De la misma manera que los gobiernos de este país, empezando por el de Sánchez, son incapaces de revisar sus propios actos para identificar todo aquello que ha hecho terriblemente mal, como cuando la pandemia y la evolución económica, los defensores de la vida, los ámbitos cristianos, la propia Iglesia, que tiene en su núcleo duro la defensa del no nacido, no se han detenido ni un solo instante a considerar qué estaban haciendo mal para que todo ello haya sucedido.

Seguro que una parte se debe al poder del lado oscuro de la fuerza, pero con certeza también que otra parte surge de la incapacidad de unir esfuerzos, definir objetivos y establecer estrategias con inteligencia, que permitan avanzar paso a paso en un mayor respeto de la vida.

Es fundamental ayudar a las mujeres que quieren tener un hijo  a que no recurran al aborto por sus dificultades personales. Es extraordinario ayudar a aquellas que en el último momento, ante la propia clínica, dan un paso atrás y se niegan a sacrificar al hijo engendrado. Pero, hay que decir que las bondades de todo esto no eliminan el hecho de que esto no resuelve el problema que radica en la  gran dimensión del número de víctimas. Una resolución que en primer término y antes que nada, es de formación de opinión, o en otros términos de alternativa cultural, y a corto plazo de capacidad para incidir en la política. Una palabra que parece maldita en muchos ambientes favorables a la vida, e incluso la propia iglesia, a pesar de disponer de ese extraordinario  bagaje qué es su doctrina social

La reflexión es imperativa, mediante jornadas de trabajo, seminarios, todo aquello que incite a la reflexión, puede culminar en un proceso de convergencia, de organizaciones, objetivos y estrategia