Todo empezó con un informe elaborado por el propio Pentágono, que concluía que el hecho de que la agencia incorporara entre sus filas a personas transexuales “pone en riesgo la letalidad y eficacia militar”.
En ese sentido, fue entonces el Gobierno estadounidense quien llevó esa decisión al Supremo debido a que el bloqueo judicial por parte de algunos jueces estaba bloqueando la aplicación de la norma.
Para desencallar esa situación, la Administración Trump, al presentar el recurso en noviembre pasado ha conseguido decantar la balanza en favor de la decisión del Pentágono.
“La decisión del Tribunal Supremo (5-4) concede la solicitud de la Administración Trump para permitir que el veto del servicio militar de las personas transgénero entre en efecto, mientras que las apelaciones se escuchan en tribunales inferiores”, ha afirmado el Supremo en un comunicado sobre el episodio.
Una mayoría facilitada por Kavanaugh
El Tribunal mantiene en la actualidad una composición de mayoría conservadora después de la reciente incorporación del juez Brett Kavanaugh a finales del 2018. Es gracias a esa mayoría que se ha podido sacar esta resolución positiva a los intereses del Pentágono por encima de grupos de presión del homosexualismo político.
Kavanaugh fue duramente criticado y su figura sufrió profundos intentos de descalificación, incluso con falsas denuncias por abuso sexual, cuando fue propuesto para el cargo.
A partir de este momento, el gobierno estadounidense podrá finalmente desarrollar esta medida decidida por el propio organismo de defensa basándose en autoinformes.
Ya en 2017, el presidente de los Estados Unidos, anunció su intención de prohibir a todas las personas transgénero trabajar en el Ejército.
En marzo de 2018 Defensa presentó una normativa que establecía que las personas con “un historial de disforia de género (…) quedan descalificadas del servicio militar excepto bajo circunstancias limitadas”, aunque mantenía la operatividad a las personas que, ya como miembros de las Fuerzas Armadas, se hubieran sometido a una operación de cambio de sexo.
Esta norma también estuvo bloqueada por algunas Cortes judiciales y el lobby homosexual la criticó duramente llevándola a un juicio mediático.
