El aumento de los impuestos parece una realidad inevitable. El motivo es hasta razonable: la precaria situación en la que nos encontramos y, en definitiva, la difícil sostenibilidad de los niveles de deuda.
Sin embargo, hay que recordar que la situación económica pre-COVID no ha permitido que España haya actuado como otros países lo han hecho: ayudas directas. El tema no es menor, ya que no hay que olvidar que una crisis de liquidez por hibernación, esto es, por detracción de ingresos que jamás se recuperarán, solo se combate inyectando su equivalente en ayudas no reintegrables y no a través de créditos con aval.
Las razones de no hacerlo son bien conocidas: una deuda superior al PIB fruto, esencialmente, de un déficit estructural de más de una década.
Desde esta perspectiva, el esfuerzo hecho por el Gobierno ha sido el único posible, pero no el que correspondía hacer.
En este contexto, la necesidad de mayores impuestos no es imputable a la Covid-19, sino, y fundamentalmente, a nuestra situación económica previa y que este ha agravado. La raíz del problema es por tanto la “carencia estructural” pre-COVID imputable a la pasividad política frente a la misma. De ahí la dependencia de Europa.
¿Y qué hacer?
Si se trata de una crisis de liquidez agravada por medidas de distanciamiento social y por el miedo asociado a la incertidumbre, es obvio que aumentar los impuestos, esto es, detraer liquidez del sector privado, no es lo más prudente. Esta es la opinión del Banco de España y de Europa.
Por otra parte, pensar que los nuevos impuestos a las empresas no se trasladarán a los precios es desconocer el funcionamiento del mercado. Si este lo permite, aquellos se trasladan siempre a los mismos. No se trata, eso sí, de una repercusión “legal”, sino de su traslación económica vía precio.
Además, hay que tener en cuenta que los impuestos con potencial recaudatorio son el IVA, el IRPF, y los impuestos especiales; circunstancia que, seamos sinceros, perjudica esencialmente a las clases medias y bajas. Tampoco hay que olvidar que nuestra renta per cápita no es para estar orgullosos, que nuestro esfuerzo fiscal es por ejemplo superior al de Alemania, Países Bajos, Finlandia o Austria, y que la cuña fiscal sobre los salarios es tres puntos superior a la media de la OCDE.
Ante tal situación, la única opción es hacer los deberes que están pendientes, esto es, ajustar el gasto preservando y mejorando las partidas que sustentan el Estado del Bienestar; ajuste que exige eliminar lo superfluo y las duplicidades; aplicar políticas de austeridad; eliminar el gasto político; mejorar la eficiencia de las Administraciones; afrontar la reforma de la Función Pública; y abordar la necesaria colaboración público-privada. Es decir, un plan de reforma de la Administración Pública, o, si se prefiere, un plan de buen gobierno, que ha de incluir, también, la responsabilidad por gestión pública no diligente.
Pero hay más. Según el Plan Estratégico de la AEAT, las deudas tributarias suspendidas por recursos de los contribuyentes ascienden, en 2018, a 12.763 millones. Por su parte, los recursos de casación en materia tributaria pendientes de resolver por el Tribunal Supremo, y que representan casi un 40 % del total, significan también una cifra importante. Es pues necesario un plan de mediación y arbitraje que reduzca tales importes en beneficio de todos.
Más. La cifra que se deja de recaudar cada año por beneficios fiscales asciende a 34.825 millones (2018), circunstancia que explica una de las razones de nuestra presión fiscal inferior a la media europea: la baja recaudación que aquellos produce. Es pues necesario eliminar los que no sean eficaces, aspecto que la AIReF está analizando.
Tampoco hay que olvidar la lucha contra el fraude fiscal, esto es, contra lo oculto a los ojos del fisco, y no fruto de interpretaciones que soslayan la confianza y la seguridad jurídica.
Pero, además, es imprescindible un plan de reactivación económica, reindustrialización, y creación de empleo que aumente el nivel de vida de los ciudadanos, ensanche la menguada clase media, y reduzca la pobreza.
No aumentar ahora los impuestos no significa renunciar a un aumento posterior de los mismos, pero este ha de venir de la mano de la mayor riqueza que se cree y no de reducir la ya existente; aumento que se ha de completar con impuestos que disuadan la riqueza no productiva, esto es, que promuevan su incorporación al mercado cumpliendo así la función social que a la propiedad le corresponde. En este sentido, hay que valorar un impuesto sobre activos no productivos.
Y todo en el marco de una reforma integral del sistema tributario y de políticas pre distributivas; reforma que ha de contemplar, entre otras, la fiscalidad verde, la cofinanciación de los servicios públicos, la tributación de la riqueza inmobiliaria, la capitalización de las empresas, una simplificación del Impuesto sobre Sociedades mediante un gravamen opcional forfetario u objetivo, el replanteamiento selectivo de los tipos del IVA, una reforma del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, una apuesta por la fiscalidad social, una ley de mecenazgo asociada a la responsabilidad social, una fiscalidad participativa, reforzar y garantizar la seguridad jurídica, reducir la cuña fiscal, fijar objetivos vinculados a la reducción del fiscal gap, y una revisión parcial de los beneficios fiscales de la empresa familiar; reforma, eso sí, que hay que acompasar con el crecimiento económico.
Este creo es el camino.
Si se trata de una crisis de liquidez agravada por el miedo asociado a la incertidumbre, es obvio que aumentar los impuestos, esto es, detraer liquidez del sector privado, no es lo más prudente Share on X
