A pesar del enfado protagonizado por los Estados Unidos, a partir de este sábado pasado en España entran en vigor las polémicas tasas “Google” y “Tobin” con las que el gobierno pretende recaudar cerca de 1.800 millones de euros. En línea de otros países de la Unión Europea, en España se aplica un gravamen sobre determinados valores digitales, pero no será permanente ya que se trata de una medida impositiva provisional hasta que se llegue a un acuerdo a nivel mundial o europeo (a través del G-20 o la OCDE). Lo mismo sucede con la tasa “Tobin”, que afecta a las transacciones financieras y que también se considera “temporal” hasta que se produzca un acuerdo internacional en el seno del G-20.
La fecha de entrada en vigor es del sábado 16 de enero, pero su aplicación real no se producirá hasta más adelante. Los reglamentos de los dos nuevos impuestos deberán aprobarse en breve en el Ministerio de Hacienda, y el retraso en su liquidación se producirá a una necesidad de ampliar el plazo de implantación y también para facilitar el cumplimiento de las nuevas figuras fiscales por parte de los contribuyentes.
La tributación en la ‘tasa Google’ llega pese a la ausencia de una propuesta a nivel internacional y ha sido criticada por muchos países. Este nuevo impuesto del 3% sobre los servicios digitales y afectará a todas las empresas que acrediten unos con ingresos anuales totales 750 millones de euros (como mínimo) y con unos ingresos en España que sean superiores a los 3 millones de euros. Afectará a los negocios de publicidad online, servicios de intermediación online y la venta de datos obtenidos a partir de información proporcionada por el usuario durante su actividad, así como a la venta de metadatos.
En el caso de ‘Tobin’, se establece la figura impositiva que gravará con un 0,2% todas las operaciones de adquisición de acciones que se emitan en España por empresas cotizadas cuyo valor en bolsa sea superior a los 1.000 millones de euros. La medida no afectará ni a las acciones de las pymes ni a las empresas que no coticen en el parquet. La recaudación prevista por el Gobierno se cifra en los 850 millones de euros.
La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por su sigla en inglés) concluyó que los impuestos a los servicios digitales aprobados en España, Austria y Reino Unido son discriminatorios para las empresas estadounidenses e incompatibles con los principios de tributación internacional por lo que, a pesar de no adoptar ninguna acción específica en este momento, continuará evaluando todas las opciones disponibles.
Estos informes son el resultado de las investigaciones que el organismo estadounidense inició en junio del año pasado, pocos días antes de que se verificara un encontronazo entre la Administración de Donald Trump y la UE sobre la tasa Google y la Tobin. Entonces, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, envió una carta a los ministros de Finanzas del Reino Unido, Francia, Italia y España —países que ya habían aprobado un impuesto digital o lo estaban tramitando—, avisando de que EE UU se descolgaba de las negociaciones de la OCDE para diseñar una tasa global y que tomaría represalias contra los países que establecieran sus propios tributos de forma unilateral.
Bruselas no tardó en reaccionar. Dejó claro que seguiría adelante con el diseño de una tasa Google comunitaria si la OCDE no alcanzaba un acuerdo global a finales de 2020. Algo que, de hecho, no ha ocurrido, y que añade incertidumbre sobre el futuro.
La fecha de entrada en vigor es del sábado 16 de enero, pero su aplicación real no se producirá hasta más adelante. Los reglamentos de los dos nuevos impuestos deberán aprobarse en breve en el Ministerio de Hacienda Share on X
