Mientras que el estado australiano de Tasmania está debatiendo un proyecto de ley que legalizaría el suicidio asistido, el estado de Victoria informó de un número de muertes por suicidio asistido y eutanasia más de diez veces superior al previsto en su primer año desde su legalización.
El organismo encargado de supervisar las «muertes asistidas»de Victoria ha informado que se han producido 124 muertes por suicidio asistido y eutanasia desde el 19 de junio de 2019, fecha en que entró en vigor su legalización del precedente. En lo que llevamos de 2020 la cifra asciende ya a 231.
Según el informe, 104 de las personas que murieron en virtud de la Ley de muerte voluntaria asistida de 2017 cometieron suicidio asistido, mientras que 20 personas fueron sometidas a eutanasia por un médico.
Estos números hacen saltar por los aires la predicción del primer ministro del estado, Daniel Andrew, quien reiteradamente habló de que esperaba «una docena de muertes en los primeros 12 meses».
La Ministra de Salud de Victoria, Jenny Mikakos, del Partido Laborista Australiano, también señaló que esperaba que el número de personas que optaran por el suicidio asistido o la eutanasia fuera bajo inicialmente y que aumentara en años posteriores: «Esperamos que una vez que el programa haya sido implementado durante algún tiempo tendremos entre 100 y 150 pacientes acogidos a este programa al año«, declaró Mikakos poco antes de que la ley entrara en vigor.
«En el primer año esperamos que el número sea bastante modesto, tal vez una docena de personas«, añadió.
Los solicitantes que se han acogido a la Ley de muerte asistida voluntaria de 2017 tenían edades comprendidas entre los 32 y los 100 años, con un promedio de 71 años de edad. De esos solicitantes, el 45% eran mujeres, el 55% hombres. Los residentes de zonas metropolitanas constituían el 62% de los solicitantes, mientras que el 38% eran de zonas rurales. La mayoría de los solicitantes, el 78%, tenía un diagnóstico de cáncer, mientras que el 15% de los solicitantes tenía enfermedades neurodegenerativas y el 7% otras enfermedades.
La directora de HOPE, Branka van der Linden, calificó de «alarmante» el número de muertes y la tasa en que se están produciendo.
«La mitad de los que solicitaron fármacos letales hicieron su última petición de eutanasia menos de tres semanas después de haberla solicitado por primera vez«, ha explicado van der Linden. «No es mucho tiempo para reflexionar, para que se ofrezcan y exploren opciones alternativas, o para que se proporcione el apoyo necesario«. El arzobispo Peter Comensoli de Melbourne ha declarado al respecto que el número de suicidios era «desgarrador», y que la actitud hacia la muerte contradice las extremas medidas de precaución que se están aplicando para la pandemia de coronavirus.
«Todo el estado está haciendo sacrificios para proteger a la gente de COVID-19 mientras que por otro lado los hospitales públicos están alentando el suicidio asistido«, dijo Comensoli. «La contradicción es desconcertante para muchos médicos».
