El reciente fallo del Tribunal Constitucional ha respaldado este martes la reforma aprobada en 2023, la cual, permite a las menores de 16 y 17 años abortar sin consentimiento de los padres.
Un despropósito jurídico y moral
Esta decisión, adoptada por una estrecha mayoría de siete votos contra cuatro, avalaría la modificación de la Ley Montero. Se trata de un despropósito jurídico y moral, pues concede licencia para matar a menores adolescentes. Además, desmiembra perversamente a estas chicas de sus familias, dejándolas abandonadas en el dolor y sufrimiento ante una decisión crucial en sus vidas.
El hecho de permitir que las menores tomen la decisión de abortar sin el apoyo y la guía de sus padres es un acto de irresponsabilidad monstruoso y malvado.
El Tribunal Constitucional, al blindar esta ley, ha desoído las voces de sensatez y prudencia que advertían sobre los peligros de tal medida.
Una mayoría preocupada por una agenda ideológica
Cabe señalar, que los magistrados César Tolosa, Concepción Espejel, Enrique Arnaldo y Ricardo Enríquez, en su pronunciamiento discrepante, han mostrado un entendimiento profundo de las consecuencias nefastas que esta norma tendrá sobre las jóvenes y sobre la sociedad en general.
Sus argumentos, lamentablemente, han sido ignorados por una mayoría que parece más interesada en imponer una agenda ideológica, que en proteger la vida de las mujeres y la dignidad del ser humano.
La sentencia de la magistrada Laura Borrás, aún siendo mujer, refuerza sin miramientos un enfoque doctrinal que ignora la realidad del aborto.
Denigra hasta la muerte la vida humana y perpetra el mayor acto de violencia que se puede cometer contra hacia la esencia femenina, arrancar de su vientre una vida. Atenta contra una menor, su hijo, su familia y su círculo más cercano.
Consecuencias importantes
La mayoría izquierdista del tribunal ha prevalecido nuevamente, desestimando el recurso presentado por más de 50 diputados de Vox contra la Ley 1/2023 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, aprobada en el parlamento en febrero de ese mismo año y que modificaba la ley de 2010. Ha desoído deliberadamente a quienes, con justificación, alertaban sobre los peligros de esta normativa.
La norma contiene dos importantes cambios que han sido respaldados por el Tribunal Constitucional: primero, permitir que las menores de 16 y 17 años puedan abortar sin la necesidad de informar previamente a sus padres o tutores. El requisito del consentimiento se había establecido en 2015 bajo el Gobierno de Mariano Rajoy; segundo, eliminar el paso previo de informar médicamente a la mujer sobre las consecuencias físicas y psicológicas del aborto y de darle tres días de reflexión antes de tomar la decisión final.
A partir de ahora, estas jóvenes, a menudo inmaduras y adolescentes, se enfrentarán solas a una de las decisiones más difíciles y dolorosas de su vida.
La falta de apoyo familiar en un momento tan crucial amplificará todavía más el trauma emocional inherente al aborto.
¿Cómo puede una sociedad sana animar a sus jóvenes, en una situación vulnerable, a que cometan un asesinato a escondidas de quienes más las quieren?
¿Dónde esta la ayuda?
Las menores a partir de ahora serán empujadas a tomar decisiones precipitadas y ocultas, negándose a sí mismas la oportunidad de buscar ayuda y orientación.
A estas menores, se les priva del derecho a una red de apoyo en un momento de miedo, confusión y vulnerabilidad extrema. La sentencia de la magistrada Laura Borrás es una vergonzosa abdicación de responsabilidad moral y una perpetuación de destrucción humana.
La herida del aborto es profunda, muy dolorosa y perdurable. No se trata solo de una cuestión de salud física, sino de una devastadora destrucción emocional que puede acompañar a la mujer durante toda su vida.
Las jóvenes que se sometan a un aborto a escondidas sufrirán en silencio, llevando un luto que marcará su vida. Cada aborto tiene al menos dos víctimas: la vida que se pierde y la vida traspasada por el dolor de la madre. Esta es una herida demasiado grande como para abrirla frívolamente, sin considerar las consecuencias a largo plazo.
¿Cómo sanaremos como sociedad a estas madres jóvenes? La decisión del Tribunal Constitucional ha sentado un peligroso precedente, consolidando un marco legal que abandona a las menores en sus momentos de mayor necesidad y apuesta por la muerte física y emocional, de al menos dos personas.
1 Comentario. Dejar nuevo
En la mayoría de Comunidades de España se requiere consentimiento parental para que los menores de 18 años puedan tatuarse ¿Alguien ha llevado esta restricción al TC para que dirima si es constitucional o no? Porque si es constitucional que una menor de 16 años aborte sin consentimiento parental, debería ser inconstitucional que lo necesite para un tatuaje. Ambas leyes son incompatibles.
Sin embargo, esta discordancia entre dos leyes, precisamente porque va contra la lógica más elemental, trasluce que la intención del legislador al suprimir el permiso parental para abortar es minimizar todavía más este acto, puesto que lo considera más inocuo que un tatuaje. De esta forma, gracias a la ley, abortar se convierte en una banalidad. Por supuesto que se trata de la banalidad del mal de que trata Hannah Arendt en su ensayo “Eichmann en Jerusalén”, solo que para el legislador, abortar es un bien, lo que, para disimular el mal, se ha dado en llamar un derecho reproductivo que conlleva poder interrumpir el embarazo a voluntad. Y es que en esas estamos, en ir pergeñando leyes para ningunear todavía más a la persona abortada, inculcando en la sociedad la ficción de que el aborto no merece la menor atención, porque es un derecho de la mujer y allá se las apañe, que nadie la obliga.
De todas formas, me temo que, en general, una adolescente de 16 años que decida abortar lo tendrá más fácil, en cuanto a consentimiento parental, que si decide seguir con el embarazo y dar a luz a su hijo. Dicho a las claras: lo más corriente es que a una adolescente embarazada sus padres le aconsejen que aborte e incluso que la presionen moralmente para que lo haga, como si fuese su deber. Escandalizarse porque una menor pueda abortar sin autorización parental quizás sea superfluo, porque en la mayoría de casos no solo tendría su aquiescencia sino que la coaccionarían para hacerlo. Pienso que el problema más grave está en cómo se garantiza el derecho de esta adolescente de 16 años, no solo a no abortar, sino a que se proteja, respete y acompañe su decisión de asumir la maternidad, no solo por parte del entorno familiar, sino de toda la sociedad, incluido el sistema sanitario y el educativo.